El laberinto legal de Nuevo León

El proyecto presidencial de Samuel García ha orillado a Nuevo León a una crisis constitucional. El Congreso estatal, cuya mayoría es controlada por el PRI y el PAN, otorgó al gobernador una licencia de seis meses para que pueda competir en el proceso electoral de 2024. Sin embargo, García se niega a aceptar la designación que hizo el Poder Legislativo de Arturo Salinas, presidente con licencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, como gobernador interino.

En ese sentido, el secretario de Gobierno, Javier Navarro, promovió un juicio de amparo ante el Juez Séptimo de Distrito de Reynosa, Juan Fernando Alvarado, para desconocer los actos del Congreso. Alvarado es un funcionario judicial que ha favorecido sistemáticamente a la administración de Samuel García en decisiones vinculadas al conflicto entre poderes en Nuevo León.

No obstante, en esta instancia, el juez rechazó la solicitud de iniciar un juicio de amparo y avaló los acuerdos del Poder Legislativo bajo los cuales se nombró a Arturo Salinas como gobernador interino. La resolución argumenta que la petición del secretario de Gobierno es improcedente dado que la designación del sucesor temporal del gobernador es una facultad soberana y discrecional del Congreso.

La decisión de Alvarado coloca a Nuevo León en un limbo legal. El juez reconoció el procedimiento legislativo, pero estableció la no elegibilidad de Salinas como gobernador interino. El Artículo 132 de la Constitución estatal plantea que ningún funcionario del Poder Judicial puede ejercer un cargo en el Poder Ejecutivo. Salinas dijo a Código Magenta que este artículo no es aplicable, puesto que la posición de gobernador interino “no es un trabajo”, sino que es un mandato del Congreso, estipulado en el Artículo 5 de la Constitución federal.

“En el supuesto de que el gobernador interino designado por el Congreso estuviera impedido y ello fuera materia de procedimiento judicial, en tanto se resuelve el impedimento, debería quedar encargado de despacho del Ejecutivo el secretario General de Gobierno del estado”, se lee en la resolución del juez Alvarado, una postura afín a los intereses y planes de Samuel García. El gobernador está obligado por ley a separarse del cargo antes del 2 de diciembre si desea participar en el proceso electoral de 2024.

Javier Navarro obtuvo una suspensión ampliada para que ningún cuerpo oficial pueda impedirle al secretario de Gobierno el ejercicio del cargo de gobernador interino.

Arturo Salinas sostiene lo contrario, que la decisión del juez avala su nombramiento, incluso a pesar del pronunciamiento sobre su elegibilidad: “Lo que deja claro el amparo es que yo soy el gobernador interino”, dijo.

La interpretación de esta resolución está en función de la política y subraya cómo un conflicto entre partidos se ha convertido en una crisis constitucional. Nuevo León se enfrenta al espectro de una situación en la que dos poderes reconocerán como gobernador interino a personas diferentes.

La administración de Samuel García ha intentado frenar el nombramiento de Salinas a través de un juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa, mediante un juicio de protección de derechos político-electorales ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y con la promoción de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El Congreso ha respondido a esta ofensiva legal con una controversia ante el Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, que ha emitido una suspensión favorable al nombramiento de Salinas; una queja ante el Tribunal Colegiado federal que pide la revocación de la suspensión provisional otorgada a Navarro; y una controversia constitucional ante la Suprema Corte.

Todos estos caminos recorren rutas judiciales paralelas. Jesús Garza Onofre, académico constitucionalista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advierte que es poco probable que pueda encontrarse una salida jurídica al conflicto entre poderes y que la Suprema Corte no tiene urgencia en resolver antes del 2 de diciembre las controversias promovidas desde Nuevo León.