El aterrizaje forzoso del NAIM

El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no está muerto.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador dice que la decisión de cancelarlo está firme, pero el costo de un default o expropiación es tan alto que no puede descartarse ninguna posibilidad.

Día uno del nuevo gobierno: el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, presidido por Javier Jiménez Espriú, decide que continuarán las obras del NAIM hasta que se llegue a un acuerdo con los inversionistas internacionales.

Esto es lo que tienes que saber sobre el plan de vuelo de la administración de Andrés Manuel López Obrador en relación al proyecto de Texcoco:

La cascada de demandas

¿Por qué continúan las obras del NAIM? Porque de acuerdo a los contratos con los inversionistas, detener la construcción implicaría la cancelación  efectiva del proyecto y activaría las cláusulas de evento de incumplimiento de los bonos que están en manos de tenedores internacionales.

Es decir, el gobierno tendría que pagar de inmediato la deuda de los bonos, que será considerada como vencida y pagadera. De lo contrario, la administración de Andrés Manuel López Obrador enfrentaría una cascada de demandas  colectivas en cortes de Nueva York, no de México.

El contagio financiero

Una situación de default sería desastrosa para las finanzas públicas. El gobierno considera que existe un alto riesgo de contagio para los bonos de la deuda soberana y de Pemex.

Esto significa que la suspensión de pagos de los bonos del NAIM se traduciría en tasas de interés y costos financieros más altos para la deuda pública del país. Esto ocurriría en un momento crítico porque se está construyendo el presupuesto 2019 y los niveles de tasas de los bonos mexicanos ya se encuentran en máximos de una década.

Las alternativas del gobierno

Ésta es la dimensión del problema. Los bonos emitidos bajo la Ley de Nueva York, los que podrían generar un severo conflicto en tribunales, tienen un valor aproximado de 6 mil millones de dólares.

El gobierno puede pagar esos 120 mil millones de pesos del presupuesto, lo que implicaría sacrificar la ambiciosa agenda social del Presidente.

O puede declarar insolvente el fideicomiso que es responsable del pago de estos bonos. Sin embargo, esta decisión muy probablemente activaría un escenario de depreciación del tipo de cambio y de alza de tasas de interés en otros bonos de deuda soberana o de Pemex.

Además, el default le cerraría la puerta a que proyectos como el de la nueva refinería o el tren maya puedan acceder a mercados privados de capital. Sin ellos, estas obras de infraestructura se vuelven inviables.

La oferta de Arturo Herrera

El subsecretario de Hacienda conoce los riesgos de un contagio. Por eso ha diseñado una solución temporal: que el gobierno adquiera 1,800 millones de dólares de esos bonos para mandar una señal de certidumbre a los mercados, para tranquilizar a las calificadoras y para ganar tiempo y encontrar una salida definitiva al problema.

El problema es que se comprarían los bonos de un proyecto que, en caso de ser cancelado, tendrían un valor de cero. Se estaría pagando a fondo perdido con dinero público.

La cláusula Argentina

El gobierno mexicano considera justo que los tenedores de bonos reciban noventa centavos de dólar por su inversión.  No obstante, los inversionistas de esos 1,800 millones de dólares en bonos del NAIM podrían reclamar en tribunales que recibieron un trato diferenciado.

La cláusula Pari Passu establece que todos los bonistas deben recibir el mismo trato. Esta cláusula fue la que prolongó el conflicto de default  en Argentina durante más de diez años. El gobierno litigó contra una minoría de fondos buitre y al final tuvo que pagar de manera casi íntegra.

México no puede darse el lujo de enfrentar un litigio de esta naturaleza. El país no se sienta a negociar con tenedores de deuda internacionales desde mediados de los noventa.

Los fondos buitre y el presupuesto

Lo más probable es que haya fondos buitre que ya hayan adquirido parte sustancial de estos bonos del NAIM y que el gobierno mexicano deberá responder por los 6 mil millones de dólares emitidos, no sólo lo 1,800 millones de la oferta de Arturo Herrera.

Esto implicaría un costo de 120 mil millones de pesos para el nuevo gobierno. Es un precio demasiado alto si se consideran los proyectos sociales y de infraestructura de López Obrador, así como el recorte de impuestos propuesto para la frontera norte. Las cuentas fiscales no van a cuadrar.

AMLO y los mercados

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ganó tiempo y obtuvo una reacción positiva de los mercados. La oferta de Arturo Herrera se tradujo en una apreciación del tipo de cambio y en el valor de los bonos del NAIM.

Sin embargo, esta es una solución temporal.  El Presidente tendrá que elegir entre dos inconvenientes: retractarse en su decisión de cancelar el NAIM o sacrificar gran parte de su agenda social para equilibrar el presupuesto.

Los mercados y los concesionarios privados, esperan con ansias. Por eso decimos: el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no ha muerto.