Un fiscal con un plan

A continuación se reproduce de manera íntegra la conversación que sostuvo Código Magenta con el subprocurador anticorrupción de Nuevo León, Ernesto Canales, durante más de una hora:

-¿Por qué Ernesto Canales sintió la necesidad de hablar? ¿Qué fue lo que no se dijo y lo que no se supo de su papel como fiscal anticorrupción?

-Cómo podía no escribir este libro, salió a borbotones. Necesitaba un cauce para la frustración. Sobretodo, con un propósito de que contribuyese a corregir las fallas del sistema. Por eso digo, no me imagino por qué no hubiera podido escribir este libro. Era una obligación ante lo que me tocó vivir.

El libro es un testimonio, no es un libro técnico, tampoco es un libro de ficción o de literatura; son las vivencias que tuve al desarrollar mi trabajo. Sentí la necesidad de compartirlas porque están tan alejadas de la realidad que yo mismo percibía estando más o menos en el ambiente relativo a la impartición de justicia penal a través de RENACE y de los juicios orales.  

Pienso que mientras la ciudadanía no se compenetre de la verdadera realidad del país en un tema como la corrupción, no podemos pensar que vamos a mejorar. No se trata de hacer una apología de lo importante que es combatir la corrupción. Ya muchos académicos lo han hecho de forma documentada y brillante. Yo trataba de hacer algo más propio, que no estuviese accesible a los ciudadanos de a pie. Por eso, me dediqué a escribir sobre lo que sucedía día a día.

-¿Qué fue lo que más le sorprendió?

-La dificultad de llevar a la realidad los deseos de los ciudadanos de combatir la corrupción. No está relacionada esa necesidad pública que siente el país de que están hartos de la corrupción con la posibilidad de llevarlos a un régimen de castigo con base a las leyes. Ése es el tema.

Estamos muy lejos de contar con un sistema anticorrupción. Más vale enfrentar esa realidad que vivir con la idea de que en algún momento va a funcionar.

-¿Cuál es el obstáculo más fuerte que encontró?

-Qué es un sistema. Lo más fuerte es que no es una cuestión aislada. Sin embargo, permea en una cantidad de campos distintos es lo que quiero resaltar. Llevar a la realidad el deseo de combatir la corrupción con ese sistema cerrado que no permite combatirla, es mejor enfrentarlo y saberlo.

-Se ha vuelto un cliché decir que hay que cambiar el sistema. ¿Por dónde empezar?

-Aquí utilicé la enseñanza de RENACE. Ahí nos encontramos  con una situación similar en el sentido de que no castigaba a los culpables, y que por otro lado sí era un vehículo para la liberación de los mismos.

Las grandes declaraciones, las buenas intenciones de “hay que cambiar al sistema” no llegan a ningún lado.  Se termina el café, nos vamos a la casa y cambiamos el tema. Lo que hicimos en RENACE fue meternos a trabajar en el sistema. Tomamos los casos de reos que considerábamos que estaban sufriendo una injusticia y lo litigamos.  Así nos permitió conocer de vivencia propia cómo funcionaba el sistema y detectar cuáles eran las fallas y por qué se daban esas fallas. Eso nos llevó tomar conciencia de que las leyes penales estaban estructuradas de una forma tal que permitía que se dieran esas fallas. De ahí, a dar el brinco de que, con la experiencia práctica de una multitud de casos concretos en donde podíamos detectar ese tipo de fallas de una manera continuada, proponer soluciones de cómo cerrarlas.

Éste es el propósito de este libro: conocer en detalle cómo funciona cuándo hay la voluntad política y profesional de meter a los corruptos a la cárcel.

-¿Cómo nos arreglamos? ¿Por qué ese título?

-Porque refleja las dos caras de la moneda. Por una parte, la mordida: ¿cómo nos arreglamos? Pero por otra parte, como país, ¡cómo nos arreglamos!

Está el problema de que te piden arreglarte. Y concreto, llevado a nivel nacional de que el país necesita arreglarse para corregir estas situaciones.

