EU acusa formalmente al gobernador de Sinaloa por vínculos con los cárteles

¿Qué pasó?

• El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que fue revelada una acusación formal en el Distrito Sur de Nueva York contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otros nueve funcionarios y ex funcionarios mexicanos por presuntos delitos de narcotráfico y armas.

• La fiscalía estadounidense sostiene que los acusados habrían conspirado con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de drogas a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.

• Entre los señalados aparecen funcionarios estatales, municipales y de seguridad pública de Sinaloa, incluidos el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el senador Enrique Inzunza Cázarez; y ex mandos de la policía estatal, municipal y ministerial.

• La acusación atribuye a los funcionarios presuntos actos de protección al Cártel de Sinaloa: filtración de información sensible, resguardo de cargamentos de droga y bloqueo de investigaciones, arrestos o procesos contra integrantes del grupo criminal.

¿Por qué importa?

• La acusación escala de forma inédita la presión judicial de Washington sobre la estructura política de Sinaloa: ya no se trata sólo de perseguir capos u operadores criminales, sino de imputar formalmente a autoridades en funciones por presunta colaboración con una organización criminal transnacional.

• El caso golpea directamente al gobierno estatal de Sinaloa, epicentro histórico del cártel, al señalar que funcionarios de distintos niveles habrían permitido la operación de la facción de “Los Chapitos”, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

• La imputación ocurre en un contexto de creciente tensión bilateral: días antes, el gobierno mexicano había pedido a Estados Unidos presentar pruebas al señalar presuntos vínculos de funcionarios mexicanos con el crimen organizado.

Los detalles:

• La acusación incluye delitos de conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ese tipo de armamento; en el caso de Juan Valenzuela Millán, también se agregan cargos por secuestro con resultado de muerte.

• Según el Departamento de Justicia, Rocha Moya habría sido electo gobernador después de que “Los Chapitos”, presuntamente, lo ayudaran mediante secuestros e intimidación contra rivales políticos; la fiscalía afirma que, a cambio, el gobernador habría prometido proteger sus operaciones.

• La acusación sostiene que Dámaso Castro Saavedra, identificado como vicefiscal en Sinaloa, habría recibido aproximadamente 11 mil dólares mensuales de “Los Chapitos” a cambio de proteger a integrantes de la facción e informarles sobre operativos respaldados por Estados Unidos.

• El Departamento de Justicia afirma que Juan Valenzuela Millán, ex mando de alto nivel de la Policía Municipal de Culiacán, habría recibido más de 1,600 dólares mensuales de “Los Chapitos” y habría usado a policías municipales para apoyar detenciones, secuestros y asesinatos al servicio del grupo criminal.

• La fiscalía estadounidense señala que Valenzuela Millán habría participado en octubre de 2023 en el secuestro de una fuente confidencial de la DEA y de un familiar de esa persona, quienes posteriormente fueron torturados y asesinados, presuntamente por colaborar con la investigación.

El contexto:

• El Distrito Sur de Nueva York presentó el caso como parte de una serie de acusaciones emitidas desde 2023 contra más de 30 integrantes y asociados del Cártel de Sinaloa, incluidos miembros de su liderazgo.

• La fiscalía estadounidense describe al Cártel de Sinaloa como una de las organizaciones criminales más violentas del mundo y afirma que desde Sinaloa ha articulado redes para distribuir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos.

• La acusación apunta a una dimensión institucional del poder criminal: sostiene que funcionarios y policías no sólo habrían recibido sobornos, sino que habrían usado información oficial, capacidades de seguridad pública y protección política para facilitar operaciones del cártel.

• El caso queda asignado a la jueza Katherine Polk Failla, del Distrito Sur de Nueva York, y fue anunciado por el fiscal Jay Clayton junto con Terrance Cole, administrador de la DEA. Las penas potenciales señaladas por el Departamento de Justicia incluyen mínimos obligatorios de 40 años y, en algunos cargos, cadena perpetua; la sentencia final, en caso de condena, correspondería a un juez.