César Duarte: la pieza que falta de la Operación Zafiro

¿Qué pasó?

Esta semana, Estados Unidos autorizó la extradición a México del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, quien enfrentará cargos de asociación delictuosa y peculado agravado por un monto de 96.6 millones de pesos.

¿Por qué importa?

La extradición de César Duarte pone en manos de la fiscalía de Chihuahua el control narrativo de un expediente clave para los intereses políticos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador: un presunto mecanismo de corrupción que alcanza a figuras como Manlio Fabio Beltrones o Luis Videgaray.

El contexto:

• La ‘Operación Zafiro’ data de 2016 y en ella presuntamente participaron -de manera concertada- funcionarios del gobierno de César Duarte y de la Secretaría de Hacienda para desviar 250 millones de pesos y financiar campañas del PRI.

• Dos años después, la extinta PGR exoneró al ex secretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, quien fue imputado por el desvío de recursos de la Secretaría de Educación, por 246 millones de pesos, en el sexenio de Duarte.

Los detalles:

• La defensa de César Duarte sostiene que el ex gobernador sólo puede ser juzgado por el delito que fue extraditado, pese a que cuenta con otras 17 órdenes de aprehensión por diversos casos de corrupción.

• Por el momento, esto limitaría la posibilidad de que procedan las acusaciones federales vinculadas a la ‘Operación Zafiro’, el presunto mecanismo de desvío de recursos públicos del gobierno de Chihuahua a campañas políticas del PRI.

• Este expediente está congelado en la Suprema Corte de Justicia debido a un conflicto legal entre el gobierno de Chihuahua y el gobierno federal derivado de la decisión de la extinta PGR de atraer el caso Duarte.

• “Como (César Duarte) viene bajo el principio de especialidad, no le pueden imputar más delitos de los que vienen autorizados por Estados Unidos; lo único que le van a poder atribuir es esta causa de asociación y peculado; es la única. Le habían librado alrededor de 19 órdenes de aprehensión, unas se han caído, pero lo que es una realidad es que no le pueden imputar más causas que esa”, expresó su abogado, Ricardo Reyes Retana, en declaraciones recabadas por Animal Político.

• En ese sentido, Duarte fue extraditado por el caso que involucró el desvío de más de 96 millones de pesos a través de dos empresas: Unión Ganadera y Financiera de la División del Norte, de las cuales él era el fundador, accionista mayoritario y presidente del Consejo de Administración.

• Reportes de Milenio refieren que la solicitud de extradición, expedida por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la FGR, apuntaba a que los recursos malversados provenían de fondos que originalmente iban a ser destinados para otorgar subsidios y créditos a productores ganaderos, con el objetivo de promover la disponibilidad de carne de res de mejor calidad.

• “El dinero transferido del erario estatal a Unión Ganadera y a Financiera bajo los contratos y la compra inmobiliaria no fue usado para lo que estaba destinado. El análisis financiero trazó que el dinero fue a cuentas bancarias, propiedades y compañías relacionadas con Duarte o sus socios”, se lee en la solicitud de extradición, la cual se basó en una orden de aprehensión, girada en octubre de 2019 por un juez de Chihuahua.

• En lo referente a la ‘Operación Zafiro’, que sirvió para financiar campañas políticas del PRI con recursos públicos, Duarte desvió, al menos, 547 millones de pesos en 2016, vía una red de empresas fantasma que habrían recibido transferencias de Durango, Morelos, Sonora, Colima, Michoacán y Estado de México.

• Según las indagatorias, el dinero malversado habría salido de un convenio del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), el cual fue autorizado por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda. El jefe de dicha unidad era Isaac Gamboa Lozano, asesinado en mayo de 2020 y a cargo de la SHCP estaba Luis Videgaray.

• Entre las acusaciones que pesan sobre César Duarte está el caso de la ‘nómina secreta’, un presunto desvío de alrededor de mil millones de pesos de la ‘caja chica’ de la Tesorería del estado, que habrían sido empleados para el pago de sobornos a actores políticos, legisladores y medios de comunicación.

• Además, en 2017, la entonces Fepade giró una orden de aprehensión en contra del ex mandatario chihuahuense por ‘peculado electoral’ tras la retención ilegal del salario de 700 empleados, por espacio de seis años.

• Aunque -según la acusación- el acumulado fue de 79 millones de pesos, la imputación sólo se limitó a 14.9 millones de pesos, que correspondían al año 2015 y que habrían sido desviados para financiar campañas electorales del PRI.