No es un libro complicado, no pretende hacer las cosas más grandes de lo que son. Al contrario, probablemente lo que más me costó fue poner en la manera más entendible cosas que pueden hacerse muy complicadas. Porque mi propósito es que pueda ser entendible por toda la sociedad, no está dirigido a un grupo de élite.

Yo quisiera que así como Presunto Culpable, la película que nos apoyó en la campaña de modificar el sistema de justicia penal, de juicios escritos a juicios orales, que hizo ver a un número importante de la población cómo operaba un caso concreto en la realidad de un homicidio en la Ciudad de México, que develó las fallas del sistema. Así, este es el propósito de este libro, que un público amplio sepa con una vivencia de primera mano por qué Medina no está en la cárcel.

-¿Cómo es posible que existiendo una fuerte percepción de corrupción en la administración de Rodrigo Medina, el caso del ex gobernador no haya llegado a sentencia de cárcel?

-Eso es lo que tratamos de cambiar. Primero, tratamos de poner en un marco entendible por qué la percepción de la ciudadanía no se puede llevar a cabo, por qué no se puede tener a Medina en la cárcel. Señalando que esa percepción, si no hay reformas, no se va a poder cumplir. Me refiero, en plan nacional, a los grandes desfalcos de Pemex, la Casa Blanca, etc.

-En el marco legal actual, ¿existe posibilidad de llevar a los corruptos frente a la justica?

-Sí hay posibilidad, nosotros logramos cuarenta procesos penales. Medina no está en la cárcel, pero está bajo un proceso penal que lo puede llevar a la cárcel.

-¿Es una posibilidad que Medina termine en la cárcel?

-Claro, por supuesto. No ha sido declarado inocente. Ningún juicio ha llegado a esa etapa, de los llevados contra Medina. El punto es de que, si bien parte del propósito del libro es hacer claras a los ciudadanos las razones por las que no se puede llevar a Medina a la cárcel, también hago mucho énfasis, al igual que en el caso de la justicia penal de RENACE, de trabajar los casos particulares con lo que existe.  No por querer tener un mejor sistema, no vamos a querer utilizar lo que hay. Con lo que hay, con lo que hicimos de cenar de lo que había en el refrigerador, logramos cuarenta procesos penales.

No es un logro menor. Es más un evento histórico en el país en donde más de cuarenta funcionarios públicos actualmente están sujetos a un proceso, a un juicio penal. El juicio se puede ganar o se puede perder, pero ya están sujetos a un proceso.

Este ejemplo en Nuevo León lo siguieron de una manera muy inmediata, por las fechas de cambio de gobernador, Chihuahua y Sinaloa. Hay actualmente otros estados, desde luego Veracruz y Puebla que están haciendo esfuerzos anticorrupción.

-Algunos de estos casos fueron facilitados por el cambio de partido en el poder. De hecho, en este sexenio creció la percepción de que la PGR estaba completamente politizada. ¿Alguna vez pensó Ernesto Canales que  era posible hacer justicia en el caso de Rodrigo Medina? ¿Era una batalla perdida de inicio?

-No es una batalla perdida, es una batalla estúpidamente difícil. A eso me refería de frustración. No porque con las reglas actuales no se pueda procesar a Medina, sino porque debería de ser mucho más fácil.

Son cuatro cambios fundamentales los que señalo que se deben de cometer.

Modificar el amparo. La ley de amparo viene de un sistema distinto al de los juicios orales. Es precisamente todo lo contrario. Es el sistema anterior: escrito, formal, poco contacto de parte del juez con  el caso; todo a través de actuaciones de intermediarios, que se aleja totalmente. Es una justicia que yo le llamó autista, en el sentido de que no escucha, no se comunica y da su decisión.

La ley de amparo se ha convertido en un ícono en México. Esto que digo de modificar la ley de amparo salta chispas en toda la comunidad jurídica del país. Es como si se tocara a la Virgen de Guadalupe. No está permitido.

-Alguna vez dijo Marco Antonio del Toro, un abogado penalista, que de no ser por la ley de amparo él no tendría carrera.

