El Presidente contra el Almirante: Una operación clandestina

Las dos capturas de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el enfrentamiento en el que fue asesinado Arturo Beltrán Leyva, el operativo en el que se atacó la casa de Juan Patrón Sánchez, ‘El H2’, y la más reciente detención de Rafael Caro Quintero tienen un cómun denominador: la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina Armada, que hasta julio de 2019 era dirigida por el almirante Marco Antonio Ortega Siu.

En palabras de decenas de altos funcionarios y ex funcionarios del aparato de seguridad de Estados Unidos, consultados por The Washington Post, Ortega Siu era considerado el activo más importante de Washington en México. Su nombre código era ‘El Águila’.

El almirante era particularmente importante para la DEA, la agencia antidrogas que perdió acceso al gobierno mexicano cuando Andrés Manuel López Obrador llegó al poder. Los comandos de Ortega Siu ejecutaban los operativos prioritarios para Estados Unidos, aquellos que requerían de inteligencia delicada y que exigían una política de cero filtraciones.

La colaboración con Estados Unidos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina Armada abarcó toda una década. La relación avaló el rápido ascenso del almirante Ortega Siu, quien se convirtió en el jefe de Inteligencia de la Marina.

Sin embargo, esta dinámica comenzó a cambiar cuando López Obrador llegó al poder. El gobierno de la 4T desmanteló gran parte de la Unidad de Operaciones Especiales, incluida la base que mantenían en Sinaloa. La salida de Ortega Siu fue operada apenas meses antes de la liberación de Ovidio Guzmán, en Culiacán. Un importante funcionario de la DEA le dijo a The Washington Post que con el almirante las cosas habrían sido diferentes.

A pesar de su importancia, Ortega Siu era un actor poco conocido en la opinión pública. Su expediente está reservado por razones de seguridad nacional. Esta semana, un amplio reportaje realizado por The Washington Post, que incluye entrevistas a más de treinta funcionarios y ex funcionarios del aparato de seguridad de México y de Estados Unidos, colocó al almirante en el centro de la discusión pública sobre la relación bilateral.

El retiro anticipado del almirante Ortega Siu marcó un punto de inflexión en la política de seguridad del Estado mexicano. Su salida significó la interrupción abrupta en la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, una ruptura que se intensificó después de la detención del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, en el Aeropuerto de Los Ángeles.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ordenó limitar la coordinación de inteligencia entre ambos países; rechazó tecnología estadounidense para fiscalizar las aduanas; puso en pausa proceso de extradición de objetivos criminales de alto perfil y canceló los programas de entrenamiento americano para la Guardia Nacional.

La investigación de The Washington Post se sumó a un reportaje publicado una semana antes por ProPublica y por The New York Times que realizó una revisión crítica al proceso de detención, extradición y exoneración del General Salvador Cienfuegos. Ambas piezas retoman argumentos que han sido utilizados, en público y en privado, por dos de los funcionarios estadounidenses más críticos de la política de seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador: la titular de la DEA, Anne Milgram, y el procurador General, Merrick Garland. Estos tienen que ver con las exigencias que han hecho al fiscal General, Alejandro Gertz Manero, y al equipo de seguridad de la 4T de acelerar las extradiciones de objetivos del narcotráfico y de reanudar la coordinación para compartir inteligencia.

La pieza de The Washington Post hace referencia a que la salida de Ortega Siu coincide con un periodo en el que el tráfico de fentanilo creció exponencialmente en el país. De acuerdo a la DEA, México sustituyó a China como el principal exportador de esta droga a Estados Unidos. El gobierno estadounidense estima que alrededor de 107 mil personas mueren por sobredosis cada año en ese país, la mayor parte de los fallecimientos se explica por la epidemia del fentnailo.

El mensaje mediático de los artículos de The Washington Post y The New York Times coincide con el argumento que compartieron funcionarios de la adminsitración de Joe Biden a Código Magenta hace meses: que la presión de Washington hacia México crecería considerablemente después de las elecciones intermedias.

Esto también coincide con el momento crítico por el que atraviesa la relación bilateral, que reclama falta de resultados en el procesamiento judicial y en arrestos significativos para detener el tráfico de fentanilo, así como con la creciente radicalización del Partido Republicano en su posición respecto a la política de seguridad en relación a México.

La administración de Andrés Manuel López Obrador rompió con el almirante Ortega Siu porque en Palacio Nacional empezó a ganar adeptos la idea de que la Marina Armada respondía primero a los intereses de Estados Unidos, y después a los del gobierno mexicano.

Un grupo de fiscales federales iniciaron una ofensiva judicial contra Ortega Siu. Se filtró un video en el que presuntos miembros de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina habrían alterado la escena del crimen del basurero de Cocula en los días posteriores a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La teoría nunca se pudo comprobar, pero la Fiscalía General de la República ofreció un criterio de oportunidad a Ortega Siu, a cambio de que declarara contra su superior jerárquico, el actual secretario de la Marina, Rafael Ojeda, quien en 2014 era el comandante de la Octava Región Naval de Guerrero. Ortega Siu no aceptó el trato.

La Unidad de Operaciones Especiales de la Marina es un cuerpo altamente efectivo, pero no ha estado exento de críticas. Se le atribuye la desaparición forzada de 23 personas en cuatro meses en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El caso sigue abierto en tribunales. Hasta ahora, solo se han promovido cuatro causas formales, se ha encarcelado a siete oficiales y se ha exonerado a 23 elementos.

Esta es la prueba más evidente de los problemas de la militarización de la seguridad pública y de la llamada Estrategia Kingpin promovida por Washington, una política de fragmentación de los cárteles de la droga que ha multiplicado los niveles de violencia en México a raíz del asesinato de los principales líderes criminales. López Obrador hizo campaña contra este enfoque de la política de seguridad pública.

Paradójicamente, el gobierno de la 4T ha intensificado la militarización de la seguridad pública, ha paralizado los arrestos de los objetivos criminales y no ha realizado investigaciones judiciales contundentes sobre los decomisos de droga de este sexenio.

Es decir, más de lo mismo, con una diferencia: Washington está cansado de la situación y advierte que el status quo podría tener consecuencias serias para la relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador.