Contratos a prueba de AMLO

Cuando se promulgó la reforma energética, prácticamente ninguno de los asistentes a Palacio Nacional apostaban a que Andrés Manuel López Obrador se convertiría en Presidente de México cuatro años después.

Pero hubo excepciones. Un grupo que sí lo vio venir fue el de los abogados que armaron los contratos de Odebrecht, IENOVA, Transcanada, Carso e ICA con Pemex, CFE y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.

Hay una razón por la que AMLO está hablando de renegociar los contratos, no de cancelarlos: porque a pesar de las irregularidades, de los conflictos de interés y de los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación; prácticamente todos los mega contratos de infraestructura de la administración de Enrique Peña Nieto se firmaron con cláusulas de rescisión excesivas y desventajosas para el Estado mexicano.

Éste es el común denominador de la red de gasoductos de CFE, de la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y de la relación de negocios de Odebrecht con Pemex Transformación Industrial.

Primer caso: El Desfalco Profundo de CFE

El Presidente está hablando de una red de 24 gasoductos por la que la CFE pagará 846 mil millones de pesos hasta 2048, de acuerdo a documentos internos de la empresa.

El problema es que esa es la tarifa equivalente a la utilización del cien por ciento de la capacidad de la red, cuando sólo se está haciendo uso del 8.18 por ciento, como se documentó en una investigación conjunta de Código Magenta con Quinto Poder.

Es decir, se está pagando por proyectos detenidos cuya conclusión es incierta. Y eso se debe a que los abogados de las empresas privadas incluyeron una cláusula de caso fortuito o fuerza mayor que obliga a la CFE a seguir pagando en caso de que se presenten ciertas situaciones que impidan el desarrollo de la obra.

El ejemplo más evidente es el del gasoducto Texas Tuxpan: de acuerdo a un análisis interno de la CFE, la empresa del Estado está pagando 28 millones de dólares al mes por esta obra de infraestructura cuya construcción está retrasada y está evitando la interconexión de otros gasoductos.

¿Entonces, por qué el Presidente habla de renegociar los contratos y no de cancelarlos? Porque las cláusulas de rescisión podrían costarle a la CFE 280 mil millones de pesos, prácticamente el costo original proyectado para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Además, pagar esta cantidad sería a fondo perdido porque la CFE no puede ser dueña de los gasoductos por consideraciones de la Ley Federal de Competencia Económica.

Aprovechando esa situación, se estipuló que los contratos de los gasoductos fueran de transporte, no de concesión de infraestructura.

Y un detalle adicional: no fue la CFE la que firmó estos contratos, sino una subsidiaria privada, CFE Energía, lo que habría facilitada la captura regulatoria.

En pocas palabras, los abogados de IENOVA, Carso, Transcanada y Fermaca hicieron excelentemente bien su trabajo.

Segundo Caso: el dilema del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México

En este caso, la supervivencia del proyecto no dependió de cláusulas ventajosas, sino de la manera en que se diseñó el financiamiento de la obra.

Pocos pensaban que López Obrador gastaría miles de millones de dólares a fondo perdido, que eso sería suficiente para amarrar el proyecto, independientemente de sus fallas y señalamientos de irregularidades. Pero no fue así.

Cuando la administración de López Obrador canceló el NAIM tuvo que gastar 1,800 millones de dólares para recomprar los bonos en manos de inversionistas internacionales, otros 860 millones de dólares para adquirir la posición de las Afores en el proyecto y tuvo que financiar 4,200 millones de dólares adicionales a veinte años para pagarle al resto de los tenedores.

¿Cuál era alternativa? Pagar un sobrecosto de casi cien por ciento del proyecto, con cargo a la deuda pública, porque el financiamiento a pagarse por la tarifa de uso de aeropuerto, conocida como TUA, era limitado.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes estima que el NAIM terminaría costando 16,500 millones de dólares, una cifra que no considera el costo por mantenimiento de las condiciones de suelo inadecuadas.

Para la Academia de Ingeniería de México, la situación hubiera sido peor: el proyecto habría costado en total 21,950 millones de dólares.

Para muchos, la administración de Andrés Manuel López Obrador escogió el peor de los dos males.  En cualquier caso, heredó una bomba a punto de estallar.

Tercer Caso: La relación Pemex-Odebrecht

Tres años después de que Odebrecht se declaró culpable ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Pemex sigue subsidiando a una de las filiales de la constructora brasileña, Braskem, que es accionista mayoritaria del complejo Etileno XXI.

Pemex Transformación Industrial se comprometió a proveer 66 mil barriles diarios de etano a un precio fijo durante veinte años. Esto a pesar de que la compañía no tiene esa capacidad de producción.

El contrato estipula una multa de 300 millones de dólares en caso de incumplimiento. Y de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación,  los últimos dos años Pemex le vendió el etano a Etileno XXI a apenas 38 por ciento del precio de mercado.

Se trata de un negocio de una filial de Odebrecht garantizado con dinero público. La Auditoría Superior de la Federación recomendó cambiar las condiciones del contrato que firmó Jordy Herrera en 2010 y que ratificó Alejandro Martínez Sibaja en 2013. Sin embargo, nada ha cambiado.

De hecho, Odebrecht está reclamando un pago de 2,245 millones de pesos por la rescisión de otros contratos relacionados con las refinerías de Tula y Salamanca.

Ésta es la herencia de la Cuarta Transformación, el de los compromisos con negocios inviables con cargo al erario que son más caros de cancelar que de mantener.