-Claro, por supuesto, porque la ley de amparo permite alejar el caso de la justicia. Normalmente, los grandes abogados penalistas han ganado su dinero a través de defender personas con un alto grado de culpabilidad. Y lo pongo muy fácil: así como en los juicios orales el juez tiene la vivencia personal de las pruebas, en la ley de amparo, el juez tiene la vivencia a través de Marco del Toro. Entonces, no hay el mismo grado de involucramiento.

Esto que se dice, se dice fácil, pero es todo un cambio fundamental en muchas partes del sistema, pero en la mentalidad de los jueces. En el sistema anterior, por ponerlo gráfico, el juez decía “decreto cárcel según el artículo tal” y no cómo deber ser: porque yo juzgador estimo que ese señor es culpable y lo fundo en el artículo tal. Pero, no es la decisión de la ley, es la decisión del caso concreto.

Medina llegó a tener amparos que prohibían que fuera citado a juicio. Se ha convertido la ley de amparo en un instrumento supraestatal, metaestatal.

Claro, tumbamos ese amparo y logramos que sí se sometiera a juicio. Pero, pensar que la facultad sancionadora del Estado, que es lo más importante, que es la facultad más importante que tiene el gobierno contra los ciudadanos, que es la privación de la libertad, pensar que se va a delegar en un juez que no conoce del caso, no tiene principio. No sucede en ningún país.

La otra parte del amparo, igualmente importante, es que el amparo procede contra los actos procesales del juicio oral. Fíjate la contradicción. Un juicio escrito por encima del oral. Mientras no se compaginen estas dos instituciones, vamos a tener, en el mejor de los casos, una justicia muy tarde, sumamente lenta, en contra versión del principio constitucional y del principio natural de que si la justicia no es expedita, rápida no es justicia.  En México, los juicios duran muchísimo. Diez años estuvo Raúl Salinas en la cárcel sin haber sido juzgado. Esos vicios del amparo son los que se deben de corregir. Permitir que el amparo detenga un procedimiento que, por su naturaleza la velocidad le es importante, es absurdo como función de Estado y de país (por falta de la cercanía del juez en el conocimiento de lo hechos). Que se realice y se imparta justicia, inocente o culpable, pero no que se detenga para ver si el poder del abogado estuvo bien dado o mal dado.  No hace sentido.

Cambiando a otro tema, otra de las reformas necesarias es acabar con el secreto bancario en las investigaciones penales. Podíamos detectar en la fiscalía el sobreprecio de un puente, de una carretera que se había licitado en 200, pero que los peritajes decían que valía 100. No estoy exagerando, no el 20 por ciento, el 30 o el 50; el 100 por ciento. Pero no podíamos saber a dónde había ido ese dinero porque las cuentas bancarias son secretas y el sistema establece que para conseguir esa información se requiere pasar por un criterio de un juez, otra vez, que puede ser revocado por amparo, de nuevo, y que está siendo otorgado por un juez que no escucha a las parte.

Sin embargo, se puede conseguir, nosotros lo conseguimos. Por eso, tuvimos cuarenta procesos. Pero, pudimos haber tenido 400. O esos cuarenta con mucho más profundad, o con un cúmulo de pruebas más evidentes.

Existe la expresión en materia penal de seguir el flujo del dinero. El sistema de México no permite a los investigadores oficiales, a los ministeriales, seguir el flujo del dinero.  Es no querer investigar. Es no querer castigar.

Que se enfrente la sociedad, a través de este tipo de libros, de que no se quiere encontrar a los culpables, que se admita, que se diga en las cámaras que México no tiene un sistema eficiente de combate a la corrupción.

Ahorita somos el hazmerreír del mundo en el caso de Odebrecht. Argentina, Perú, Estados Unidos. Fueron señalados también por la justicia en Brasil. En donde admitió la empresa haber dado mordidas, tienen juicios en contra de Odebrecht.

Lo mismo sucedió en México y aquí no existen juicios. ¿Por qué? Porque la PGR, para poder actuar, necesita un procedimiento que tiene que pasar por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la embajada de México, todo el conducto oficial que lo hace lentísimo.

-¿Cuál sería la reforma ahí?

