El gran secreto de Samuel García

“No vamos a esconder absolutamente nada. Es una nueva premisa de este gobierno. Transparencia total.” – Samuel García, 14 noviembre 2021.

A diez días de haber tomado protesta como gobernador de Nuevo León, Samuel García anunció que exhibirá cualquier irregularidad durante su gobierno y prometió no continuar con las mismas prácticas de sus antecesores.

No obstante, Código Magenta ha podido corroborar que hasta ahora, el eslogan no corresponde con la realidad.

En octubre de 2021, este medio de comunicación decidió tomarle la palabra al gobernador de Nuevo León y ejerció el derecho al acceso a la información pública que tenemos todos los ciudadanos.

Nuestra duda es la siguiente: ¿quién realizó el rediseño de la imagen del gobierno estatal y cuánto costó ese servicio?

Para conocer dicha información, ingresamos al apartado de transparencia del gobierno estatal, en el cual, por ley, se deben publicar todos los contratos firmados por la administración pública. Sin embargo, a la fecha no aparece ninguno relacionado con el rediseño de la marca oficial de Nuevo León.

Al tratarse de una acción -en teoría- realizada por la autoridad, Código Magenta solicitó los contratos del servicio directamente a la Secretaría de Administración, vía la plataforma nacional de transparencia.

Pero la dependencia encabezada por Gloria María Morales Martínez respondió que la información solicitada por un ciudadano no existe.

Así es, el sujeto obligado a transparentar las adquisiciones de la administración estatal, asegura no tener conocimiento de la contratación de un servicio realizado para el gobierno del llamado Nuevo Nuevo León.

La respuesta oficial, que está siendo impugnada ante la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información estatal y que podría tardar hasta mediados de febrero en resolverse, abre una serie de interrogantes, más allá de la duda inicial.

Si el gobierno de Samuel García no utilizó fondos públicos para contratar el servicio de rebranding del gobierno estatal, ¿quién pagó por él?

¿Sería legal que un candidato, gobernante electo o en funciones llegue a acuerdos con privados para prestar un servicio al gobierno sin transparentarlo al público?

Y, ¿qué posibles conflictos de interés se pudieran derivar de esta situación?

Por lo pronto, el órgano autónomo encargado de hacer que las autoridades rindan cuentas a la ciudadanía, analiza el caso, en el cual deberá determinar si da razón a la autoridad -y se acaba el asunto- o al solicitante, por lo que la Secretaría de Administración estaría obligada a seguir buscando el famoso contrato – o en dado caso explicar por qué no existe.

Mientras tanto, a casi tres meses de que se realizó una simple solicitud de información que es de interés público, seguimos esperando.