Disputa en el corral

La Fiscalía General de la República giró una orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier Cabeza de Vaca.

La Unidad de Inteligencia Financiera ordenó la congelación de cuentas bancarias, no solo a nombre del mandatario, sino de 12 personas físicas y 25 jurídicas.

Las imputaciones al gobernador tamaulipeco incluyen delincuencia organizada y lavado de dinero.

La orden de aprehensión se da en medio de una controversia de desafuero entre la Cámara de Diputados, el Congreso local de Tamaulipas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los diputados federales –con mayoría morenista- dictaminaron que por tratarse de delitos del orden federal, ellos le podían retirar el fuero. Los legisladores locales, en cambio, crearon todo un entramado jurídico para conservarlo.

De hecho, el pasado primero de mayo, el juez Aarón Zeferín Hernández había devuelto una petición de orden de aprehensión. Dijo que no se pronunciaría hasta que se demostrara que el gobernador ya no tenía fuero.

Fue ese mismo día en que el Congreso de Tamaulipas rechazó con 26 votos el desafuero, creando nuevas reglas para frenar el proceso de la legislatura federal.

Para el 14 de mayo, la Suprema Corte publicó la decisión del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien declaró improcedente el recurso legal del desafuero, dejando en claro que era al Congreso Local al que le correspondía la decisión final.

Pero el pasado lunes, tanto la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, como el presidente Andrés Manuel López Obrador, confirmaron que el gobernador había quedado sin fuero.

El argumento es que el artículo 111 Constitucional establece que la Cámara de Diputados se erige en jurado de procedencia para que se actúe penalmente por delitos federales contra los gobernadores.

Y una vez hecha la declaratoria de procedencia, se le comunica al Congreso para proceder -de acuerdo al artículo 84- a que se nombre a un gobernador interino o sustituto.

El abogado Alonso Aguilar Zinser, defensor del gobernador Cabeza de Vaca, dijo que con la sentencia de la Corte, el gobernador Cabeza de Vaca había quedado protegido por su fuero.

No habían pasado dos días de aquellas declaraciones controvertidas, cuando desde la Fiscalía General de la República se ordenó, ayer miércoles, girar la orden de aprehensión para proceder penalmente contra el mandatario tamaulipeco, de quien no se conoce su paradero.

En medio de la disputa, el jurista Francisco Burgoa declaró que la única opción que existe es respaldar al Congreso de Tamaulipas y a la Suprema Corte. Y que si quieren proceder contra el gobernador se tendrán que esperar a que termine su mandato en 2022.

Está claro que hay una abierta disputa legal y política en el corral en donde pasta Cabeza de Vaca. Y mientras se dilucida si existe o no el desafuero, el gobernador buscará pasar inadvertido en México e incluso buscar refugio político en los Estados Unidos, para evitar que le congelen sus bienes y sus cuentas norteamericanas.

Por el bien del Estado de Derecho y de la salud de la Nación debería respetarse el dictamen de la Suprema Corte, al menos, hasta que se dé la petición de aclaración sobre si existe o no el fuero.

Al margen de que el gobernador Cabeza de Vaca es indefendible, con todo un entramado de 11 cuentas bancarias a nombre de su mamá y 89 a nombre de sus hermanos, el Estado de Derecho debe prevalecer.

Y poner extremo cuidado para que un proceso de judicialización cuestionado no se convierta -en tiempos de elecciones- en una herramienta para negociar o para desarticular con los opositores.

Días más, días menos, el expediente del gobernador Cabeza de Vaca ya está integrado. Y sobran motivos para ponerlo tras las rejas. Lo único que se pide es que el expediente no se ensucie cuando no está agotado el debate sobre el fuero.

Lo dicho, hay disputa en el corral.