Destruyen agentes del gobierno de Nuevo León cámaras e instalaciones de la Ruta 400

¿Qué pasó?

• Agentes del Instituto de Movilidad del gobierno de Nuevo León destruyeron cámaras e instalaciones de la Ruta 400 de transporte urbano.

• Se trata de la ruta que el gobernador Samuel García ordenó requisar el viernes pasado, una política de reacción al conflicto del gobierno del estado con empresarios de transporte.

• La Ruta 400 es operada por el empresario Abelardo Martínez, el principal vocero del sector transportista de Nuevo León.

• En la diligencia, los agentes de gobierno de Nuevo León tumbaron puertas blindadas, rompieron ventanas e hicieron boquetes para desactivar el sistema de circuito cerrado de la empresa.

¿Por qué importa?

• Las autoridades no realizaron la notificación legal de esta operación, la cual ocurrió días antes de que se realice el avalúo e inventario con el que el gobierno determinará el monto a pagar por la requisa de la ruta. Esto podría generar consecuencias penales.

• La diligencia subraya el conflicto del gobierno de Samuel García con los transportistas, una crisis adicional a los problemas de gobernabilidad del estado de Nuevo León: la escasez de agua, la creciente inseguridad y el golpeteo entre el poder ejecutivo y legislativo local.

El contexto:

• El viernes, el gobernador de Nuevo León ordenó la requisa de todas las líneas de transporte que, dijo, hayan elevado la tarifa de 12 a 15 pesos.

• La requisa implica que el gobierno tome control de los servicios concesionados a las empresas de transporte.

Los detalles:

• Fuentes del sector dijeron a Código Magenta que el gobierno ha tenido problemas severos en la operación de las pocas rutas de transporte: se han contratado choferes con poca experiencia y el índice de accidentes de estas líneas se ha elevado considerablemente.

• El gobierno de Nuevo León sostiene que los transportistas que han elevado su tarifa de 12 a 15 pesos, precio que está congelado desde diciembre de 2013, lo han hecho de manera ilegal.

• Los empresarios del transporte responden que, dado el aumento del precio del combustible y el alza de la inflación de los últimos ocho años, la tarifa actual de 12 pesos es económicamente insostenible.

• El sector transportista recrimina que el gobierno de Samuel García incumplió el pago de un subsidio de 50 millones de pesos que sería utilizado para evitar el aumento en la tarifa del transporte urbano.