19 de agosto 2019
Política
Cómo destituir al Bronco: una guía con dos versiones
Nuevo León
Hay dos caminos para destituir al Bronco de la gubernatura de Nuevo León. La que propone el PAN, que pide un juicio político que podría tardar meses. Y la propuesta de Movimiento Ciudadano que plantea seguir la sentencia del TEPJF al puede de la letra y sancionar a Jaime Rodríguez de manera inmediata. La diferencia es fundamental.
Por Rodrigo Carbajal
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En el Congreso de Nuevo León, hay dos versiones de cómo se puede destituir al Bronco:
La del PAN, que insiste en que se necesitan 28 votos para iniciar un juicio político que podría tardar meses.
Y la del Senador Samuel García y Movimiento Ciudadano, que plantean que el Bronco ya fue encontrado culpable por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de modo que sólo se necesitan 22 votos para establecer una sanción en un procedimiento sumario especial que podría ser mucho más rápido.
Esta diferencia de seis votos es fundamental porque se espera que el gobernador de Nuevo León va a usar todos los recursos disponibles para quedarse en el poder. De hecho, esta semana acudió a la oficina del subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, quién ha sido señalado como uno de los operadores de la aprobación de la Ley Bonilla en el Congreso de Baja California.
El argumento del PAN es que el Congreso no tiene facultad de sancionar con una destitución y que no se puede inventar un procedimiento nuevo.
El argumento de Movimiento Ciudadano es que el juicio político no procede porque la infracción del Bronco no se ubica dentro de los supuestos previstos en la Ley para llevar a cabo un juicio político.
Jaime Rodríguez fue encontrado culpable por la Sala Regional del TEPJF de haber desviado recursos públicos para su campaña presidencial y de haber coaccionado a 571 funcionarios públicos para recabar firmas para su candidatura en horario laboral.
La bancada de MC considera que esto es un delito grave, doloso y especial, por su naturaleza electoral.
Justamente aquí está la clave, porque hay una sentencia de febrero de 2019 de la Sala Superior del TEPJF que se asemeja al caso del Bronco.
José Ramón Enríquez Herrera, un alcalde de Durango fue encontrado culpable por la Sala Regional de ese tribunal de haber incurrido en promoción personalizada en su carácter de Presidente Municipal. Igual que Jaime Rodríguez.
Y así como lo pretenden hacer en Nuevo León, el Congreso de Durango acató esa sentencia e impuso una sanción al alcalde sin juicio político de por medio.
El Bronco ya fue juzgado y encontrado culpable. Eso es cosa juzgada. La sentencia de la Sala Regional solo pide al Congreso que actúe respecto a la sanción.
El caso Durango es importante porque fue impugnado, llegó hasta la Sala Superior del TEPJF y ahí se estableció el precedente de la ruta jurídica de cómo se castigará al gobernador de Nuevo León.
Esta es la secuencia:
- Hay una violación a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Eso es lo que ya se determinó el poder judicial respecto a las irregularidades en la campaña del Bronco.
- Existe una motivación electoral. Eso también está en la sentencia. A partir del caso Durango se estableció que la responsabilidad electoral se distingue de la responsabilidad civil, penal o administrativa y se ventila a través de procedimientos sancionadores especiales. Lo que nos lleva al siguiente punto.
- Se lleva a cabo el procedimiento especial sancionador. El TEPJF sentó el precedente de que el superior jerárquico de un titular del ejecutivo es el Congreso, de modo que en estos procesos existen tres tipos de autoridades. Autoridad investigadora, que es el INE. Autoridad resolutoria, que es el tribunal y autoridad investigadora, que es el poder legislativo.
Lo que sigue es que el Congreso determine la gravedad de la falta y aplicar la sanción, que puede ser: apercibimiento, amonestación, multa, destitución, inhabilitación, una combinación de ellas, o todas juntas.
Legalmente, el camino está claro. Pero políticamente, las cosas se están complicando.
La Comisión Anticorrupción, que preside Arturo Bonifacio de la Garza, de Movimiento Ciudadano, convocó a una reunión con las bancadas del Congreso de Nuevo León. El PAN, el PRI, Morena, Nueva Alianza y el PT no acudieron.
En el PAN se ha dicho abiertamente que eso es una cruzada mediática de Movimiento Ciudadano, lo cual no necesariamente deja de ser cierto.
Sin embargo, el único beneficiario de esa lucha política es el gobernador de Nuevo León, cuya inocencia no está en entredicho. El Bronco ya fue declarado culpable, pero su status de impunidad se mantiene.
La pregunta es si están conscientes de ello en el Congreso.