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6 de junio 2025

3 de junio 2025

Política

Convenio de SCT pone en entredicho acusaciones del caso Viaducto

Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de Presidencia, niega haber intervenido a favor de la empresa Aléatica (antes OHL) para frenar un procedimiento penal y administrativo en contra de la compañía por la presunta explotación irregular del Viaducto Bicentenario

Por Redacción Magenta

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Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de Presidencia, niega haber intervenido a favor de la empresa Aléatica (antes OHL) para frenar un procedimiento penal y administrativo en contra de la compañía por la presunta explotación irregular del Viaducto Bicentenario.

En febrero de 2022, en medio de un conflicto institucional entre las oficinas de Scherer y de Alejandro Gertz Manero, la Fiscalía General de la República abrió una investigación contra el entonces consejero jurídico en relación al caso Viaducto.

Un convenio firmado en octubre de 2020 por el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, y por autoridades del gobierno del Estado de México, pone en entredicho las acusaciones.

El documento oficial establece la colaboración entre niveles de gobierno y valida expresamente todas las acciones anteriores relativas a la conservación y operación del tramo: se estipula que, desde 1983, mucho antes del gobierno en el que participó Julio Scherer (2018-2021), el tramo carretero en cuestión fue cedido formalmente por el gobierno federal al Estado de México mediante un convenio de colaboración.

Es decir, se reconoce explícitamente la concesión otorgada por el gobierno federal al Estado de México y ellos a la empresa, como un acto plenamente legítimo bajo la jurisdicción estatal.

Este reconocimiento jurídico fortalece la postura de que las concesiones, negociaciones y operaciones realizadas en torno a este tramo carretero han sido legales y autorizadas por las instancias competentes desde hace años.

Este acto jurídico implicó una transferencia amplia y clara de la jurisdicción, administración y conservación del tramo carretero, delegando al Estado responsabilidades que antes correspondían a la Federación.

Por lo tanto, cualquier acusación que sugiera que Scherer utilizó indebidamente su cargo para influir en decisiones relacionadas con dicho tramo desconoce que la jurisdicción sobre estas vías estaba claramente definida desde hace décadas.

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