Expediente Collado

El hombre que está sentado entre Julio Iglesias y Enrique Peña Nieto es el abogado personal del ex presidente de México. Se trata de un personaje fundamental para entender la ruta del dinero negro de la clase política mexicana.

El hecho de que Juan Collado, el abogado personal del ex presidente Enrique Peña Nieto esté negociando un criterio de oportunidad con la Fiscalía General de la República indica que la oficina de Alejandro Gertz Manero podría asegurar la cooperación de un testigo estrella de igual o mayor relevancia que el ex director de Pemex, Emilio Lozoya.

Ya sea para avanzar las investigaciones de la hasta ahora fallida cruzada anticorrupción del presidente Andrés Manuel López Obrador o para resolver las vendettas políticas personales del fiscal general.

El 17 de diciembre del 2021, el periódico la Jornada publicó una escueta nota titulada “hermana y cuñado de Juan Collado lavaron 50 millones en Andorra”. El sumario destacó dos viñetas: “La FGR los investiga por delincuencia organizada” y “usaron empresas del Cártel de Sinaloa”.

La pieza incluyó fotografías de los documentos de la carpeta de investigación de la fiscalía. La información fue filtrada, presumiblemente, para enviar un mensaje político.

La Fiscalía General de la República está en riesgo de repetir el fiasco de la operación Lozoya si no llega a un acuerdo con Juan Collado para firmar un criterio de oportunidad.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha visto en la necesidad de aclarar al menos en tres ocasiones que el fiscal General Alejandro Gertz Manero está seguro en su puesto y que los rumores sobre su salida son especulaciones políticas.

Juan Collado se ha vuelto una pieza clave para la supervivencia del fiscal. Para entender su caso es necesario dimensionar la magnitud del personaje, la operación que involucra a su familia, el script que ha seguido el fiscal Gertz Manero y el contexto político de la negociación por el criterio de oportunidad.

Collado no sólo fue el abogado personal de Enrique Peña Nieto.

Collado fue presidente del consejo de administración Libertad Caja Servicios Financieros, una entidad señalada por las autoridades mexicanas como el sistema nervioso central de un entramado de presunto lavado de dinero con fuertes conexiones a la élite política.

Collado transfirió 120 millones de dólares a la Banca Privada de Andorra, una institución que fue intervenida a petición del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por actividades de blanqueo de capitales.

Collado fue señalado en los documentos de la Banca Privada de Andorra como un “cliente VIP” y utilizó al mismo banquero, Juan Pablo Laplana, que atendió a los ex funcionarios chavistas que lavaron dinero de Petróleos de Venezuela.

Collado cobró 90 millones de dólares en la Banca Privada de Andorra provenientes de casas de cambio y sociedades financieras que de acuerdo a la hipótesis de las  autoridades andorranas, fueron utilizadas para blanquear capitales.

Collado fue el representante legal o el operador político de prominentes figuras como Carlos Romero Deschamps, Raúl Salinas de Gortari y Alfredo del Mazo.

Collado fue el representante legal o el operador político de prominentes figuras como Carlos Romero Deschamps, Raúl Salinas de Gortari y Alfredo del Mazo.

Ésta es la magnitud del personaje que fue detenido en junio de 2019 en el restaurante Morton’s de la Ciudad de México. El juez de control dictó prisión preventiva justificada.

Ahora, la oficina de Alejandro Gertz Manero está intentado, por todos los medios posibles, convertirlo en el nuevo testigo estrella de la 4T.

De acuerdo a la Fiscalía General de la República, Lucía Collado Mocelo y Mario Andrade simularon operaciones para transferir 50 mil millones de pesos de recursos de procedencia ilícita a una cuenta en la Banca Privada de Andorra a través de empresas fantasma en México, Hong Kong y Holanda que habrían sido utilizadas por el Cártel de Sinaloa y por el propio Juan Collado.

Esta información no se desprendió de una investigación original de la FGR. El entramado fue publicado el 8 de julio de 2021 por el diario El País en un reportaje basado en documentos de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra.

Ese mismo día, la FGR abrió una carpeta de investigación en México. Sin embargo, esto no se hizo de conocimiento público hasta que los documentos fueron filtrados al periódico La Jornada esta semana.

En la nota, no se hace referencia a que la fiscalía mexicana haya recabado alguna prueba sustancial adicional a lo que ya había publicado el diario El País.

Esto pone bajo escrutinio el por qué se decidió filtrar la carpeta de investigación precisamente en este momento, en medio de la negociación con Juan Collado para asegurar un criterio de oportunidad.

El fiscal General Alejandro Gertz Manero está utilizando el mismo script con el que pretendió convertir a Emilio Lozoya en el protagonista de un proceso judicial en contra de la clase política y empresarial mexicana del régimen de Enrique Peña Nieto.

Al igual que en el tramo final del caso Lozoya, Juan Collado negoció su criterio de oportunidad estando bajo prisión preventiva justificada.

Al igual que en el caso Lozoya, la fiscalía filtró investigaciones potenciales en contra de familiares del acusado.

Al igual que en el caso Lozoya, la fiscalía también ejerció presión en contra de los abogados defensores, de acuerdo a personas cercanas al asunto.

Y al igual que en el caso Lozoya, la fiscalía ofreció un acuerdo de criterio de oportunidad a cambio de pruebas y testimonios que relacionen judicialmente a actores políticos de alto perfil.

La diferencia esencial es que el caso Lozoya se construyó como un mecanismo de rompimiento con el régimen anterior, y el caso Collado podría ser utilizado como una herramienta para una vendetta política personal de Alejandro Gertz Manero.

El 10 de diciembre de 2021, el periodista Darío Celis publicó en su columna del diario El Financiero que Juan Collado estaría cerca de ser liberado como parte de un pacto con el fiscal Alejandro Gertz Manero para golpear al ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, quien habría sido representante legal de Collado en un asunto privado previo a su incorporación al gobierno.

Esto se inscribe en el contexto de una guerra subterránea del fiscal General con quienes eran los dos principales operadores judiciales del gobierno de López Obrador: el propio Scherer, que dejó el gobierno en septiembre de este año, y Santiago Nieto, quien renunció a la Unidad de Inteligencia Financiera en noviembre de 2021.

El conflicto ha estado marcado por acusaciones cruzadas en los medios, filtraciones de propiedades privadas y el desconocimiento oficial de acuerdos diseñados por estos operadores, como lo fue la resolución original del caso de Alonso Ancira y Altos Hornos de México.

El caso más reciente fue la publicación de los departamentos no declarados de Alejandro Gertz Manero en la Quinta Avenida de Nueva York y en Santa Mónica, California.

El fiscal, acosado por la falta de resultados y por los crecientes conflictos de interés de su gestión, necesita una solución urgente para ratificar su posición en la 4T.

La respuesta podría ser Juan Collado, el abogado personal de Enrique Peña Nieto, que conoce la ruta del dinero negro de la clase política mexicana. ‘Just follow the money’.