Debanhi exige: ¡abran los ojos!

La tragedia de la desaparición y muerte de Debanhi Escobar se convirtió, desde Nuevo León, en un escaparate nacional para obligar a México a despertar, todavía más frente al doloroso drama de los feminicidios.

Más de 20 mil mexicanas desaparecen cada año y 3 mil 500 son asesinadas en este país, que ya hizo de los feminicidios un pan de cada día, algo habitual. Después de todo, son 50 desapariciones diarias y 10 mujeres que pierden la vida cada 24 horas.

Pero el drama crece en medio del pasmo de las autoridades responsables de dar una solución. Desde el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en sus monólogos mañaneros suele minimizar o de plano evadir el tema, hasta gobernadores como Samuel García, quienes creen que resolverán el drama con ocurrencias mediáticas sembradas a través de las redes sociales.

Nadie se asume responsable, todos echan culpas a los gobiernos pasados, a “los conservadores”, mientras que en sus narices las cifras crecen y el modus operandi de los asesinos se torna más frecuente, más cruel y violento.

Asómense al caso de Nuevo León, en donde el gobierno naranja de Samuel García y de Mariana Rodríguez conocían desde octubre -cuando tomaron posesión- de la crisis que se vivía con las desapariciones y asesinatos de mujeres, en el estado más próspero y educado de México.

Por supuesto que el problema se heredó de irresponsables gobiernos anteriores. Cuando Jaime “El Bronco” Rodríguez asumió en 2015 la gubernatura, eran 82 las mujeres desaparecidas por año. Cuando acabó su sexenio, la cifra se había más que triplicado para alcanzar las 264 mujeres nuevoleonesas desaparecidas y no localizadas en 2021.

Pero, el cerrar los ojos a la urgencia de atajarlo, de resistirse a admitir que en el área metropolitana de Monterrey -como en muchas otras metrópolis como la Ciudad de México o Guadalajara- operan grandes bandas de trata de personas, en especial de secuestradores y asesinos de mujeres, solo propició que la impunidad alentara a los criminales.

Aunque no se quiera admitir, pretextando no alarmar, estamos ante bandas bien organizadas, dedicadas a la trata de personas en las que confluyen poderosos intereses económicos del crimen organizado, pero también de influyentes políticos, hombres de empresa, juniors sin escrúpulos, al igual que responsables de la seguridad local y federal, e integrantes del poder judicial. Son cofradías bien articuladas, aceitadas, protegidas y cómplices.

Son esos grupos los que, por negocio, diversión, bebida, drogas o dinero, atraen a mujeres preferentemente jóvenes para asistir a fiestas en donde lo inconfesable termina por obligar a desaparecer a quien o quienes los pueden denunciar y hundir sus trayectorias.

No es casual que, más del 60 por ciento de las mujeres desaparecidas en Nuevo León entre el 2018 y lo que va del 2022, se ubicaban entre los 15 y 29 años de edad. La juventud y la inocencia son dos mercancías muy solicitadas por quienes están dispuestos a pagarlas a cualquier precio.

¿Alguien ya se tomó la molestia de ver en qué días, a qué horas, en qué rumbos, bajo qué condiciones, se dieron esos cientos y cientos de desapariciones en la zona metropolitana de Monterrey para tratar de establecer un patrón más allá de lo casuístico?

Esas cifras elevadas de secuestros y feminicidios solían registrarse hace un par de años en Tamaulipas, pero se mudaron a Nuevo León. ¿Algo tendrán que ver quienes utilizan esas entidades como trampolines para sus negocios ilícitos y de dinero fácil?

Si el gobernador Samuel García busca, de verdad, una solución de fondo para impedir que continúen apareciendo mujeres sin vida, que deje a un lado sus estrategias mediáticas y que despierte a la realidad. Que enfrente el problema como lo que es, como un abierto y descarado tráfico de personas, y no como simples casos de muertes accidentales que muy pocos creen.

¿O acaso alguien compra la historia de la joven que va en taxi a un motel y que es captada por las cámaras, vagando por sus pasillos en la madrugada para terminar cayendo en una cisterna vacía y morir de una severa contusión en el cráneo? ¿Trece días para dar con el cadáver? De eso no pidan video.

Y luego, las autoridades se preguntan por qué están abundando las marchas de mujeres que salen a reclamar, incendiando incluso las puertas de Palacio de Gobierno. Simple: porque el Estado es impotente para darles seguridad y porque no hay quienes se crean esos cuentos con guiones fabricados para consumirse en Tik Tok o en Instagram.

Si el gobierno naranja de Nuevo León insiste en tratar como anarquistas e insurgentes a los colectivos de mujeres como Amores, FUNDENL, ESLABONES y Buscadoras NL, el destino será de mayor confrontación, creciente violencia y nuevas desapariciones.

Si en cambio se rectifica la estrategia mediática de inundar las redes con conferencias para saciar apetitos morbosos y ganar “Likes”, podría abrirse un espacio para encontrar una  solución de fondo. Y esa salida solo pasa porque no se repitan más tragedias como la de Debanhi.