Desplantes de dictador

Cuando Alberto Fujimori asumió, en 1990, la presidencia de un Perú convulso, decidió hacerle frente no solo a los abusos de las élites política y económica, sino a los terroristas cómo Sendero Luminoso que tenían postrada en sangre a la nación heredera del imperio inca.

Pero cuando Fujimori se vio obligado a poner orden, tuvo los arrestos de decretar la desaparición del Congreso para convocar a un nuevo poder constituyente. Todo para darle certidumbre a la transformación que lideraba.

Por desgracia eso no sucede en México, donde desde hace tres años el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió despreciar las instituciones e imponer un estilo personal de “El Estado soy Yo”.

Su último manotazo es el anuncio del decreto para transferir -aún sin la aprobación del Congreso- la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. La oficialización de la militarización en las tareas de seguridad.

Este es el último eslabón de una larga cadena de mentiras tejidas desde su candidatura presidencial, cuando el ahora inquilino de Palacio Nacional prometió a los electores que devolvería a los militares a los cuarteles. Mentira.

Apenas cruzó su pecho la banda presidencial y convirtió a los hombres de verde olivo no solo en su mejor escudo protector, sino en sus mejores aliados y cómplices de contratos nada transparentes, en todo tipo de obras públicas, antes reservadas para los civiles. 

Les cambió los fusiles por picos, palas y abultadas chequeras. Y con su política de “Abrazos, no balazos” les regaló el pretexto para eludir el combate al crimen organizado. Criminal y vergonzoso.

Bajo la misma promesa de campaña anunció la desaparición de la Policía Federal para reemplazarla por una Guardia Nacional de corte civil.

Otra flagrante mentira que se evidenció cuando, al frente de la nueva institución, designó al general retirado Luis Rodríguez Bucio.

En 2021 intentó en vano darle el control de esa guardia, supuestamente civil, a los militares. El debate llegó hasta la Suprema Corte y se determinó que la modificación al transitorio que la creaba debía ser sometida a votación en el Congreso.

La propuesta ya está en lista de debate para el próximo periodo en la Cámara de Diputados, pero el presidente López Obrador tiene alguna urgencia, porque sin respetar a las instituciones anunció que “por sus pistolas” -es decir, por decreto- le entregará a los militares a la Guardia Nacional.

A las labores del todavía despreciado Aeropuerto Felipe Ángeles; a la construcción de algunos tramos del controvertido Tren Maya; a la edificación de las sucursales del Banco del Bienestar; a las labores agrícolas de Sembrando Vida; los hombres y mujeres en verde olivo sumarán las funciones policiacas que correspondían, no solo a la Federación, sino a Estados y municipios.

Pero al desplante autoritario de militarizar por decreto la Guardia Nacional hay que sumar el uso y el abuso del término “seguridad nacional” para que la presidencia pase por encima de las instituciones legislativas y del poder judicial.

El mejor ejemplo es el del Tren Maya, en el que los litigios por los derechos de paso venían alentando la obra.

La salida fácil fue decretar esa obra como un asunto de “seguridad nacional”, buscando eludir, detrás del oscuro precepto, cualquier litigio y de paso cerrar el paso para que se conozcan los costos de una de las tres obras insignia del gobierno de la Cuarta Transformación. Como ya sucedió con el AIFA y con la refinería de Dos Bocas. Nadie sabe, nadie supo.

Y como en este país muy pocos alzan la voz, incluyendo la desarticulada Oposición que prefiere el silencio, se comienza a popularizar el decreto de la “seguridad nacional” para brincarse trancas. Como sucedió en el caso de la estrategia para hacerle frente a la crisis del agua en Monterrey.

Pero ya el clímax del manotazo autoritario se da con el anuncio de que, por causas del drama hídrico, quedará prohibida la instalación de nuevas cerveceras en el norte del país.

Y como si se sintiera avergonzado porque México está convertido en el exportador número uno de cerveza a nivel mundial, cuestiona a una industria a la que pretende imponerles decisiones unilaterales, sin mediar análisis o diálogo alguno.

Si el consumo de agua es el factor para la prohibición, ¿decretará lo mismo para las empresas de lácteos, las refresqueras y, sobre todo, para las refinerías de Pemex que gastan agua a raudales?

Desde que en el Congreso le frenaron la fallida Reforma Eléctrica, el inquilino de Palacio Nacional se muestra más intolerante de lo que ya lo era. Los desplantes de dictador abundarán de aquí a que termine su gobierno.

Y en el Perú de Fujimori, aquellas leyes promulgadas por el nuevo Congreso llevaron a la cárcel a tres presidentes, orillaron al suicidio a un cuarto y el nuevo mandatario, Pedro Castillo, está en la antesala de pedir asilo en México porque -allá sí- la Oposición lo  confronta. Con la Ley no se juega.