El ultimátum del ‘Mayo’

El lunes, en una audiencia histórica ante la Corte del Distrito Este de Nueva York, Ismael ‘El Mayo’ Zambada se declaró culpable de dirigir una empresa criminal continuada. El antiguo líder del Cártel de Sinaloa llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para evadir la pena capital. Zambada admitió que, durante los últimos 55 años, fue el arquitecto de una operación de tráfico de cocaína, heroína y fentanilo; ordenó asesinatos en una escala masiva y sobornó a políticos, funcionarios, militares y agentes de seguridad mexicanos. El juez Brian Cogan, el mismo funcionario judicial que llevó los casos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y de Genaro García Luna, emitió una orden de decomiso de activos por 15 mil millones de dólares. La cifra ratifica a Zambada como el capo más influyente de la radiografía de los cárteles de la droga en la historia reciente de México.

A pesar de ello, no existía una sola orden de aprehensión vigente en contra de Zambada en tribunales mexicanos. Este hecho pone de relieve que, por omisión o complicidad, el Estado mexicano ha garantizado la impunidad de los líderes de los cárteles durante décadas. Zambada llegó a tener procesos abiertos en 16 jurisdicciones federales de Estados Unidos. En cambio, en México, la sociedad del ‘Mayo’ y ‘El Chapo’, ‘La Federación del Cártel de Sinaloa’, fue protegida por altos mandos de los sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, del priista Enrique Peña Nieto y del morenista Andrés Manuel López Obrador. Tres partidos unidos por una misma complicidad.

Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, celebró la admisión de culpabilidad de Zambada como una victoria histórica: “Nos coloca un paso más cerca de alcanzar nuestro objetivo de la eliminación total de los cárteles”. Joseph Nocella, fiscal del Distrito Este de Nueva York, declaró que “el Cártel de Sinaloa ha sido decapitado”. Matthew Galeotti, director de la división criminal del Departamento de Justicia, argumentó que la sentencia contra Zambada, que será emitida en enero de 2026, representa “una aduana significativa para la aniquilación de los cárteles”.

De manera implícita, el gobierno de México fue exhibido como un espectador ajeno a la toma de decisiones sobre el proceso judicial de Zambada, el criminal más importante en la historia reciente del país. Bondi hizo una breve mención de agradecimiento a la cooperación de la administración de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, también dejó claro que los mexicanos no son socios confiables para procesar a líderes de los cárteles o a políticos vinculados al crimen organizado. La fiscal general fue enfática cuando aseguró que más de cincuenta miembros de los cárteles, entregados a Estados Unidos de manera extrajudicial en los últimos meses, serán procesados, sin excepción, en tribunales norteamericanos.

En una conferencia de prensa tras otra, la presidenta Sheinbaum ha reclamado sin éxito al gobierno de Donald Trump que ofrezcan información contundente sobre la manera en que Ismael Zambada fue extraído de México para ser entregado a las autoridades estadounidenses en un aeródromo en Nuevo México. El caso de ‘El Mayo’ sienta un precedente peligroso para México: Estados Unidos puede actuar de manera unilateral para asegurarse de que los líderes de los cárteles enfrenten la justicia. Zambada alega que fue secuestrado por su ahijado, Joaquín Guzmán López, en una reunión a la que habría sido convocado el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. En el encuentro también fue asesinado el político sinaloense, y compadre de Ismael Zambada, Héctor Melesio Cuén. En el aparato de inteligencia mexicano entienden que la extracción de Zambada se trató de una operación coordinada por Homeland Security Investigations.

La captura de ‘El Mayo’ generó una escisión dentro del Cártel de Sinaloa: provocó una guerra paramilitar entre ‘Los Chapitos’ y ‘Los Mayitos’ que ha dejado más de dos mil muertes y un número similar de desaparecidos. La ruptura del cártel pudo haber sido una consecuencia intencional de alguna agencia de inteligencia de Estados Unidos. Stefano Ritondale, ex oficial de inteligencia del Ejército de Estados Unidos y director de información de la firma Artorias, argumenta que es altamente probable que el gobierno norteamericano haya planeado este quiebre para debilitar la operación de tráfico de fentanilo más importante del planeta. Hoy, Sinaloa es un estado caótico. Sorprendentemente, Rubén Rocha Moya, el gobernador señalado por pactos criminales, continúa en el poder.

El proceso contra ‘El Mayo’, un capo que fue extraído mediante una operación extrajudicial, implica que Washington está escalando sus tácticas de presión contra los cárteles por todos los medios posibles. Recientemente, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que autoriza el uso de fuerza militar contra las organizaciones criminales mexicanas designadas como grupos terroristas. “No es una estrategia de negociación. No es el arte de la negociación. El presidente ha sido claro que un ataque aéreo (contra los cárteles en territorio mexicano) es inminente, salvo que veamos grandes cambios”, dijo un alto funcionario de la Casa Blanca a la revista Rolling Stone. La prensa estadounidense ha reportado que el Pentágono y la Presidencia han llevado a cabo reuniones para revisar los planes de un ataque dirigido en México. Trump habría pedido una lista de objetivos, de acuerdo a un funcionario federal que habló con Rolling Stone. El legislador republicano Tom Cotton, presidente del Comité de Inteligencia del Senado, declaró recientemente que “los cárteles mexicanos son tan peligrosos y letales como cualquier grupo terrorista”.

En Washington, se habla de una “invasión suave” a México: ataques de drones, misiones de comandos especiales o bombardeos de laboratorios de drogas sintéticas. El objetivo más probable, asegura Stefano Ritondale de la firma de inteligencia privada Artorias, sería Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Sin embargo, de acuerdo a expertos de seguridad nacional, ninguna de las opciones sería efectiva para desmantelar las amplias y complejas redes criminales de los cárteles. Estos ataques, advierten, podrían generar efectos de segundo orden como la crisis de sucesión que derivó en la guerra civil del Cártel de Sinaloa.

En la conferencia de prensa del lunes, la fiscal Pam Bondi cedió la palabra a Terry Cole, el director de la DEA que la semana pasada se enfrascó en una polémica con el gobierno mexicano por la presunta colaboración conjunta en el ‘Proyecto Portero’. Cole tiene décadas de experiencia en México. En el sexenio de Felipe Calderón fue el funcionario encargado de recabar la inteligencia que, en última instancia, sirvió como base de la acusación federal contra Genaro García Luna. De acuerdo a ProPublica, Cole también ha elaborado una lista de políticos mexicanos del sexenio de Andrés Manuel López Obrador con vínculos a los cárteles.

El caso contra Zambada debe interpretarse como un ultimátum al gobierno de Claudia Sheinbaum para colocar en el banquillo de los acusados a los miembros de la 4T que tengan nexos visibles con el crimen organizado. La lista podría incluir a personajes como Adán Augusto López, actual coordinador de mayoría en el Senado, o el propio Rubén Rocha Moya.

Frank Pérez, el abogado de Zambada, declaró que su cliente no tiene intención de testificar contra políticos o socios criminales. Nadie lo cree. La información de las redes criminales del antiguo líder del Cártel de Sinaloa ya está disponible para ser presentada por el Departamento de Justicia, en secreto, a un Gran Jurado para la formulación de acusaciones en caso de que esto sea políticamente necesario. Última llamada para la presidenta Claudia Sheinbaum.