-La reforma es que el agente ministerial pueda ir a Brasil, sacar una prueba del expediente y presentarla como una prueba válida. Actualmente, esta prueba que se saca no es válida en México.

-Eso lo hizo Raúl Cervantes, el ex Procurador General de la República. Fue a Brasil y obtuvo pruebas de otros fiscales.

-Raúl Cervantes, o nosotros lo hicimos también, en ese y otros procedimientos, para aprender, pero no para llevar el caso a justicia; sino para convencer de que valía la pena hacer todo ese recorrido  porque se sabía que se iba a obtener una prueba importante.

Lo que se trata es de hacerlo eficiente. Sí hay un sistema. Sí se puede combatir la corrupción, pero vamos a hacerlo bien, por qué lo hacemos mal.

Un tercer campo de reforma está en la mentalidad del juzgador.  El juez está acostumbrado a no tener contacto, y si lo tiene es de manera individual, no contraponiendo a las partes entre sí. Se ha avanzado en ese sentido, aunque no lo suficiente, ni para todos los campos.  Pero, está el camino señalado. Si no se recorre ese camino es porque no se quiere recorrer. O porque la sociedad, al no estar consciente, no lo exige. El propósito de mi libro es que por lo menos se sepa que así es.

-Otra de las percepciones que tomó fuerza en este sexenio está relacionado con la incompetencia y la corrupción al interior de la PGR. ¿Cuál es la reforma que más importa respecto a la PGR, cómo se va a llegar a una fiscalía que sirva?

-Es un tema en el que el país perdió muchos años discutiendo quién debía nombrar al fiscal general. Es muy importante, si lo nombra el ejecutivo o el legislativo. Hay argumentos en pro y en contra, yo me inclino en que siga siendo una función del ejecutivo, como lo es en la gran mayoría de los países. Obviamente va  estar en el sano juicio del ejecutivo designar a quién va estar en ese puesto. Si la intención del ejecutivo es utilizar la PGR como su policía para sus propios fines, vamos a tener un país en el que el cumplimiento de las leyes va a estar en función de los deseos del Presidente de la República, cosa que es lo que ha sucedido. Yo lo único que hago aquí es documentarlo.

Ahora, repito, el país perdió cuatro o cinco años en discutir quién lo debería de elegir. En ese tiempo hubo dos factores que, señalo, son muy importantes. Uno, que no hubo discusión de cómo iba a hacer el trabajo esa persona, independientemente de quién lo designara. ¿Con qué herramientas? ¿ Con la misma ley de amparo, con las  limitaciones para perseguir el dinero? De nuevo, por más que lo elija Dios Padre, ese señor no va a tener un método eficiente de perseguir los delitos de corrupción.

Además, si lo nombra el legislativo y el ejecutivo no está de acuerdo, el crimen sucede en las oficinas del ejecutivo. Si a ese fiscal no lo dejan entrar a esas oficinas porque puede haber una guerra política en los poderes, entonces se van a quedar esos crímenes impunes. Tan importante es la independencia del fiscal como su capacidad de entrar a dónde sucedió el crimen.

Yo, en mis años en la procuraduría, con todo el apoyo del gobernador y de la mayoría de mis colegas, batallaba para poder encontrar las pruebas que requerí en las oficinas de dónde había sucedido el crimen. Batallaba por multitud de razones, desde malos archivos o registros, hasta fallas mayores. Pero, tenía la voluntad de que sí podía entrar. Además, si no me hubieran dejado entrar, no estarían los cuarenta procesos en camino. Entonces, ese balance entre la independencia de quien tiene el ejercicio de la acción penal, de la PGR, con la necesidad de que cuente con el apoyo del ejecutivo es un tema muy importante.

No hay varitas mágicas. Lo que funciona, lo que ha funcionado, es crear un cuerpo de profesionales del derecho que tienen su propio código de ética y que en determinado momento van a realizar esa función de impartir justicia con objetividad y no buscando el fin político de quien lo haya designado.

-¿Qué se necesita para construir este cuerpo de fiscales competentes y éticos?

-Yo nunca había tenido un trabajo en el gobierno y era tan crítico de los funcionarios, sobre todo en materia penal, como nadie. Sin embargo, reconozco que el cuerpo de ministerios públicos que me asignaron desde el principio, aún cuando no tenían ninguna experiencia en delitos de corrupción porque no se habían perseguido, era un grupo profesional serio que aprendió con rapidez y que era totalmente confiable respecto a los criterios que estaban aplicando.

Si desde la designación es con el propósito de que sirvan fines políticos, pues ya está contaminada la función. Pero, si se establece un mecanismo con una participación importante del legislativo en la decisión de esta designación, pero que la responsabilidad siga estando en el ejecutivo, se puede hacer una fórmula bien.

Aquí la ironía es que el gobernador fue electo para que metiera a Medina a la cárcel y el legislativo le quita al gobernador esa facultad. El legislativo ya no siente ese mandato, no fue electo para eso. La voluntad ciudadana quedó maltrecha.

-Usted ha dicho de manera pública que no contó con el apoyo de la sociedad civil, aún y cuando el mandato del gobernador era meter a Medina a la cárcel.

-Así es. Repito, el país perdió cuatro o cinco años discutiendo quién designaba al fiscal. La iniciativa privada y un buen número de académicos profesionales del derecho se enamoraron del concepto de que fuera independiente del ejecutivo. Pensaron que era la varita mágica para terminar con que la PGR fuera utilizada con fines políticos. Era tal el hartazgo de la sociedad al ver a la PGR al servicio vil de los fines del Presidente, que tomaron este símbolo de la independencia como el cambio necesario para llevarnos a otro estadio.

El punto es: ¿cuál de las dos instituciones tiene más juego político, el legislativo o el ejecutivo? El legislativo, por definición, están varios partidos representados. En consecuencia, se vuelve esta designación una moneda de cambio entre estos partidos en su designación de poderes y de fuerzas. Es por tanto más político el nombramiento de un fiscal por el legislativo que por ejecutivo.

Además, el ejecutivo, en su proyecto de gobierno, formó parte de este tema. Los diputados no le quitaron al gobernador la función sancionadora, se la quitaron al pueblo.  No la tenía el legislativo cuando los eligieron, no fueron electos para que cambiaran esa parte, se la adjudicaron.

-¿Cómo fue su relación con la clase política? Ha dicho que su papel como fiscal no estuvo exento de intimidaciones. Me refiero a las acusaciones que se hicieron en la prensa, en la columna de Riva Palacio, por ejemplo, en el caso de Paula Cusi y Televisa. ¿Esto lo vio como una reacción extrajudicial a su trabajo como fiscal?

-Por supuesto. El caso de Paula Cusi tenía tres años de no tener ninguna actuación, de ningún tipo. Viene mi nombramiento y casualmente cobra vida propia. Uno y uno son dos. ¿Quién le dio vida propia? Pues obviamente las personas que se sentían que iban a ser investigadas, y que fueron investigadas, se llevaron cargos contra algunos de ellos. No duré el tiempo suficiente para terminar la tarea.

-¿Influyó esta estrategia en cómo se llevó el aso en la fiscalía?

-Definitivamente no. Porque era un caso que no iba a llegar a ningún lado. No me atemoricé. No porque sea muy valiente, sino porque conozco mis derechos y conozco los procedimientos y sabía en que lugar estaba parado en relación con esa acusación. Entonces, en ese sentido no tuvo ningún efecto en la operación. Al contrario, me reafirmó que debería poner a más atención a las investigaciones de los medios que estaban involucrados en este asunto.  

-¿Se refiere a Televisa?

Televisa ya para eso entonces no tenía interés en el asunto, menos de que se volviera a hacer pública la forma en cómo encarceló a Paula Cusi. Yo nunca consideré que Televisa era un factor en reavivar el expediente. El abogado de Televisa en alguna ocasión me lo dijo: “no pienses que yo estoy atrás de esto, o que mi cliente está detrás de esto”. Le dije: “no pienso que seas tú quién esté moviendo el caso, simplemente porque no creo que Televisa esté interesado en que se vuelva a manejar el caso de Paula Cusi como en realidad se afectaron los derechos de ello a favor de Televisa; entonces no creo que estén interesados en pagarte para que revivan el caso”. Le creí porque su cliente no tiene interés, no porque fuera buena gente, que así me lo trataba de vender.

