En Chile, los Pandora Papers persiguen al presidente

¿Qué pasó?

• Diputados de todos los partidos de la oposición chilena presentaron este miércoles al Congreso una acusación para destituir al presidente de Chile, Sebastián Piñera, por la polémica venta de una compañía minera en un paraíso fiscal, revelada en los Pandora Papers.

¿Por qué importa?

• Sebastián Piñera es el primer jefe de Estado en funciones cuya aparición en los Papeles de Pandora se ha traducido en una investigación formal que pudiera llevar a su destitución como primer mandatario. 

Contexto:

• La publicación de los Pandora Papers a principio de octubre colocó en entredicho a Piñera, uno de los hombres más ricos de Chile, quien defendió su inocencia alegando que abandonó la administración de empresas en 2009, antes de asumir su primer gobierno (2010-2014), por lo que no tuvo participación en la venta de la minera

Detalles:

• Al presentar la acusación en la Cámara Baja, el diputado opositor Tomás Hirsch señaló que Piñera usó “su cargo para negocios personales”. Según refiere el medio chileno El Tiempo, la acusación es primer paso del proceso de destitución y podría prolongarse por varias semanas.

• De acuerdo con una investigación de los medios locales CIPER y LaBot, parte de los Papeles de Pandora del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), la Minera Dominga fue vendida en 2010 al empresario Carlos Alberto Délano, amigo íntimo de Piñera, por 152 millones de dólares, una transacción realizada en parte en las Islas Vírgenes Británicas. 

• Piñera, quien alega que la acusación constitucional “no tiene fundamento alguno”, enfrenta una investigación penal abierta por la Fiscalía de Chile por dicha operación financiera. La pesquisa fue iniciada el 9 de octubre, poco después de que surgieran las revelaciones. 

• El presidente aseguró que no tuvo conocimiento de la venta de Minera Dominga dado que puso sus activos bajo fideicomisos ciegos en 2009. Además, sostuvo que este tema es una «cosa juzgada» ya que esos hechos «fueron investigados en profundidad» por la Fiscalía y sobreseídos por los tribunales en 2017.

• Sin embargo, la Fiscalía aclaró posteriormente que no hay «cosa juzgada» porque la venta en cuestión no estuvo «expresamente» incluida en esa causa. 

• Según revelan los documentos a los que tuvieron acceso CIPER y LaBot, el pago de la operación se tenía que hacer en tres cuotas y contenía una polémica cláusula que supeditaba el último pago a «que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas». El gobierno de Piñera, refiere la investigación, acabó por no proteger la zona de la mina, por lo que se efectuó el tercer pago.