¿Bueno?, ¿bueno?… ¿escucha, señor Slim?

Todavía no se da el veredicto final de la tragedia de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, cuando Carlos Slim y sus empresas ya enfrentan otro conflicto en puerta.

Aunque el dueño del Grupo Carso y de la constructora responsable del tramo colapsado se auto exculpe diciendo que él no tiene la responsabilidad, corresponderá al peritaje final sentenciar bajo quién recae la responsabilidad del accidente que cobró 26 vidas y decenas de heridos.

Entretanto, el lunes apareció en algunos diarios nacionales un desplegado del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana que abre una nueva puerta de conflicto al hombre más rico de México.

Se anuncia que el próximo 27 de octubre vence el plazo para estallar los dos emplazamientos a huelga en contra de Telmex. Uno por violaciones al Contrato Colectivo y el otro por incumplimiento de esa empresa para cubrir las vacantes.

Llama la atención el tono del comunicado, porque tradicionalmente el sindicato -que desde 1976 camina bajo el manto de Francisco Hernández Juárez-, suele ser muy afín a los intereses de Carlos Slim.

El ahora presidente de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) fue factor clave para que Carlos Slim se quedara con la concesión de Telmex en 1990.

El emplazamiento a huelga de los telefonistas incluye un abierto reclamo al dominante de la telefonía en México, porque fragmentó sus empresas de telecomunicaciones.

En una caja instaló a América Móvil, la de los teléfonos celulares y el internet, la de más crecimiento y más prometedor futuro.

En otra caja, más abandonada, dejó a Telmex, la de la telefonía fija, la que va de bajada, la que tiende a desaparecer.

En su momento, a los telefonistas se les vendió la idea de que se trataba de una operación para optimizar el valor de las compañías en el mercado de valores. Que eso no impactaría a la fuerza laboral. Pero esa mentira no fue verdad.

Separada de Telmex, América Móvil fue más rentable, más eficiente, más productiva. Y Telmex se convirtió en un lastre al que hay que apuntalar frente a su poca rentabilidad.

En pocas palabras, a Telmex le dejaron los trabajadores con más antigüedad, cargando en sus finanzas el enorme pasivo laboral que no se trasladó cuando se separó de América Móvil, donde quedaron los trabajadores con menos antigüedad.

El resultado hoy es que existe un Telmex con un excesivo laboral, lo que la hace una “empresa pobre”, y una América Móvil, con menores compromisos laborales, lo que la hace la “empresa rica” de la familia Carso.

El conflicto de los telefonistas con el nuevo esquema Telmex/América Móvil radica en que se quiere ir desapareciendo poco a poco a Telmex, para apuntalar con mayores recursos a América Móvil. Y eso, en el papel de los negocios, es lo lógico. No así en el laboral.

Cuestión de recordar que en el título de concesión de 1990, bajo el cual Carlos Slim se quedó con Telmex -entonces no existía América Móvil- se garantizaban todos los derechos laborales de los telefonistas.

El desplegado del sindicato es muy claro: “Hay que destacar que nuestro contrato colectivo no fue un obstáculo para la expansión y modernización aceleradas de Telmex tras su privatización, proceso que la convirtió en la principal compañía telefónica del mundo en 2001 y que propició el enriquecimiento acelerado de su accionista mayoritario (Carlos Slim)”.

Los telefonistas dicen que llevan 3 años negociando con Telmex y América Móvil las condiciones laborales, pero que se topan con pared.

Por eso advierten, por primera vez en muchos años, que harán valer no solo su derecho de huelga, sino una movilización nacional para frenar todas las argucias bajo las cuales se les pretenden desconocer sus derechos laborales.

La advertencia viene justo en el momento en que sale a debate que en 17 meses más -en marzo de 2023- el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá que decidir si le renueva o no la concesión a Telmex hasta el año 2046.

De acuerdo al periodista José Martínez, en 2016, el presidente Enrique Peña Nieto le otorgó a Carlos Slim una renovación por 30 años de su título de concesión. Por ese trámite, el hombre más rico de México pagó solo 5 mil 482 pesos.

Pero esa ampliación de la concesión está sujeta a que el 11 de marzo del 2023, el gobierno de la Cuarta Transformación determine que se cumplieron todas las condiciones impuestas. Una de ellas es la de no ser calificada como empresa preponderante, que hoy de sobra lo es.

Y si la relación laboral con el sindicato no es buena, ese hecho podría poner en riesgo el que se le refrende su título de concesión.

Para la historia hay que recordar que la mexicanización de Teléfonos de México ocurrió en agosto de 1958, cuando Carlos Trouyet, Eloy Vallina y Antonio Ruiz Galindo compraron la compañía propiedad de ITT de Estados Unidos y a Ericsson de Suecia. Apenas alcanzaba los 400 mil teléfonos en todo México.

Para agosto de 1972, en pleno sexenio de Luis Echeverría, se inició el proceso de nacionalización de Teléfonos de México, asumiendo el Estado mexicano el control mayoritario de la compañía, que ya tenía para entonces 2 millones de teléfonos en servicio.

Vino luego la privatización, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, anunciada en septiembre de 1989, un proceso en el que se acusó favoritismo a favor de Carlos Slim.

Ahora será en marzo del 2023, en medio de la denuncia de dominancia del mercado y de los actuales reclamos laborales de los trabajadores telefonistas, cuando el presidente López Obrador tendrá que definirse de qué lado de la historia quiere estar.

¿Será el privatizador que fueron Adolfo López Mateos y Carlos Salinas o el nacionalizador en que se convirtió Luis Echeverría?  

¿Bueno?, ¿Bueno?, señor Slim, ¿está escuchando?