Democracia de luto

Si la democracia se sometiera al ejercicio de grado de inversión, a México y a Morena, ya les habrían bajado la calificación.

La noche del martes 23 de julio pasará a la historia como uno de los episodios negros de la democracia mexicana. Y lo más lamentable es que el epicentro de la desilusión tiene partido y se llama Morena.

Como delincuentes, a puerta cerrada, en una sede alterna al Congreso local, los legisladores bajacalifornianos fueron notificados de manera exprés que fue validado el proceso legal que aprobaron para ampliar de dos a cinco años el período de gobierno de Jaime Bonilla.

Una mayoritaria y generosa oposición, con el PAN al frente, le regalaron al gobernador morenista tres años de gobierno que no se ganó en las urnas. El sufragio popular votó una elegibilidad de dos años, no de cinco.

Nadie compra la especie de que fue gratis. Nadie regala a un opositor tres años de gobierno, cuando sabe que en 24 meses puede recuperar el espacio político perdido.

Y como nadie regala nada, las preguntas obligadas son: ¿A cambio de qué le ampliaron 36 meses más el tiempo de gobierno al morenista Jaime Bonilla? ¿Con sólo tres diputados de Morena en el Congreso local lograron el quórum y la mayoría obligada de 18?

La especulación da para hablar de compra de voluntades, como ya lo denunció el perredista Jaime Martínez Veloz, o de un acuerdo, también en lo oscurito, para no revisarle las cuentas al gobernador saliente, el panista Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid.

El hecho es que seis de los 12 diputados panistas se le voltearon al PAN y con ello dejó de ser la bancada con más curules de los ocho partidos en el Congreso local bajacaliforniano. Y “convenciendo” a otros legisladores, mayoritearon ¡a favor de su adversario político!

Y aunque en lo local ese caso es cosa juzgada, existen dos instancias que puede rescatar de ese fango a Morena. 

Una, la controversia que ya se depositó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la que se definirá si las atribuciones del Congreso bajacaliforniano pueden pasar por encima de lo que dictó la voluntad popular en las urnas.

Y dos, la iniciativa del legislador morenista y presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, quien censurando la afrenta propuso que si no se enmienda el absurdo se podría invocar la desaparición de poderes en Baja California.

El que se quedó al filo de la navaja fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien –en efecto- legalmente tiene que respetar la voluntad del Congreso local en espera del fallo final, tanto en la Corte como ante el poder legislativo federal. Pero consumados éstos, tendrá la obligación de fijar una postura más contundente, sobre todo porque atañe a su partido, Morena.

Y si no es así, qué sigue. ¿Que el Congreso de Nuevo León vote una extensión de mandato de tres años más para Jaime “El Bronco” Rodríguez?

O para irnos más lejos, ¿que el Congreso federal vote una ampliación de tres años al sexenio del presidente López Obrador?

Dejar correr esta ilegalidad apadrinada por Morena y con el beneplácito de personajes claves del partido en el poder,  solo despierta suspicacias y obliga a la condena generalizada.

El presidente López Obrador siempre condenó los acuerdos en lo oscurito, siempre distinguió entre lo que es legal y lo que es moral. Y el golpe a la democracia en Baja California no puede ser la excepción.

Con esta operación política lo que se evidencia es que Morena ya está empleando las mismas prácticas que el PRI y el PAN utilizaban cuando de comprar voluntades se trataba, para lograr sus cuestionables fines.

Ahora va a resultar que el priista bajacaliforniano Jorge Hank Rhon será una blanca paloma, frente a los atropellos democráticos de los morenistas Jaime Bonilla y Yeidckol Polevnsky.