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Política

Carlos Zamarripa, el próximo objetivo de la 4T

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción reveló que el gobierno federal ya inició una indagatoria en contra del fiscal de Guanajuato. Por lo pronto, la UIF procedió al congelamiento de cuentas de un empresario ligado a Zamarripa

Por Redacción Magenta

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¿Qué pasó?

El gobierno de la 4T ya tiene otro objetivo en la mira: se trata del fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, quien es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por transacciones de empresarios vinculados al funcionario.

¿Por qué importa?

  • En reiteradas ocasiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha solicitado al gobierno de Guanajuato la remoción del fiscal Zamarripa, por la falta de resultados en el manejo del combate a la delincuencia, luego de más de una década en el cargo.
  • “Ya no se puede andar con contemplaciones cuando se trata de la seguridad de la gente. Aquí no debe de prevalecer el amiguismo, el influyentismo, nada de esas lacras de la política, se tiene que remover, puede ser muy cercano, compañero del partido, de escuela, pero si no se dan resultados y si está de por medio la vida de la agente, para afuera”, expresó el mandatario el pasado 26 de julio.

El contexto:

De acuerdo con una investigación elaborada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el gobierno federal comenzó a rastrear las transacciones bancarias, tanto de Carlos Zamarripa y su círculo cercano, por lo que derivado de las pesquisas, la UIF procedió a congelar cuentas de un empresario ligado a él.

Los detalles:

  • Dichas indagatorias, refiere MCCI, se iniciaron a partir de 2012, con la revisión detallada de los ingresos del fiscal, además de sus gastos, tanto a nivel nacional como en el extranjero, sin que se pudieran hallar “inconsistencias relevantes”.
  • Es por ello que la investigación se amplió al círculo cercano de Carlos Zamarripa, incluida su esposa -quien se desempeña como juez en el Poder Judicial estatal-, así como empresarios que se presume podrían ser sus operadores financieros.
  • De ahí se desprende un expediente en contra de Luis Ernesto Ayala Torres, quien hasta marzo pasado fungía como secretario del gobierno de Guanajuato, luego que éste vendiera Botas San Diego, una empresa familiar que le cedió al empresario Francisco Isidro González Espejel.
  • Según la información de inteligencia en poder de la UIF, González Espejel podría tener vínculos con el fiscal guanajuatense, además de haber detectado la dispersión de fondos a “operadores pitufos” a través de una comercializadora.
  • En consideración de las autoridades federales, esas múltiples transacciones en montos pequeños (de ahí el nombre) se trataría de un indicio de posible lavado de dinero o algún tipo de evasión fiscal.
  • “En la tipología de lavado de dinero de la UIF, los “pitufos” materializan operaciones en efectivo, en beneficio de un tercero o terceros de forma fraccionada en diversas operaciones para, posteriormente concentrar los recursos”, refiere la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción.
  • Ese fue uno de los argumentos que llevaron a la UIF a solicitar el congelamiento de las cuentas bancarias del empresario, por lo que este promovió un amparo al considerar injustificada la intervención de la autoridad, como quedó asentado en el expediente 245/2020 ante el juzgado séptimo de distrito en Guanajuato.
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