Elección en puerta con déficit récord

Cuando en 2020 entramos en la crisis económica por la pandemia del COVID-19, en todo, el mundo el gasto de los gobiernos se elevó.

La justificación fue que cada país debía hacerle frente a las contingencias sanitarias y económicas impredecibles para frenar la mortandad. La humana y la de los negocios.

Bueno, no sucedió en todo el mundo. En México, a pesar de la emergencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador se resistió a crecer el déficit y asumir nueva deuda. Las críticas le arreciaron.

Al margen de si en ese crítico momento fue o no la decisión correcta, es un hecho que con el tiempo se vio que esa disciplina -o ese entercamiento- mantuvo el nivel de deuda por abajo del 50 por ciento del PIB. Eso significa que, con seis meses de trabajo de todos los mexicanos, se podría liquidar todo que el país debe.

Nada malo si se considera que países como Brasil y Argentina andan en los 80 por ciento y  ni se diga Estados Unidos, que supera el 130 por ciento. Es decir, ellos necesitarían entre 10 meses y un año cuatro meses, de todo lo que producen, para saldar sus adeudos.

La argumentación presidencial para no endeudarse en 2020 fue que la austeridad republicana pasaba a austeridad franciscana y que solo habría presupuesto para lo indispensable: el gasto de salud, las obras insignia como el AIFA, Dos Bocas o el Tren Maya, además de los programas del Bienestar.

Pero la pandemia ya cedió y en los supuestos financieros para 2023, el déficit fiscal se elevará a 3.6 por ciento del PIB. Esta es la cifra más alta desde que se comenzó a registrar en 1990.

Para entenderlo claro, la presunción de Hacienda es que los ingresos fiscales presupuestados, que alcanzarán los 7.12 billones de pesos, serán muy inferiores a los 8.25 billones de pesos de egresos programados para el gasto público. Habrá que firmar pagarés por el equivalente al uno por ciento del PIB.

En pocas palabras, la nueva deuda que el gobierno de la Cuarta Transformación está programando para 2023 es de 1.1 billones de pesos, un 23.4 por ciento más elevada que la que se registró este año.

Ojalá que bajo los criterios ortodoxos del secretario Rogelio Ramírez de la O ese incremento en la deuda se justifique como un colchón para enfrentar la posible recesión que se ve venir. El incremento sería más que justificable.

No hay que olvidar que, entre muchos desafíos que se ven venir, a partir de este invierno -y por la crisis de los energéticos en Europa- los precios del gas se elevarán significativamente.

Y México, que importa el 65 por ciento de su gas natural podría perder la facilidad del energético barato que le compra a Texas, porque ya comenzaron a exportar su gas licuado al Viejo Continente.

Eso hará que el gas natural escasee y se eleve de precio. El impacto de ese encarecimiento en el costo de producir energía eléctrica, por ejemplo, será dramático. En la ecuación presidencial, hay que preparar entonces el guardadito para mantener los subsidios a las tarifas eléctricas.

El temor más serio, sin embargo, es que el 2023 es el año en el que se calientan los motores de la sucesión presidencial 2024 y hay que invertirle al electorado para lograr la lealtad de su voto. Y si el incremento del déficit es para ese fin, eso sí sería un crimen.

Imagínense, si el gas natural se dispara y los recibos de energía eléctrica se elevan entre 20 y 30 por ciento. Eso, sin duda, se reflejaría en las urnas.

Tampoco hay que perder de vista que, en los próximos meses, vienen los gastos de las campañas del Estado de México y de Coahuila. A los ojos del presidente López Obrador, la urgencia de arrebatarle al PRI el bastión de oro lo justificaría todo. Incluso pasar la pena de tener ese déficit fiscal histórico, y tener que admitir que “somos peores”.

Si eso sucede, ya podemos ir imaginando lo que veremos dentro de 12 meses, cuando se presente el presupuesto del 2024 y el año de la elección presidencial lo justifique todo. El clientelismo electoral -como sucedía con el PRI y con el PAN- hay que pagarlo. Y muy caro.

Por lo pronto, hay que ponerle la lupa a dónde van a parar esos déficits financiados récord con deuda creciente en estos dos años de sucesión. Dónde están los rubros y los Estados más beneficiados. Confirmar que el piso de la cartera destinada al gasto público es parejo.

Por lo que se ve, a como pinta el cierre del sexenio, el presidente López Obrador no podrá cumplir su promesa de que, al terminar su gobierno, le daría una buena reducida a la deuda pública. Por eso tiene que garantizarle a su proyecto los próximos seis años.