Carlos Slim: Agente Político Preponderante

El yate de Carlos Slim no es la muestra más impactante del poder político y económico del monopolio de telecomunicaciones más importante de México.

La señal más impactante está en su relación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En una misma semana, el presidente y sus aliados ratificaron dos aspectos claves para la continuidad del poder del hombre más rico del país:

1. La concesión de Teléfonos de México, que será entregada en marzo de 2023 a pesar de que la compañía pertenece a un grupo empresarial catalogado por el IFT y por la Suprema Corte de Justicia como un agente económico preponderante.

2. La no responsabilidad de Grupo Carso en el colapso de la Línea 12 del Metro. La misma semana en que la Fiscalía de la Ciudad de México acusó a 10 ex funcionarios del gobierno de Marcelo Ebrard, incluido a Enrique Horcasitas, de homicidio culposo; la administración de Claudia Sheinbaum firmó un acuerdo reparatorio con la constructora de Carlos Slim.

La parte más relevante del documento está aquí, donde Grupo Carso declara con el aval del gobierno de la Ciudad de México que no tiene responsabilidad alguna en el colapso de la Línea 12, a pesar de que el acuerdo estipula que la compañía se hará cargo de la rehabilitación de la obra y que incluso podría participar en el financiamiento de un fondo de indemnización para las víctimas.

El acuerdo reparatorio fue firmado meses después de que The New York Times publicó una investigación especial en la que señala a Grupo Carso como uno de los responsables de las fallas estructurales de la obra insignia del gobierno de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México.

En los hechos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha blindado política y económicamente al monopolio de telecomunicaciones más importante del país, mientras que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha blindado política y legalmente a la constructora de un empresario que ha construido un patrimonio de 63.5 mil millones de dólares con base en sus conexiones políticas.

México necesita tener una conversación sobre el agente político preponderante por excelencia de este país, Carlos Slim.

De por qué la compañía que construyó la fallida Línea 12 del Metro recibió un contrato por adjudicación directa de 18.5 mil millones de pesos para construir el tramo 2 del Tren Maya.

De por qué Operadora CICSA, subsidiaria de Grupo Carso, fue el mayor contratista de obra pública en la administración de Enrique Peña Nieto.

De por qué se extendió la concesión de Teléfonos de México por 30 años en un trámite de menos de 5 mil 742 pesos, si han pasado siete años desde que el IFT le impuso a América Móvil la etiqueta de agente económico preponderante y las condiciones de dominancia de mercado no han cambiado.

De por qué el gobierno federal no ha intervenido en un conflicto donde el sindicato nacional de telefonistas acusa a Carlos de Slim de haber excluido a los trabajadores del Consejo de Administración de sus compañías y de haber diseñado la separación funcional de Telmex y América Móvil para no pagar el plan de jubilación original.

De por qué, como ha dicho un prominente empresario regiomontano del sector de telecomunicaciones, el ex presidente de Cofetel, Mony de Swaan, intentó convencerlo de no promover un litigio de competencia ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos; uno de muchos ejemplos de captura regulatoria.

Y, sobre todo, de por qué el entorno de Carlos Slim, como acusan periodistas, activistas y rivales empresariales, ha financiado campañas políticas para mantener el control de una parte sustancial del Congreso.

Carlos Slim ha demostrado ser uno de los grandes obstáculos a la competencia económica y política de México.

El mercado ha tomado nota de su poder: en el último año, el patrimonio neto del ingeniero ha crecido más de 30 por ciento, de acuerdo a datos de Bloomberg. Un aumento de 15 mil millones de dólares, suficiente para comprar 375 yates como el que se hizo viral en Tik Tok.

Carlos Slim es el agente político preponderante por excelencia.