El golpe a la reforma eléctrica de AMLO

¿Qué pasó?

Un proyecto del ministro Javier Laynez Potisek pretende declarar inconstitucional la reforma eléctrica promulgada en marzo de 2021, lo que significaría un duro golpe para la 4T, en su afán de darle mayor preponderancia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el despacho de energía por sobre los privados.

¿Por qué importa?

La administración de Andrés Manuel López Obrador ha emprendido una cruzada contra el Poder Judicial al asegurar que la mayoría de los jueces está al servicio de las élites, por lo que ha propuesto realizar la reestructura más profunda de dicho poder y de los órganos constitucionalmente autónomos desde la administración de Ernesto Zedillo.

El contexto:

• El año pasado, The American Chamber of Commerce (Amcham) lanzó un ultimátum de repatriación de capitales, en un momento de fuerte presión del gobierno y la iniciativa privada de Estados Unidos para mantener la reforma eléctrica dentro del marco del T-MEC.

• La Amcham pidió -en junio de este año- que las plataformas de campaña presidencial en México consideren una política económica amigable a la inversión centrada en tres puntos clave: electromovilidad, nearshoring y una agenda para fortalecer la región T-MEC.

• Se trata de la primera petición pública que un organismo empresarial del principal socio comercial de México realiza en torno a la sucesión presidencial que se dará a partir de 2024 y que concluirá en el año 2030.

Los detalles:

• El próximo 27 de septiembre, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá un proyecto del ministro Javier Laynez Potisek, que concedería -en definitiva- el primero de cientos de amparos promovidos por empresas privadas generadoras de energía limpia.

• La propuesta del ministro Laynez contempla confirmar el amparo que el juez Juan Pablo Gómez Fierro otorgó a seis empresas privadas de energías limpias -en noviembre de 2021- contra los siete artículos base de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica impulsada por el gobierno para favorecer a la CFE.

• “El sistema normativo impugnado está pensado para disminuir la competencia en la generación de electricidad y/o favorecer a un determinado grupo de empresas, en perjuicio de los demás participantes del mercado de generación de energía eléctrica.

• “Decidir que el despacho se realice favoreciendo a un determinado grupo de centrales distorsiona el proceso de competencia y libre concurrencia en el sector de generación de energía eléctrica, desincentiva la participación de nuevos agentes en ese mercado, y rompe con el mandato de neutralidad que se encomendó al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace)”, se lee en parte del proyecto propuesto por el ministro Laynez.

• Los conceptos incluidos en los artículos de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica contra los cuales se prevé que la Suprema Corte conceda amparos se enlistan de la siguiente manera, de acuerdo con reportes de Reforma:

1. Establecer contratos con compromiso de entrega física.
2. Ordenar dar prioridad a dichos contratos sobre los de energías limpias.
3. Despacho preferente para energía de centrales de CFE.
4. Eliminar subastas obligatorias del Cenace para contratos de cobertura eléctrica.
5. Reglas de asignación y despacho para el Cenace.
6. Permitir a CFE obtener Certificados de Energías Limpias (CEL) en detrimento de nuevos inversionistas.

• Debido a que se trata de un solo amparo, la Suprema Corte no invalidaría en automático la reforma, aunque esto coadyuvaría a que en la medida en que las empresas ganen sus demandas, los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica serían inoperantes, por lo que el gobierno se vería obligado a aplicarla a como estaba prevista antes de marzo de 2021.