El caso Odebrecht empieza y termina con Emilio Lozoya

¿Qué pasó?

La Fiscalía General de la República (FGR) se “olvidó” de la tesis del esquema de corrupción vertical que abarcaba a decenas de legisladores y funcionarios, al concluir que los sobornos en relación al caso Odebrecht solo fueron para Emilio Lozoya y su familia.

¿Por qué importa?

El caso de la brasileña Odebrecht se trata de la mayor trama de sobornos en la historia reciente de México, que hasta hace poco involucraba a ex funcionarios de primer nivel, según el testimonio del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, acusado de recibir 10.5 millones de dólares durante su gestión el sexenio pasado.

El contexto:

A finales de enero pasado, un juez federal determinó que Emilio Lozoya, ex director de Pemex, debía permanecer en prisión, pese a que existía la posibilidad de quedar en libertad. El poder judicial ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada por riesgo de fuga, cuya deliberación está relacionada con el caso Odebrecht.

Los detalles:

• De acuerdo con la acusación final presentada por la FGR ante un juez, la dependencia no presenta ni valida las acusaciones de Lozoya sobre ser utilizado por el ex presidente Enrique Peña Nieto y el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray para sobornar a legisladores en favor de la reforma energética.

• El documento, dado a conocer por el portal Animal Político, refiere que Lozoya fue el principal beneficiario de recibir poco más de 10 millones de dólares, lo cual buscarán demostrar con 59 elementos de prueba que serán presentados en una audiencia intermedia, previo al juicio, a realizarse en las próximas semanas.

• La FGR solicitó al juez aplicar las penas más altas contempladas en la ley por los tres delitos que se le imputan a Emilio Lozoya, con lo que alcanzaría una condena total de 46 años y seis meses de prisión sin derecho a ningún beneficio.

• Por el delito de asociación delictuosa, la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero pide se le impongan 10 años de cárcel; por el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, una pena de 22 años y seis meses de prisión; y por el de cohecho, 14 años.

• Además, se tiene contemplado el pago de una multa de 87 millones 252 mil 442 pesos, el pago de 6.3 millones de dólares por concepto de reparación de daños y la confiscación definitiva del condominio de Ixtapa-Zihuatanejo, adquirido por Lozoya con los recursos provenientes de la red de sobornos.

• Según la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017, expuesta ante el juez por el fiscal Kristian Jiménez Hernández, la dispersión de recursos la realizó Odebrecht a través de una de sus empresas fachada, denominada Innovation Research Engineering.

• Ésta hizo llegar un primer recurso de cuatro millones de dólares, entre abril y junio de 2012, a la compañía Latin American Asia Capital Holding, constituida en las Islas Vírgenes Británicas y cuyos beneficiarios de sus cuentas eran el propio Lozoya y su hermana Gilda Susana.

• Debido a una alerta “antilavado” generada en noviembre contra Latin American Asia Capital Holding, a falta de transferir un millón 516 mil dólares de los cuatro pactados, Lozoya giró la instrucción de que los depósitos se hicieran a Tochos Holding, otra compañía constituida en el mismo paraíso fiscal, en la que su hermana también era beneficiaria.

• Para la fiscalía, que los pagos se realizaran aun cuando la elección presidencial de la que resultó ganador Enrique Peña Nieto ya había terminado, esto prueba que el dinero fue a parar a las manos de Lozoya.

• Los otros seis millones de dólares se pactaron, según la acusación del fiscal Jiménez Hernández, una vez que Lozoya fue nombrado director general de Pemex, ya en 2013, donde los funcionarios de Odebrecht se verían beneficiados con contratos relacionados con la refinería de Tula.

• Debido a que en la acusación se cita una transferencia de 185 mil dólares, desde Tochos Holding a una cuenta de BBVA Bancomer a nombre de Gilda Margarita Austin, la madre Lozoya, los fiscales solicitaron una doble condena en su contra.

• La primera sería de 10 años de cárcel por el delito de asociación delictuosa y la otra correspondería a 11 años y 3 meses, por el de lavado de dinero. Además, se contempla una multa por un monto de 262 mil 748 pesos.