El nuevo factor de poder en el gabinete de AMLO

¿Qué pasó?

En el contexto de la crisis de desabasto de medicamentos se pretende centralizar las compras de gobierno en la Secretaría de la Función Pública (SFP) con la reforma a 10 artículos para modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF).

¿Por qué importa?

Roberto Salcedo, el zar anticorrupción de López Obrador, podría convertirse en un funcionario muy poderoso, pues de aprobarse el proyecto en el Congreso, la SFP se haría cargo de las contrataciones públicas de todo el gobierno federal, además de adquirir la facultad de participar en negociaciones comerciales.

El contexto:

Hace casi un año, el 21 de junio de 2021, el presidente López Obrador, anunció la destitución de Irma Eréndira Sandoval como secretaria de la Función Pública para cederle su lugar a Roberto Salcedo Aquino. A diferencia de otros movimientos, AMLO dejó en claro que no se trató de una renuncia, sino de una decisión suya.

Los detalles:

• Bajo la bandera de combatir la corrupción y la impunidad al interior del gobierno en el manejo de los dineros, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la Ley de la Administración Pública.

• Además de instaurar que la Secretaria de la Función Pública se haga cargo de las contrataciones públicas del gobierno de la 4T, la dependencia se encargaría de coordinar las Unidades Administrativas y Finanzas de los entes de la Administración Pública Federal, una labor que hoy todavía le corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

• Lo anterior sólo dejaría exento a las que corresponden a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina Armada de México (Semar) y las empresas productivas del Estado (Pemex y CFE).

• Con ello, la facultad de participar en negociaciones comerciales pasaría de la SHCP a la SFP, tanto a nivel nacional como internacional, en relación a compras dentro del sector público, coordinar adquisiciones estratégicas y elaborar disposiciones con el fin de promover la participación de la proveeduría nacional.

• “Esta facultad de consolidación de los procedimientos de compras gubernamentales regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, coadyuvaría a reforzar la eficiencia en el combate a la corrupción desde la SFP, al poder intervenir para garantizar las mejores condiciones de calidad, precio y oportunidad en la adquisición de bienes y servicios en la Administración Pública Federal”, se lee en la iniciativa que ya fue turnada a la Comisión de Gobernación para su análisis.

• La designación de titulares de las Unidades de Administración y Finanzas o equivalentes en todos los entes de la Administración Pública Federal, por parte de la SFP, evitará “posibles actos de corrupción o colisión de servidores públicos que afecten la administración de los recursos públicos”.

• En ese sentido, uno de los mayores retos del gobierno federal ha sido combatir la escasez de medicamentos, sobre todo los tratamientos para niños con cáncer, problemática que surgió a raíz de la cancelación de contratos con empresas señaladas -sin pruebas- de beneficiarse impunemente de dinero público.

• De acuerdo con la organización Cero Desabasto y reportes del Wall Street Journal, la 4T no sólo ha fallado en su misión de garantizar el abasto de medicinas, sino que ha terminado por comprarlas a un mayor costo.

• Tan sólo de 2018 (año en que AMLO inició su gestión) hasta el año pasado, la cantidad de medicamentos recetados que los pacientes no pudieron surtir en los hospitales públicos se multiplicó casi por 10, es decir, en unos 24 millones. Es decir, cerca de una de cada 10 recetas se queda sin surtir.

• Inefam, una firma de investigación que proporciona datos y asesoramiento a la industria farmacéutica refirió que el gobierno federal pagó un 53% más en promedio por medicamentos el año pasado y compró un 38% menos tipos de medicinas.

• “Ha sido un desastre total desde el punto de vista económico. Ha habido mucha improvisación”, expresó Enrique Martínez, director general de Inefam.