Factureros

El presidente Andrés Manuel López Obrador lo anunció ya en su conferencia mañanera de ayer: ¡Vamos por los factureros!

Su advertencia tiene como plazo la próxima semana en la que adelantó que abrirá la Caja de Pandora de ese gran negocio que después del trafico del drogas y el contrabando es el delito mas productivo en México.
“La semana que entra voy a dar a conocer un fraude de 48 mil millones de pesos que cometieron factureros en el sexenio pasado. Un paquete nada mas”, dijo el presidente López Obrador.

El inquilino de Palacio Nacional dijo que esos fraudes con facturas falsas eran cometidos no solo por despachos fiscales o contribuyentes, sino por políticos de los sexenios pasados.

Aquí no hay defensa que valga. El presidente López Obrador está abriendo uno de los expedientes mas evidentes y vergonzosos de la corrupción en México.

Evidente, porque lo que antes era un acto ilegal discreto y ocasional se transformó en un modus operandi cotidiano que entró dentro de la “normalidad” para empresas y personas físicas.

Vergonzoso, porque con la complicidad abierta de autoridades hacendarias –sobre todo del SAT- nació toda una industria que podría incluirse entre las mas lucrativas y de mayor crecimiento y rentabilidad.

En solo dos sexenios, el facturerismo pasó de ser una estratagema fiscal por excepción a ser un deporte nacional que hizo ricos a contribuyentes y despachos fiscales corruptos.

Un estudio del SAT elaborado en los primeros doce meses del gobierno de la Cuarta Transformación detectó por lo menos unas 8 mil 204 empresas que fabricaban facturas.

Con esos documentos apócrifos se habría consumado en solo cuatro años una evasión fiscal superior a 1.6 billones de pesos, que significaría el 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto de México.

De acuerdo a ese análisis, se habrían detectado unas 8.8 millones de facturas falsas, lo que significaría que en promedio cada despacho facturero habría emitido mil facturas por año.

Al amparo de esos millones de facturas falsas creció una nueva elite de juniors, traficantes de favores, que imprimían facturas falsas al por mayor, que ya colocaban de manera regular entre personas físicas y morales.

Por eso una de las primeras acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador fue la de proponer una iniciativa para convertir en delito grave la expedición de facturas falsas.

Cuando sometió el tema, el mandatario puso como ejemplo las facturas falsas expedidas a favor del Estado Mayor Presidencial para pagar servicios durante las giras del entonces presidente Enrique Peña Nieto.

En una sola de esas giras, las facturas de gastos superaron el millón de pesos, que incluían la compra por 47 mil 258 pesos de mil rastrillos para rasurar, de 41 mil 225 pesos de pastas y cepillos dentales y de 157 mil 852 pesos por 486 aguas de tocador para dama de la marca Carolina Herrera.

Por eso se aceleraron las reformas para castigar el facturerismo. Y en octubre del año pasado el pleno de la Cámara de Diputados ya había aprobado con 318 votos a favor, 121 en contra y tres abstenciones el dictamen para endurecer los castigos a la defraudación fiscal, para ser tipificados como “delincuencia organizada”.

El epicentro de la iniciativa incluye cárcel de dos a nueve años a toda persona que expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales, que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Por eso es relevante el anuncio presidencial de ayer en La Mañanera. Porque con la entrega de un enorme listado de personajes y empresas , públicos y privados, se presagia el fin de una práctica corrupta que gestó toda una nueva generación de saqueadores del Erario nacional.

Será la exhibición de quienes en los últimos años pasaron a ser inmensamente ricos lucrando con el “huachicoleo” fiscal.