Depende de Arturo Zaldívar

En 1994, en medio de una fuerte disputa por el control del Estado entre el gobierno entrante de Ernesto Zedillo y las figuras de poder afines a su antecesor que permanecían en el gobierno, se aprobó una reforma judicial. Se disolvió la antigua Suprema Corte de 26 ministros y se nombró un nuevo Pleno integrado por once magistrados.

Se cuestionó si se trataba de un golpe de Estado, un intento del Ejecutivo Federal para controlar a uno de los poderes que estaba fuera de su área de influencia.

“Habría que decir que la operación golpista de Zedillo contó con la complicidad de los dos partidos mayoritarios representados en el Congreso, de una crítica tenue por parte de los medios de comunicación y de un discurso lo suficientemente convincente para demostrar a la gente que los cambios aprobados resultaban necesarios, aún cuando nunca se hubiera planteado con anterioridad la posibilidad de renunciar a la totalidad de los ministros de la Corte”. Éste es el fragmento de un análisis realizado en el 2012 por Guillermo Ruiz Morales, Maestro en Ciencia Política por el Colegio de México. El texto retrata el clima de hostilidad con el que fue recibida la reforma judicial de 1994 por parte de algunos círculos de la academia.

Un cuarto de siglo después, en condiciones similares, han surgido críticas en el mismo sentido: el Ejecutivo Federal está intentando capturar a la Corte.

Andrés Manuel López Obrador, cuya coalición política tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso, es el primer presidente del periodo de transición democrática en tener la facultad de enviar ternas para nombrar a tres ministros de la Suprema Corte en su primer año de gobierno.

A simple vista, esto parece implicar una concentración de poder sin precedentes desde la administración de Carlos Salinas de Gortari. No obstante, al interior del gobierno prevalece la idea de que no hay injerencia alguna de esta administración sobre el poder judicial. Al contrario, se considera que una parte de la Corte está capturada por ministros que operan activamente a favor de importantes figuras políticas del régimen anterior.

La renuncia de Eduardo Medina Mora, atribuida por el periodista Mario Maldonado a presiones de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, disputa la narrativa del oficialismo. Su salida ocurre en un momento en el que el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, ha hecho un esfuerzo mediático para hacerle llegar un mensaje al presidente de la República de que favorece la idea de la 4T de promover una reforma blanda al interior del poder judicial.

El brazo jurídico de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, una organización no gubernamental financiada por el empresario Claudio X. González, ha enviado alertas al respecto. Critican, particularmente, la suspensión del magistrado Jorge Camero, el otrora encargado de resolver los amparos vinculados a la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y quien ahora enfrenta una investigación por la transferencia irregular de 80 millones de pesos.

Esta óptica no favorece el discurso oficial de que el presidente López Obrador se ha mantenido al margen de la dinámica de poder que tiene lugar en el poder judicial. Pero representa sólo un punto de vista, el de la oposición. Arturo Zaldívar, que insiste en diferenciar a la Corte como un contrapeso y no como un grupo de oposición, asegura que la independencia del máximo tribunal no debe ser juzgada en función de la retórica del clima político actual, sino a partir de las votaciones y deliberaciones de los ministros.

Además, no es el gobierno de López Obrador el que ha hecho argumentos explícitos sobre la existencia de un Estado dentro del Estado en la Suprema Corte de Justicia, sino el gobierno del estado de Chihuahua, que promovió una Controversia Constitucional para que los ministros Medina Mora y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se declaren impedidos en temas vinculados al ex presidente Enrique Peña Nieto. 

Aún en los gobiernos del periodo de transición democrática, la Corte no ha estado exenta de presiones. Ciertamente no lo estuvo en la administración de Felipe Calderón, con los casos ABC y Cassez, o en el de Peña Nieto, que ha intentado construir un blindaje jurídico en el máximo tribunal.

Para Andrés Manuel López Obrador, la deliberación respecto a si su gobierno ha sido intervencionista o no recae en última instancia en el nombramiento del siguiente ministro.