Factureros en la mira

Vender facturas falsas para evadir impuestos se volvió desde hace muchos años en México un deporte nacional.

Y la laxitud para combatir ese desfalco, que le cuesta al Erario un estimado de 700 mil millones de pesos al año, hizo de los factureros toda una ilícita y muy lucrativa profesión.

Las mafias que hicieron de la facturación en falso el gran negocio, solo pueden ser comparables a las mafias que desde el interior de Pemex crearon una industria paralela de robo de combustibles.

Sin temor a equivocarnos, el daño que los factureros le infringen hoy a las arcas nacionales es mucho mayor que el que nos escandalizó con el ilícito del huachicol.

El 26 de octubre del 2018 advertíamos aquí que después de la lucha que vendría contra el robo de combustibles, la siguiente guerra sería en contra unas 8 mil empresas fantasmas creadas ex profeso para facturar en falso.

A la sombra de esas facturas, expedidas muchas de ellas con la complacencia y la complicidad de las autoridades fiscales, floreció toda una nueva casta de multimillonarios. Los que las vendían y los que las compraban.

Son personajes dedicados a crear y desaparecer empresas fantasma que facturan lo que jamás se vendió, a cambio de recibir entre el 6 y el 12 por ciento de lo facturado.

Y con tanto dinero negro en el mercado, del crimen organizado como el de la droga, y el desorganizado de quienes ordeñan a gobiernos y empresas, la industria facturera floreció como nunca antes.

Por eso, el martes, cuando el pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 417 votos a favor las reformas al Código Fiscal de la Federación se dio inicio a la temporada de caza… de factureros.

Con la adición del artículo 113 Bis habrá penas de tres hasta seis años de prisión para quienes vendan o compren comprobantes fiscales falsos.

Se había tardado nuestra clase gobernante en convertir este ilegal deporte fiscal en un asunto penal. Sin duda, porque ésta era engrane de la trama.

Y se popularizó tanto, que podían identificarse no solo empresas fachada que hacían su agosto, sino sitios abiertamente públicos en los que era vox populi que podía comprarse la factura con la que se evadiera el pago de impuestos.

Por eso, cuando la nueva legislación se aplique, que no haya sorpresas sobre las profesiones o la clase social de quienes trafican masivamente con facturas.

Veremos desde políticos y juniors sin oficio ni beneficio, hasta comerciantes y algunos grandes empresarios, a quienes en sus comunidades o en los clubes sociales se les identificaba o incluso se presumían sin recato como vendedores o compradores de facturas.

Se multiplicaron como plaga, como los vendedores de droga. Todos saben quién la vende, dónde comprarla, cuánto pagar por ella. Todos, menos la autoridad responsable de perseguirlos.

Y si alguien todavía hoy es sorprendido ante la obviedad del ilícito, como aquello no es un delito grave que amerite cárcel hasta que se promulgue la ley, con un modesto pago o soborno, lavaban su culpa.

Una enorme y compleja tarea por venir enfrentará Margarita Ríos Farjat, la titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT),  quien tendrá el mérito de estrenar la primera temporada de caza de factureros.

Ya veremos que tan pronto sean exhibidos tras las rejas los primeros delincuentes, se elevará la recaudación fiscal para beneficio del gobierno de la Cuarta Transformación.

Y será todavía mayor el castigo ejemplar cuando se den a conocer los primeros nombres de aquellos de quienes ya se sospechaba que vivían en la opulencia, saqueando al Erario nacional.

Ojalá que no pase lo que con el huachicol, que hasta ahora nos quedamos con las ganas de ver a los peces grandes tras las rejas.