¿Dónde está el fiscal?

Una pregunta ha quedado sin responder en la Cumbre de Líderes de América del Norte: ¿Por qué Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República, no estuvo presente?

Su ausencia se ha interpretado como un mensaje político en un momento en el que México y Estados Unidos negocian los términos de la extradición de dos objetivos criminales prioritarios para Washington: Ovidio Guzmán López, “El Ratón”, y José Rodolfo Villarreal, “El Gato”. Ambos fueron detenidos la semana pasada bajo órdenes de aprehensión con fines de extradición. Ninguno de los dos tenía causas criminales abiertas en México.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, intentó minimizar la ausencia de Gertz Manero. “El fiscal Gertz tenía una actividad el día de ayer y de hoy. No le avisamos que venía el fiscal de Estados Unidos porque el fiscal decidió incorporarse más tarde, es sólo un tema logístico”, dijo el canciller en una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva. Ebrard es, junto a Gertz Manero, el funcionario más importante en la autorización de los procesos de extradición.

La explicación del canciller contrasta con el hecho de que Merrick Garland, procurador general de Estados Unidos, haya decidido acompañar al presidente Joe Biden a la Cumbre de Líderes de América del Norte en su calidad como el funcionario de más alto rango del aparato judicial estadounidense. Esto pone de relieve el lugar que ocupa México en las prioridades de Washington.

Todo, en un contexto en el que la epidemia del fentanilo es responsable por dos tercios de las 110 mil muertes por sobredosis registradas al año en Estados Unidos y en el que el ala radical del Partido Republicano en el Congreso está presionando a la administración Biden para que los cárteles mexicanos sean designados como organizaciones terroristas.

Las capturas de Ovidio Guzmán López y de José Rodolfo Villarreal representan la señal más reciente del sentido de urgencia que tiene el gobierno estadounidense para dar resultados en el combate a las organizaciones criminales de México.

El primero es el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, convertido en una figura simbólica del Cártel de Sinaloa y de la facción de “Los Chapitos”, luego de que el presidente López Obrador dio la orden de liberarlo en octubre de 2019. El segundo era operador del Cártel de los Beltrán Leyva y el principal referente de la escena criminal de San Pedro Garza García, Nuevo León, el municipio con el mayor ingreso per cápita de América Latina.

La Fiscalía General de la República, que dirige Alejandro Gertz Manero, no había solicitado orden de aprehensión alguna en contra de Ovidio Guzmán López  ni de José Rodolfo Villarreal, un actor cuya ubicación era conocida por el aparato de inteligencia mexicano.

Meses atrás, funcionarios de alto nivel de la administración Biden dijeron a Código Magenta que, después de las elecciones intermedias de noviembre de 2021, Estados Unidos elevaría la presión para alinear al gobierno mexicano de López Obrador con su política de descabezamiento de cárteles: “The Kingpin Strategy”.

Ovidio Guzmán López, que enfrenta una causa de tráfico de metanfetaminas, cocaína y marihuana en la Corte del Distrito de Columbia de Washington, D.C., fue capturado con base en información de agencias de inteligencia de Estados Unidos, de acuerdo a personas cercanas al asunto citadas por diversos medios. La detención fue realizada el jueves de la semana pasada por el Grupo de Análisis e Información del Narcotráfico, el GAIN, una unidad de élite del Ejército Mexicano que mantiene estrecha colaboración con las agencias de seguridad estadounidenses y cuyo financiamiento es aportado por el gobierno americano.

De acuerdo a un reporte del periódico El País, que cita documentos filtrados por el caso Guacamaya Leaks, la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero mantiene una investigación abierta contra algunos miembros del GAIN por su actuación en la fallida detención de Ovidio Guzmán, en octubre de 2019.

El arresto de José Rodolfo Villarreal, “El Gato”, que enfrenta un proceso de homicidio en una Corte de Texas, también es significativo. Se trataba de uno de los diez objetivos más buscados por el FBI. Además, tenía vinculaciones con el Cártel H-2, una escisión del Cártel de los Beltrán Leyva que, de acuerdo a los fiscales del Distrito Este de Nueva York, era protegido por el ex secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos.

En octubre de 2020, cuando la administración de Donald Trump llegó a un acuerdo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para retirar los cargos del Departamento de Justicia contra el general Cienfuegos, citando “razones de política exterior», Alejandro Gertz Manero jugó un papel fundamental. El fiscal mexicano le prometió a su homólogo estadounidense, William Barr, que investigarían las acusaciones contra el ex secretario de la Defensa Nacional. Eventualmente, terminó exonerando a Cienfuegos.

Eso sucedió cuando el Partido Republicano estaba en el poder. La relación de la fiscalía mexicana con Estados Unidos cambió cuando el Partido Demócrata llegó a la Casa Blanca en 2021. La primera señal del descontento de la administración de Joe Biden con el gobierno de López Obrador fue transmitida a través del canal que el procurador Merrick Garland mantenía con el fiscal Alejandro Gertz Manero.

En octubre de 2021, el titular de la FGR fue llamado a Washington a una reunión privada con Garland. En realidad, se trató de una emboscada. Gertz Manero no tenía conocimiento de que también estaría presente la titular de la DEA, Anne Milgram.

Un día después del encuentro, Milgram reveló en conferencia de prensa que le había dado un ultimátum al gobierno mexicano, solicitando tres cosas: reactivar las operaciones conjuntas con agentes estadounidenses en México, aclarar los procesos de extradición de objetivos criminales prioritarios y reanudar la entrega de inteligencia de las agencias de seguridad mexicanas a la DEA.

Éste es el antecedente de la ausencia del fiscal general de la República en la Cumbre de Líderes de América del Norte. Alejandro Gertz Manero prácticamente ha desaparecido de la escena política.

El bajo perfil es consecuencia de una estela de escándalos protagonizados en las altas esferas del gobierno y de la élite: la disputa de poder con Santiago Nieto y con Julio Scherer Ibarra; el conflicto de interés legal en la batalla por la Fundación Jenkins; y más notoriamente, el encarcelamiento sin fundamento jurídico de su sobrina política, Alejandra Cuevas.

Este último caso fue el que arrojó a Gertz Manero al anonimato político. La Suprema Corte de Justicia concedió un amparo liso y llano a Cuevas y reconoció que existió abuso de poder de la oficina del fiscal General. Esto ha llevado a la familia política del fiscal a realizar un intenso proceso de cabildeo en Estados Unidos para que Gertz Manero sea sancionado por la Ley Magnitsky por violaciones de derechos humanos.

Su ausencia en la Cumbre de Líderes de América del Norte es también un reflejo de esta realidad. Por eso, permanece la pregunta: ¿Dónde está el fiscal?