El último contrapeso de la militarización

¿Qué pasó?

El gobierno federal debe ganar una última batalla en la Suprema Corte antes de hacer oficial la militarización de la Guardia Nacional, ya que la reforma del mayor cuerpo policial del país está sujeta al escrutinio judicial de una acción de inconstitucionalidad.

¿Por qué importa?

El enredo judicial en el que se encuentra “atorada” la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena ha impedido que entren en vigor tanto la entrega de recursos de la Federación como la incorporación de los ex integrantes de la Policía Federal a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El contexto:

• A inicios de mes, nueve senadores del PRI y dos del PRD (los 11 votos que Morena urgía para modificar leyes secundarias) votaron a favor del dictamen que extiende la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028, reforma crucial que redefine la relación del poder cívico con el poder militar.

• La semana pasada, la reforma militarista fue aprobada por 17 Congresos locales, por lo que ahora, el presidente Andrés Manuel López Obrador estaría en posición de promulgarla de manera constitucional.

Los detalles:

• El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá admitió a trámite -el pasado 24 de octubre- la acción de inconstitucionalidad presentada por senadores de la oposición contra el decreto por el que se por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de: la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley de la Guardia Nacional; la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; y la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública.

• Esto implica que, además de dicho asunto, el máximo tribunal deberá dar resolución a las distintas impugnaciones que tiene pendientes, tramitadas desde 2020 en contra de la creación de la Guardia Nacional y el acuerdo que ordena mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

• Hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló la existencia de 53 amparos contra la militarización de la Guardia Nacional. “Ya esto está como el Aeropuerto Felipe Ángeles o el Tren Maya”, dijo entre risas en la mañanera.

• Mediante una suspensión provisional en un juicio de amparo, el Juzgado Noveno de Distrito de Guanajuato, frenó el decreto que transfiere el control operativo de la corporación civil a la Secretaría de la Defensa Nacional.

• El recurso fue promovido el jueves 13 de octubre por activistas defensores de los derechos humanos y concedido por la jueza Karla María Macías Llovera, que consideró inconstitucionales las reformas a la Ley de Guardia Nacional.

• Inmediatamente después, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la propia Sedena tramitaron recursos de revisión en los que pidieron dejar sin efectos dicha suspensión.

• En menos de una semana -y en sesiones extraordinarias-, los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa de Guanajuato dictaminaron que la de la FGR “no sufre ningún perjuicio con la suspensión de la entrada en vigor del decreto de militarización de la Guardia Nacional”, mientras que en el caso de Hacienda, consideraron “infundado” el recurso.

• Caso contrario al de la Sedena, en el que por unanimidad, los magistrados declararon fundado el recurso de queja presentado por el gobierno federal al citar “que el quejoso que pidió el amparo no tiene interés legítimo para solicitar la suspensión de la entrada en vigor del decreto reclamado”.