“Busque refugio hasta nuevo aviso”

Lo que sucedió con los ataques de los cárteles del narcotráfico, a bienes y propiedades civiles en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California, es mucho más serio de lo que a simple vista se ve.

Se trata de ataques que buscan abiertamente intimidar al Estado mexicano, amenazando y destruyendo vidas y propiedades de la sociedad civil. Y eso universalmente tiene un nombre: se le llama terrorismo.

Si eso es cierto -y no estamos frente a un manipulado mensaje del gobierno a sus opositores- los cárteles de la droga acaban de traspasar una peligrosa frontera.

Y todo esto -coincidencia o no- se da en las semanas posteriores a la reunión de los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador en Washington, y a la captura y exigencia de extradición inmediata de Rafael Caro Quintero. Por eso hay que analizar el conflicto en perspectiva y aprender de otras experiencias.

Cuando a mediados de los 80, el gobierno colombiano pactó con Estados Unidos la extradición de los principales capos que surtían de cocaína al vecino del norte, se gestó un pacto entre los grandes narcotraficantes colombianos.

Como medida de presión para obligar al gobierno colombiano a cancelar esos acuerdos, los jefes de los cárteles ordenaron brutales acciones terroristas contra la población civil, buscando que la presión social obligara a su gobierno a ceder, en favor de las demandas de los capos.

Se creó entonces el llamado Cártel de los Extraditables, que eran los candidatos naturales a ser enviados a Estados Unidos, tan pronto fueran capturados.

En esa lista se incluyeron Pablo Escobar Gaviria, Gustavo Gaviria, Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Lehder, Juan David Ochoa, entre otros.

Bajo el lema de “Preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos”, los llamados Extraditables hicieron de los coches bomba, de los explosivos en edificios públicos y privados -incluyendo medios de comunicación-, de los bombazos en las calles de distintas ciudades colombianas, su modus operandi para arrinconar al gobierno del entonces presidente Virgilio Barco y luego al de su sucesor, César Gaviria.

Ese Cártel de los Extraditables acabó disuelto en abril de 1990, cuando la mayoría de los capos buscaron deslindarse del creciente nivel de crueldad en los actos terroristas, apadrinados por el capo Pablo Escobar, quien finalmente cayó abatido en 1993.

En México estamos en la antesala de que, formal o informalmente, se cree un bloque similar a Los Extraditables. Joaquín “El Chapo” Guzmán ya está en Estados Unidos. Pero la captura de Rafael Caro Quintero y la exigencia de los Estados Unidos de que sea extraditado cuanto antes, está despertando la violencia y el terror en las zonas dominadas por los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

Pero entre lo que sucedió en los 80 en Colombia y lo que sucede hoy en México existe una enorme diferencia: la Ley Patriota de los Estados Unidos, promulgada por el Congreso norteamericano a iniciativa de George W. Bush.

Esa ley, aprobada un mes después de los actos terroristas del 11 de septiembre de 2001 que abatieron las Torres Gemelas de Nueva York y que sumieron en el terror a toda la nación norteamericana, le dio a su gobierno la facultad unilateral, sin aprobación de nadie más, para intervenir y atacar grupos terroristas que puedan poner en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos.

Eso es lo que ha permitido las intervenciones y operaciones militares en países que toleran e incluso auspician a grupos terroristas como Irak, Afganistán, Libia, Somalia y Pakistán.

La diferencia de aquellos países es que todos están a miles de kilómetros de distancia de los Estados Unidos. México, en cambio es su vecino del sur.

Y sin ser una guerra convencional, las 80 mil muertes anuales que se le atribuyen al fentanilo, enviado desde México y fabricado con precursores chinos, clasifica ya como un problema de seguridad.

Solo para comparar la magnitud, los 80 mil muertos por el fentanilo en los Estados Unidos, esos decesos equivalen a 26 Torres Gemelas, en donde murieron tres mil.

Lo único que hace falta para justificar una intervención directa de Marines norteamericanos en suelo mexicano es la calificación de que, en nuestro país, operan grupos terroristas.

Lo sucedido en Jalisco y Guanajuato, y peor aún, lo ocurrido en Chihuahua y Baja California, enciende en Washington los focos rojos.

Porque el que se den actos terroristas -incendiando vehículos y negocios privados- en dos ciudades fronterizas como Ciudad Juárez y Tijuana, es colocar el incendio a las puertas de la Unión Americana. Eso sí es una real amenaza.

No duden que, en los próximos días, el tema de los extraditables mexicanos y la posibilidad de que se someta al Congreso norteamericano el calificar a México como país que tolera a terroristas, eleven las tensiones entre ambas naciones, ya de por sí en la antesala de la fractura.

La orden girada durante los ataques en Guadalajara al personal del Consulado de los Estados Unidos define ya la antesala de un estado de guerra: “Busquen refugio hasta nuevo aviso”.