Ciendudas

Como ya suele ser su costumbre, el presidente Andrés Manuel López Obrador encendió un nuevo fuego. Y este atizó una hoguera diplomática y de seguridad que amenaza con incendiar las relaciones entre México y los Estados Unidos.

Sin mediar el compromiso legal de mantener en secreto la carpeta de investigación entregada por los norteamericanos, el mandatario mexicano ordenó que se publicara el expediente íntegro, en torno a la investigación del General Salvador Cienfuegos.

El inquilino de Palacio Nacional buscaba con esa decisión lavarle la cara a la Fiscalía General de la Nación, que exoneró al ex secretario de la Defensa de los presuntos cargos de narcotráfico, lavado de dinero y protección al crimen organizado, que se le habían fincado en los Estados Unidos.

Peor aún, en la misma mañanera, el presidente López Obrador se lanzó contra la DEA y la acusó de fabricar pruebas para sostener el caso, que cumplía 10 años bajo investigación y que aunque libere de juicio al militar, tiene todavía sujetos a investigación a otros implicados.

“Entonces, resuelve la fiscalía que no procede la acusación que se le fabricó al general Cienfuegos, por la agencia estadounidense encargada del combate a las drogas”.

El general Salvador Cienfuegos fue detenido el 15 de octubre del 2020 cuando viajaba con su familia en el aeropuerto de Los Ángeles, provocando un cisma entre el gobierno mexicano y las Fuerzas Armadas, involucradas hoy en casi todas las actividades del gobierno de la Cuarta Transformación.

Sin defensa de por medio, el presidente López Obrador lamentó entones la detención y prometió una limpia hacia el interior de los mandos castrenses, en particular contra quienes fueron colaboradores cercanos del General Cienfuegos. La postura presidencial provocó un conflicto con los uniformados de verde olivo.

Pero poco más de un mes después de la detención, el 17 de noviembre, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos liberó al ex secretario de la Defensa y lo entregó a México junto con el delicado expediente, para que la fiscalía de nuestro país continuara con las investigaciones.

Por ser inédita, la decisión de liberar en Estados Unidos al elevado personaje -que era acusado de proteger al narcotráfico- cimbró las estructuras de inteligencia, no sólo en los Estados Unidos, sino en México.

Al momento de liberarlo, las autoridades judiciales norteamericanas invocaron “consideraciones sensibles e importantes de política exterior” que superaron el interés del gobierno de los Estados Unidos para continuar con la acusación.

¿De qué tamaño eran esas “consideraciones sensibles” para que los norteamericanos renunciaran al caso más importante de narcotráfico y lavado de dinero, que les llevó 10 años investigar?

¿De verdad fueron tan ingenuos e ineficientes quienes desde la DEA integraron la carpeta de investigación como para armar un ridículo internacional que desacreditara al máximo organismo del combate al narcotráfico?

Para algunos analistas, esas “consideraciones sensibles” se ubican en que, en sus primeras comparecencias, el General Cienfuegos habría revelado que conocía desde hacía años que se le venía investigando.

Y que él también fue haciendo acopio de audios y videos de funcionarios de la seguridad norteamericanos, consumando pactos inconfesables o con comportamientos dudosos, que obligaría a denunciarlos. Tanto como se le pretendía involucrar a él.

El continuar con el juicio, además del encontronazo diplomático con México, amenazaba con desacreditar a poderosas instancias de seguridad como la DEA, el FBI y la CIA.

Por eso, el gobierno norteamericano y su independiente sistema judicial, concluyeron aun con la crítica decisión, que era más barato devolverlo a México para que el caso se ventilara en la fiscalía azteca.

Por supuesto que con las revelaciones de la carpeta, hoy indebidamente revelada y que por razones legales debió resguardarse, las acusaciones contra el General Cienfuegos no son ni contundentes ni concluyentes. Abundan las sospechas, pero no hay evidencias definitivas que superen las dudas. Sólo con la carpeta.

Pero la sacudida que el presidente López Obrador le dio al gobierno norteamericano, acusando a la DEA de fabricar pruebas y por consecuencia el caso, se convirtió en un balde de gasolina que reavivó un siniestro diplomático de insospechadas consecuencias, en la antesala de la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca.

Por lo pronto, la reacción inmediata del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, al conocer las acusaciones del mandatario mexicano, fue la de advertir que se reservaba el derecho de reiniciar un proceso judicial contra el ex secretario de la Defensa, ahora exonerado en México.

Cuando el General Cienfuegos fue devuelto, el canciller Marcelo Ebrard declaró entonces que sería suicida no hacer nada para concluir el caso.

“Sería muy costoso para México haber optado por tener esa conversación con Estados Unidos, lograr que se desestime por primera vez en la historia los cargos contra un ex secretario, en este caso, de la Defensa; que sea retornado a México y luego no hacer nada, yo diría sería casi suicida, para eso mejor no hacemos nada, que se quede allá”.

Con la ilegal revelación de la carpeta y las acusaciones sin fundamento legal contra la DEA, el presidente López Obrador está jugando a la ruleta rusa con el nuevo gobierno de Biden. El suicidio no es descartable, en un caso que despierta cien dudas y muy pocas certezas.