Detrás del Zaldívar vs Calderón

“Dice el presidente que no se te olvide quién te postuló”. En un momento en el que la oposición cuestiona la concentración de poder de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, denuncia la captura del Poder Judicial…en el sexenio de Felipe Calderón. 

Zaldívar se ha embarcado en una campaña mediática poco usual para un magistrado. Uno de sus mensajes recurrentes es que fue objeto de presiones políticas de la administración de Calderón  para orientar el sentido de su voto en el caso de la Guardería ABC y el caso de Florence Cassez. 

No es un reclamo nuevo. Desde el 2010, el equipo del ministro ha filtrado estos señalamientos a la prensa. La cita con la que se inicia este texto es atribuida a Fernando Gómez Mont, el tercer secretario de Gobernación del sexenio calderonista. “Para eso no te pusimos”, le habría dicho a Zaldívar en una visita a su despacho que tuvo lugar días antes de la votación sobre la Guardería ABC. 

Gómez Mont niega cualquier intervención inapropiada; sostiene que, como encargado de la política interior, estaba en su derecho de exponer los argumentos del gobierno. En última instancia, la voluntad del Ejecutivo Federal se impuso: el dictamen de la Suprema Corte eximió de cualquier responsabilidad a los ex directores del IMSS, Juan Molinar Horcasitas y Daniel Karam, así como al ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours. 

Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación que fue parte del ala progresista de la Suprema Corte, confirmó recientemente la denuncia del presidente de la Corte. “yo compartí con el ministro Zaldívar estos asuntos que él menciona. Compartí con él la decisión de la Guardería ABC y la propuesta que nos hizo de Florence Cassez. Hasta ahí se las dejo”, dijo. 

La liberación de Cassez, derivada de una sentencia histórica que puso el concepto del “efecto corruptor” al centro del debate jurídico nacional, fue posible hasta que Felipe Calderón dejó el poder. Su administración litigó y cabildeó el asunto de manera agresiva, a tal grado que las pruebas de lo que después fue desechado como un montaje televisivo fueron avaladas por la Procuraduría General de la República, un juez de distrito, un magistrado unitario y tres magistrados de un Tribunal Colegiado. 

Zaldívar ha hecho de este fallido legado calderonista una muestra para argumentar que la independencia del Poder Judicial se ha fortalecido en el gobierno de López Obrador. Su posición enfatiza que, a pesar de una percibida cercanía con el presidente de la República,  las votaciones y sentencias de los ministros de la Corte son reflejo de su innegable autonomía. 

Sin embargo, la oposición y algunos grupos de académicos y de la sociedad civil son escépticos del mensaje de Zaldívar. Critican, particularmente, el activismo mediático del presidente de la Corte, así como su pasividad frente a la renuncia ilegal (dado que no fue aprobada por el Senado) del ministro Eduardo Medina Mora. Su salida detonó una oleada de cuestionamientos de la oposición respecto a la solidez de los contrapesos constitucionales frente a la creciente influencia del Ejecutivo Federal. 

No obstante, al interior de la administración de López Obrador, había quien veía a Medina Mora como un ministro que ponía los intereses de un grupo político específico por encima del interés público. Es decir, se percibía como una representación de la injerencia de presidentes anteriores en los asuntos de la Corte. Dos de sus sentencias, emitidas en este gobierno, fueron duramente criticadas por la 4T: la suspensión provisional otorgada al gobernador de Nuevo León, Jaime “El Bronco” Rodríguez, en relación a su proceso de destitución; y el desbloqueo de cuentas que habían sido congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera. Esto, según un reporte del periodista Mario Maldonado, derivó en una investigación arbitraria en contra de Medina Mora por lavado de dinero que en última instancia provocó su renuncia. 

En ese sentido, la verdadera razón de la renuncia determinará en gran medida si el gobierno de López Obrador se diferencia de la llamada política de concertacesiones de sus antecesores, o si lidera una administración con respeto absoluto por el principio de separación de poderes.