El magistrado del poder

¿Qué pasó?

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) frenó el proyecto del magistrado José Luis Vargas Valdez, en el que solicitaba desechar la investigación en contra de Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Por qué importa?

• Se trata de un magistrado que ha sido fuertemente cuestionado por su cercanía con el poder en turno. Vargas ha sido investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera por presunto enriquecimiento ilícito.

• Él redactó el proyecto que confirmó que Movimiento Ciudadano sí se benefició “de manera dolosa” de transferencias millonarias e indebidas realizadas por la familia de Samuel García, durante su campaña para gobernador en Nuevo León, al cual eximió de toda culpa por la triangulación de 14 millones de pesos.

El contexto:

• En agosto de 2020, el medio Latinus dio a conocer una serie de videos en los que aparecía Pío López Obrador, hermano del presidente, presuntamente recibiendo dinero en efectivo de David León, entonces asesor en el gobierno de Chiapas y hoy funcionario de la Cuarta Transformación.

• Meses después de que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE determinó abrir una investigación en contra del hermano de AMLO, todavía en calidad de magistrado presidente del TEPJF, Vargas Valdez había conseguido que se aplazaran las impugnaciones del caso.

Los detalles:

• Milenio adelantó que, en su proyecto, el magistrado José Luis Vargas consideraba que los delitos en los que habría incurrido Pío López Obrador habían prescrito conforme a la legislación vigente de 2014, ya que el plazo para presentar alguna denuncia era de tres años después de la fecha en que se perpetraron.

• “Si los supuestos hechos acontecieron en 2015, en el mejor de los casos para el cómputo del plazo de tres años para que operara la prescripción de la facultad de la autoridad administrativa para perseguirlas y, eventualmente, sancionarlas, comenzó a transcurrir, en el mejor de los casos, del primero de enero de 2016 y concluyó el 31 de diciembre de 2018”, se lee en el proyecto dado a conocer por Milenio.

• Sin embargo, este miércoles, con seis votos en contra, los magistrados del TEPJF se opusieron al proyecto de Vargas Valdez y determinaron que las investigaciones en contra de Pío López Obrador deben continuar para esclarecer los hechos.

• “Los videos son del año 2015, contrario a lo que dice el proyecto, contienen referencias en cuanto a que los recursos tenían como finalidad su aplicación el proceso electoral del año 2018.

• “Aunado a que de las preguntas realizadas al actor se advierte que los hechos pudieran acontecer durante un año y medio, esos elementos constituyen elementos que justifican el ejercicio de la facultad investigadora”, expresó la magistrada Janine Otálora.

• En tanto, la magistrada Mónica Soto dijo que no existe constancia de que los hechos hayan ocurrido en 2015, por lo que respaldó la iniciativa de continuar con las indagatorias hasta que el INE genere la certeza requerida en el caso.

• “En cuanto a las pruebas ilícitas, considero que al haber más pruebas que valorar en la investigación, debe ser una resolución de fondo la que determine lo conducente”, indicó la magistrada, en declaraciones recabadas por Latinus.