La prueba está en que el caso sigue sin moverse. Es un ejemplo típico del sistema de justicia penal anterior, en que sabes cuando empiezas, pero no conoces cuando terminas. Es un problema inclusive para terminar un caso con inocencia.  A final de cuentas, el funcionario público que tiene que firmar esa declaratoria lo pueden acusar de haberse vendido; es tan poco confiable el sistema anterior que no hay manera de deslindar quién es culpable y quién es inocente. Es una situación que continúa indefinida, por supuesto en perjuicio del principio del derecho de tener una justicia pronta y expedita.

-¿Por qué ha sido tan crítico con la declaración del Presidente Peña Nieto respecto a que la corrupción es un asunto cultural?

-Primero, por las circunstancias en las que lo dice. Lo dice después del caso de la Casa Blanca. No se necesita ser muy malicioso pensar que estaba exculpándose, explicándole a la gente que en realidad su acto de corrupción habría que ponerlo en ese matiz de que es algo propio de los mexicanos. Segundo, porque me molesta esa situación. No es propio de los mexicanos, es propio de un sistema que ha sido sostenido por un grupo que se beneficia de esa situación. De ahí mi punto de decir: ¡qué cinismo! Ahora, para justificar su corrupción, nos echa la culpa de que el país es corrupto.

La corrupción es cuestión de oportunidad. Si no hay castigo a la corrupción, va a seguir la corrupción. Es igual con cualquier otro delito. Si no se establece un castigo a ciertas conductas antisociales para los individuos, se establece un caos.  Lo que yo estoy promoviendo es que haya una política clara, precisa, abierta, que todo ciudadano comprenda, en contra de la corrupción. No quiere decir que, mientras elabore esto, no se persigan los caso expuestos de corrupción.

-Recientemente se firmó la renovación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el USMCA, y se incluyó un capítulo anticorrupción. ¿Cree que este tipo de mecanismos tengan algún efecto y nos hagan cambiar más rápido que el mismo proceso interno?

-Sí, por supuesto. La legislación mexicana se ha actualizado a los valores modernos  precisamente a través de los tratados internacionales: desde la ley de transparencia, los derechos humanos, etc., el país ha tomado estas reformas en cumplimiento de acuerdos internacionales que se logran por el pacto de países para establecer un orden mundial del que se pueda confiar.

La calificación que saca México en los casos de corrupción es verdaderamente patética. Creo que de 160 países somos el 159. Eso, ya me estoy metiendo en el campo de por qué hay que perseguir la corrupción, afecta el desarrollo normal del país. Con un buen sistema anticorrupción, México contaría con mejores elementos para afrontar esta competencia internacional. Además de que crearía confianza ciudadana de que los políticos están tomando las acciones en bien del país y no en beneficio propio.

-Volviendo al tema político. ¿Cómo se inserta esta crítica en la llamada Cuarta Transformación, en el cambio de grupo político en el poder?

-A mí me llama la atención lo poco específico que ha sido Andrés Manuel, el Presidente electo, en su política anticorrupción. Hay miles de declaraciones generales que condena los saqueos públicos, el enriquecimiento de los políticos, pero no de cómo le va a hacer.  Últimamente ha sido algo más específico, hablando de una comisión de la verdad. Yo doy la bienvenida a cualquier iniciativa que vaya en ese sentido, aunque creo que más que una comisión de la verdad, la primera verdad que debe enfrentar la comisión es que no hay un sistema actual y empezarlo a crear.

-¿Su proyección sería que se mantendrá el status quo en términos de las reglas del juego?

No creo, estaría López Obrador perdiendo una gran oportunidad. Si alguien tiene el mandato para una política anticorrupción, al igual que la tuvo el gobernador actual de Nuevo León con una votación mayoritaria a su favor, pero no sé qué es lo que vaya a hacer López Obrador.

