FGR imputa a Francisco Garduño por ejercicio indebido de funciones

¿Qué pasó?

• La Fiscalía General de la República (FGR) señaló a Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), como el responsable de mayor rango de la muerte de 40 personas migrantes en un centro de detención en Ciudad Juárez.

• Esta mañana se llevó a cabo la imputación de la causa penal 237/23 en la que Garduño fue acusado de ejercicio ilícito de servicio público.

¿Por qué importa?

• La tragedia de Ciudad Juárez ha exhibido una estela de negligencias y cadenas de potencial corrupción en el despliegue de la política migratoria: contratación de servicios de seguridad privada sin experiencia, extorsión de agentes del Estado a personas migrantes, detenciones arbitrarias y un subejercicio del gasto público que ha derivado en condiciones inhumanas de hacinamiento para las personas en estado de tránsito.

• Garduño, un antiguo oficial de seguridad pública que estuvo a cargo de la administración de prisiones federales, ha insistido que no renunciará a su posición como titular del INM.

• Mientras tanto, el gobierno federal prepara una reestructura del aparato migratorio, según dijo el Padre Alejandro Solalinde al periódico El País. El INM y la Comisión de Ayuda a Refugiados en México serían desaparecidos para dar lugar a la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios, una entidad en la que Solalinde tendría injerencia informal.

• La imputación contra Garduño se ha interpretado como una señal de voluntad política de la administración de Andrés Manuel López Obrador para marcar un punto de inflexión en la política migratoria.

• Sin embargo, aún no está claro si México renegociará su papel de contención del flujo migratorio con Estados Unidos. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se comprometió con el gobierno de Donald Trump a utilizar a fuerzas de seguridad para disuadir la migración. Este acuerdo ha sido ratificado con el gobierno mexicano por la administración de Joe Biden.

• Garduño fue nombrado comisionado del INM después de que se signó la negociación original entre Ebrard y la administración Trump.

El contexto:

Las 40 personas migrantes que murieron en un centro de detención de Ciudad Juárez a raíz del incendio del 27 de marzo son víctimas de una grave negligencia: los custodios, contratados en un esquema irregular con una empresa privada, dejaron encerrados a los detenidos. Los arrestos se habían realizado de manera arbitraria y sin justificación legal.

Los detalles:

• El argumento de la fiscalía contra la gestión de Garduño es que el funcionario incurrió “en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes”.

• En la audiencia de imputación, la FGR insistió en que el INM fue omiso en no brindar las condiciones mínimas necesarias para la operación del centro de detención, una facilidad que ponía a miles de personas bajo la custodia del Estado mexicano.

• El Código Penal Federal establece que el delito de ejercicio indebido de funciones se sanciona con uno a siete años de prisión.

• El gobierno mexicano identifica a nueve presuntos responsables: tres funcionarios, cinco vigilantes contratados por la empresa privada y una persona que se encontraba detenida arbitrariamente en el centro del INM.

• El contraalmirante Salvador González Guerrero, delegado del INM en Chihuahua, ha sido detenido.