Desabasto de ley

En el círculo cercano de López Obrador, creen que el mensaje del Presidente tiene destinatario: Carlos Romero Deschamps, quién ha sido el líder del sindicato petrolero durante 35 años y que hoy, al igual que durante el sexenio de Felipe Calderón, enfrenta acusaciones de estar ligado a una organización criminal para robar combustible desde el interior de Pemex.

En el fondo, México no sólo enfrenta un desabasto de gasolina, sino un desabasto de ley

60 mil millones de pesos. Ésa es la magnitud de los ingresos anuales que genera el llamado cártel del huachicol, según estimaciones oficiales. Por sí mismo, eso representa un problema de seguridad nacional.

De acuerdo a RAND Corporation, uno de los contratistas militares más importantes de Estados Unidos, los cárteles de la droga en México obtienen 6,600 millones de dólares al año por la exportación de drogas al norte de la frontera.

Es decir, el robo del combustible representa casi la mitad de los ingresos del narcotráfico.

Lo más grave es que este es un negocio que creció al amparo del poder político.

Pero no sólo son los directores de Pemex. López Obrador sugiere que el problema del robo de combustible fue ignorado deliberadamente por Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

El Presidente no ofrece ninguna prueba para soportar esta afirmación, pero las cifras del gobierno plantean que los ingresos que generaba el negocio del huachicol en el 2002 eran de 12 mil millones de pesos al año.

En tres sexenios, esta industria ilegal creció en un 500 por ciento. A pesar de ello, no hay investigaciones de la PGR que hayan terminado en la sentencia de altos mandos de Pemex o de miembros del crimen organizado. Tampoco se implementaron políticas eficientes para blindar a Pemex de la infiltración de los cárteles de la droga.

El gobierno mexicano fue exhibido en octubre del año pasado cuando el periódico Reforma publicó que la Comisión Reguladora de Energía expidió permisos de venta y transportación de gasolina a Juan Manuel Muñoz Luévano, un presunto operador financiero del Cártel de los Zetas que está preso en España y que espera ser extraditado a Estados Unidos.

La Policía Española sospecha que Muñoz manejaba una red de transportación y venta de combustible robado y externó su preocupación por sus probables vínculos con un ex director de administración de Pemex.

Se ha dicho hasta el cansancio: la raíz del problema es la falta de Estado de Derecho. Sin embargo, el gobierno de López Obrador, como el de sus antecesores, ha encontrado que para hacer valer la Ley hay que enfrentarse a poderosos intereses y a fuertes obstáculos operativos.

El primero es el del desabasto de gasolina generado por el cierre de ductos. La administración de AMLO lo aprendió de mala manera porque, según Gonzalo Monroy, asesor energético en GMS Consulting, Pemex cerró los ductos de la refinería de Salamanca sin hacer el cálculo correcto del inventario de las terminales de almacenamiento y reparto ligadas a esa red de abastecimiento.

México solo tiene una capacidad de almacenaje de hidrocarburos de dos días, importa casi 900 mil barriles diarios de gasolina y diésel y además tres cuartas partes del combustible se mueven por ductos.

Aunque estas condiciones exacerbaron el error de Pemex, al interior del gobierno se argumenta que cerrar los ductos era necesario para que un operativo militar de la marina pudiera identificar a algunos de los responsables de la venta de combustible robado.

El segundo obstáculo es el del sindicato petrolero. La periodista Ana Lilia Pérez,  autora de “Pemex RIP” y “El Cártel Negro”, refiere que el grupo de Romero Deschamps controla los puestos que son críticos para el abastecimiento de terminales a través de ductos.

La resistencia al cambio está al interior de Pemex. Y el líder del sindicato petrolero no tiene ningún problema en reconocerlo.

Roberto Rock, del Universal, explica en un artículo que cuando el gobierno de Felipe Calderón intentó ir por Romero Deschamps, el líder sindical le hizo saber lo siguiente a Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública:

“Señor secretario, lo prevengo de que una medida arbitraria contra compañeros del sindicato, sin bases ni pruebas, nos hará protestar paralizando al país; tome usted sus decisiones, y asuma las consecuencias”.

En efecto, García Luna y Calderón tomaron la decisión de dejarlos en paz.

Esto nos lleva al tercer obstáculo: los intereses políticos y empresariales que mantienen vivo al huachicol, dentro y fuera de México.

Según información de Insight Crime, cuando las agencias de inteligencia de Estados Unidos estaban investigando las conexiones de la mafia italiana con los cárteles mexicanos se encontraron con un audio en el que algunos ejecutivos de empresas energéticas estadounidenses se quejaban de que miembros del cártel de los Zetas y del cártel del Golfo habían sido arrestados.

La grabación llegó a las oficinas de Pemex y la paraestatal mexicana decidió llevar su caso a la Justicia de Estados Unidos en tres diferentes juicios a partir del 2010. Demandaron a 23 compañías americanas y a seis personas de conspirar con los cárteles mexicanos para vender gasolina que había sido robada de ductos en México.

Pemex esperaba una compensación de 300 millones de dólares pero perdió todos los juicios por falta de evidencia.

Sin embargo, el juez dejó claro que había otra razón por la que había fallado en contra de la petrolera mexicana: la justicia estadounidense encontró que Pemex tenía conocimiento de estas operaciones de robo de gasolinas desde cuatro años antes de que empezara el primer juicio.  El caso dejó la impresión de que era una simulación y de que Estados Unidos protegería a sus empresas a toda costa.

Y finalmente, el cuarto obstáculo, el de la seguridad y gobernabilidad. Para George Baker, uno de los consultores energéticos de mayor prestigio en México, el costo social y el impacto en los niveles de violencia de un combate frontal al huachicoleo sería mayor que las pérdidas actuales.

Esta hipótesis se refuerza con el espiral de homicidios que ha dejado la disputa del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel Santa Rosa de Lima en el Bajío. En agosto del año pasado, Guanajuato alcanzó una tasa de 38 homicidios por cada cien mil habitantes, niveles que son comparables a los de Guatemala y Honduras.

Por eso decimos que México enfrenta un desabasto de Ley, porque para hacer valer el Estado de Derecho, el país tiene enfrentar intereses que antes parecían intocables. Y eso tiene un costo muy alto.