-Ernesto Canales tuvo una relación difícil, por decir lo menos, con los legisladores de Nuevo León. ¿Considera que el trabajo de un fiscal debe ser político?

-Claro, por supuesto.  Yo no tuve una relación política fuerte, ellos la tuvieron. Sobre la mesa estaba si se protegía o no a sus correligionarios y yo era la amenaza.  Ante eso fue la rebelión de los colgados, perdón, de los legisladores.

-Yendo hacia atrás en su carrera, ¿por qué entrar al derecho penal si ésa no fue su área de desarrollo profesional?

-Fue para tratar de hacer las cosas mejor, tratar de fijarnos en la justicia concreta. Un examen muy rápido y demandado por un cliente en particular de que el sistema de justicia penal era un desastre y que llevaba a muchos injusticias me llevó a convocar a un grupo de amigos abogados para tratar de corregir esas injusticias. Entonces, cogimos a los reos con menos recursos que considerábamos que estaban sufriendo de esas injusticias. Al conocer estos casos quedó claro que el sistema permitía que sucediera y nos llevó al estadio de decir, bueno si en realidad queremos beneficiar no sólo a Juan y a Pedro, sino a todos los que se encuentran en esa situación, necesitábamos cambiar el sistema. Fue una labor que tomó más de veinte años. Fue de mucho convencimiento de uno a uno, nunca fue de manifestaciones, de desplegados de periódicos.  Fue de dirigirnos a los que toman las decisiones importantes y llevarlos al convencimiento de que estaba en el interés del país modificar el sistema.

-¿Se necesita ahora un RENACE anticorrupción?

-Desde luego, se necesita un movimiento amplio, nacional, fuerte, organizado para quitarle a los políticos esta bandera.

-¿Qué fue más difícil, ser fiscal anticorrupción o negociar la crisis de Grupo Alfa en la década de los ochenta?

-(Entre risas) Ser fiscal anticorrupción, fue mucho más frustrante.  La crisis de Alfa siempre se conocían las reglas del juego, se sabía los pasos que había que tomar, se tenía confianza con la parte con la que se estaba negociando; a pesar de que, por supuesto, teníamos intereses diferentes. Sabíamos que ese iban a proteger dentro de los límites del derecho. Aquí no. Aquí es sálvese quien pueda. La ley se aplica cuando se pueda. Los amigos son de mentiras, los enemigos son de verdad.

El sistema de complicidades es tan amplio que afectar a uno, afectabas a muchos otros y provocabas una reacción de defensa de multitudes o mucho mayor. Sin embargo, no me quejo. Fue una experiencia muy importante, muy gratificante. Nunca había comido en mi escritorio y por dos años y medio prácticamente todos los días así lo hice. En la mañana empezaba con algún informante, me citaba en algún café perdido de la ciudad, y en la noche cenaba con otro en el lado opuesto.

Realmente sí encontré un montón de colaboradores. Lo difícil es que esas colaboraciones encajaran en lo que nuestro embudo de sistema permite que llegue a los jueces.

Entonces, ése es el propósito del libro, que muchos otros tomen conciencia y se haga de parte del país como un movimiento nacional de decir ya basta.  

-¿Qué mensaje tiene para los jóvenes profesionistas que todavía son idealistas y quieren cambiar el sistema, pero se van a tomar con una realidad que los puede desalentar?

-Que den un paso y luego otro y luego otro. Que persistan en sus pasos. Con el tiempo volteas para atrás y te das cuenta que sí caminas.  Eso es la prueba real de estos cuarenta casos, donde recibías la denuncia y prácticamente no tenía el cuerpo del delito y te decías “cómo coy a poder llegar a materializar esto en un caso concreto”. Y sí se puede. Repito, no te preocupes más que del siguiente paso, y luego el siguiente y estar seguro que ese siguiente no te va a impedir el otro.  Si vas caminando, logras.

Cambiar el sistema de juicios penales es un asunto mayor. Sí hay constancias de que se pueden lograr cambios importantes sin que vengan del poder ni de los grupos de interés tradicionales del país. Hay el trabajo minucioso, constante, aún pequeño, logra hacer montañas