Camargo: “Fue el Estado”

¿Qué pasó?

La masacre de Camargo, Tamaulipas, en la que murieron 19 personas -la mayoría migrantes, entre los que se encontraban 14 guatemaltecos- podría dar un giro con una demanda internacional por violación de Derechos Humanos de parte de un prominente político guatemalteco.

¿Por qué importa?

• A principios del mes de febrero, 12 elementos del Grupo de Operaciones Especiales (Gopes) de la Policía Estatal de Tamaulipas fueron detenidos por su presunta responsabilidad en la masacre de 17 migrantes centroamericanos y dos presuntos traficantes el pasado 22 de enero en el municipio de Camargo.

• No es la primera vez que este grupo de élite de la policía estatal se ve involucrado en hechos graves de violaciones flagrantes a los derechos humanos, aunque esta sería la primera ocasión en la que las víctimas son ciudadanos extranjeros.

• Según reportes periodísticos, también tuvieron que ver en la ejecución extrajudicial de ocho personas en Nuevo Laredo, 5 de septiembre de 2019. De igual manera, hace un año (9 de febrero de 2020) se vieron involucrados en otra ejecución extrajudicial, de Juan Daniel Ortiz, acribillado a balazos.

El contexto:

La denuncia que ya preparan las autoridades de Guatemala se derivaría de un escrito formulado por el senador Ricardo Monreal, titulado ‘Camargo: Crimen de Estado’. Si bien es cierto que el legislador morenista ha tenido roces con el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, esta situación podría sobrepasar todos los niveles de gobierno, dada la gravedad del asunto.

Los detalles:

• En su disertación, el coordinador parlamentario de Morena en el Senado calificó el ataque de “salvaje y artero”, que encuadra en la tipología de ‘crimen de estado’, mismo que definió así: “acción concertada de agentes estatales para asesinar, desaparecer, exterminar, desplazar o perseguir a grupos de civiles desarmados por motivos sociales, políticos, económicos, raciales, religiosos o culturales”.

• De acuerdo con Salvador García Soto, columnista de El Universal, fuentes al interior de la embajada de Guatemala dicen que el artículo de Monreal serviría a los abogados de la administración Giammattei para sustentar la denuncia. La intención es que el gobierno tamaulipeco asuma la total responsabilidad, ya que no les satisface el argumento de que todo fue orquestado por “malos policías”.

• Inclusive, Carlos Barreda, quien es un miembro de alto rango de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) de Guatemala afirmó que funcionarios de su partido viajarán al estado fronterizo a finales de febrero para solicitar informes acerca del avance en las investigaciones.

• “Nuestro objetivo es solicitar juicio y sanción y solicitar información, para confirmar si realmente es un delito de Estado o no”, expresó Barreda en declaraciones recabadas por la agencia Reuters.

• El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en reiteradas ocasiones ha dicho que bajo su mandato no ya no se dan este tipo de masacres, argumentó esta semana su compromiso de que se haga justicia.

• “Ya hay detenidos, en efecto, policías del estado de Tamaulipas, hay cesados y también están sujetos a procesos funcionarios de migración, servidores públicos de migración y no va a haber impunidad para nadie”.