Árbitros bajo la lupa

El hecho de que Jaime “El Bronco” Rodríguez se mantenga en la boleta presidencial a pesar de que se le tipificó como delincuente electoral, deja mucho que desear de los árbitros electorales.

Luce a burla el que el INE y el Trife acepten que el candidato independiente levante sus firmas con 572 funcionarios de su gobierno y que triangule 15 millones de pesos de empresas a particulares fachada, y solo le apliquen una multa de 739 mil pesos.

Eso, por donde se le busque, se llama “permiso para robar”. Y el gobernador con licencia de Nuevo León califica ya como “cuatrero electoral”. Pero los árbitros de la elección no lo ven así. O no les conviene verlo así.

Y no solo le perdonan la desviación de fondos públicos, al usar a sus funcionarios para asuntos personales.

También dejan pasar el presunto lavado de dinero, aunque nadie sepa el origen de los 15 millones.

Como tampoco tipifican la delincuencia organizada, que se da entre quienes diseñaron y operaron el esquema del presunto lavado.

Para que midan el tamaño de la pifia en esos días de Rusia 2018, es como si en la final del Mundial un delantero comete una falta flagrante en el área chica, y ni el árbitro central ni sus apoyos marcan el penal.

Vaya, ni siquiera le sacan tarjeta roja o amarilla. Apenas se conforman con imponerle al delincuente una amonestación que equivale a menos del 5 por ciento del ilícito.

Nada diferente, aunque en otra dimensión, a lo que sucede con Ricardo Anaya y el Caso Barreiro que se juega en las canchas de la PGR en México, en España y en los Estados Unidos.

¿Tienen o no los electores mexicanos el derecho a saber que el hombre que aparece en la boleta como candidato de Por México al Frente le podrían en cualquier momento sacar la tarjeta roja judicial, nacional o extranjera, ordenándole ir a los vestidores para responder por el presunto ilícito?

Es cierto que es una acusación y que las investigaciones van en curso. Y que Anaya es inocente hasta que se le pruebe lo contrario. Pero ¿y si las sospechas son reales? ¿Y si ya como presidente electo se le encuentra culpable?

Y lo que todavía aparece como más escalofriante, frente a los retos que impone la elección presidencial del próximo domingo, es la tibieza con la que la autoridad electoral está asumiendo los crímenes electorales.

Dependiendo de la estadística que se vea, son decenas de candidatos los que fueron borrados de la boleta por la afrenta de quien disparó un arma y los eliminó de un plomazo.

Dirán que las investigaciones de las “autoridades correspondientes” están en curso, y que nadie puede condenar lo que no está sentenciado. Entretanto, la balas que matan a los candidatos, los acaban vetando por encima del Estado de Derecho.

Y en medio del fragor de la batalla política, un árbitro –Santiago Nieto– es expulsado de la Fiscalía Especial para Delitos Electorales porque osó con sacar tarjeta roja sobre la final presidencial del 2012. Ahora alinea de lateral izquierdo en Morena.

Pero si quieren saber la auténtica eficacia de los árbitros y las instancias electorales en México, solo recuerden que hasta ahora, a pesar de las decenas de denuncias en tantas elecciones, nadie purga una sentencia condenatoria.

Tan laxo es el sistema del arbitraje electoral, que bajo los actuales criterios, en un descuido hasta “El Chapo” Guzmán podría aspirar a estar en la boleta presidencial.