Aprehenden en EU a huachicoleros

El escándalo del contrabando de huachicol fiscal estalló ya en los Estados Unidos. Y cuatro miembros de una familia de Utah fueron detenidos acusados de contrabando de combustibles procedentes de México y lavado de dinero de la mano de cárteles mexicanos, ahora etiquetados como “grupos terroristas”. Se les buscan decomisar sus cuentas bancarias en donde disponen de 300 millones de dólares.

Fue una operación conjunta -la más importante en el terreno de energéticos en territorio norteamericano y mexicano- en la que participaron el FBI, en coordinación con la DEA, Homeland Security, el Internal Revenue Service y jefes policiacos de distintos estados de la Unión Americana. En el acto fueron detenidos James Jensen, su esposa Kelly Anne Jensen y sus dos hijos Max y Zachary, quieres desde el miércoles pasado fueron recluidos en la prisión de Salt Lake County, aunque el viernes, el patriarca de la familia fue puesto en libertad dotado de un brazalete electrónico para su ubicación por GPS.

Se les acusa de conspirar para contrabandear 2 mil 881 cargamentos ilegales de petróleo crudo desde México a los Estados Unidos, donde eran depositados en una terminal de energéticos propiedad de los Jensen en Río Hondo, Texas, una ciudad cercana a Harlingen y a Brownsville. En la denuncia se estima que la familia movilizó recursos ilegales de México a Estados Unidos por 300 millones de dólares.

El arresto de los cuatro inculpados se dio en una residencia de 2,500 metros cuadrados ubicada en Sandy, Utah, propiedad de los presuntos contrabandistas y valuada en 9.1 millones de dólares. La acción fue de alto impacto, considerando que fue implementada por la U.S. Marshals Violent Fugitive Apprehension Team, derribando en su irrupción puertas y paredes de concreto.

Textualmente, las acusaciones de la Corte de Distrito de Utah indican que la pareja Jensen y sus dos hijos habrían conspirado “para lavar el producto de la venta ilegal de petróleo crudo importado desde México. Los pagos de ese crudo eran enviados a empresas mexicanas que operaban sólo a través de permisos de organizaciones criminales mexicanas”.

El arresto de la acaudalada familia ocurrió el mismo día en que fueron cateadas y clausuradas las oficinas y los depósitos de crudo de Arroyo Terminals, ubicadas en Río Hondo, Texas. Desde ahí se despachaban en buques tanque el petróleo procedente de México y que más tarde era vendido a particulares de manera ilegal. La información fue dada a conocer por Sally Sparks, vocera de la DEA. Se reveló que la terminal texana en la que se recibía y se despachaba el contrabando de crudo mexicano disponía de 3 hectáreas cercanas al Arroyo Colorado, cuyas aguas eran utilizadas para efectuar sus maniobras con una flota de barcos con capacidad para transportar -cada uno- hasta 30 mil barriles de crudo o combustibles.

El crudo era falsamente introducido de México a Estados Unidos como desechos de lubricantes de petróleo y destilados de petróleo. Los cargos imputados, una vez dada una sentencia, podrían alcanzar la pareja Jensen por lo menos 20 años de prisión.

Los arrestos y la intervención de la familia Jensen de sus empresas y de sus cuentas bancarias se dieron el mismo miércoles en que fue reportada la desaparición de un empresario regiomontano, relacionado con el transporte de productos petrolíferos. El personaje y su chofer habrían sido hallados 24 horas después en su auto desbarrancados en una carretera de Jalisco.

De acuerdo a los servicios de inteligencia norteamericanos se investigan las potenciales vinculaciones de la familia Jensen, no sólo con prominentes personajes de la política en el gobierno de la Cuarta Transformación, sino con jóvenes huachicoleros fiscales y factureros de cuello blanco que tienen asentadas sus operaciones en el municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León, y que ya están siendo investigados.

Lo curioso es que, a pesar de las evidentes y reiteradas denuncias del tráfico de huachicol fiscal de Estados Unidos a México, sólo exista el decomiso de un buque y algunas decenas de pipas en Ensenada y Altamira, sin que se hayan dado a conocer detenidos, involucrados ni la confiscación de bienes.

Con las detenciones y los decomisos tanto de buques como el congelamiento de cuentas en Utah y Texas, el gobierno de Estados Unidos está exhibiendo la complicidad y la impunidad que imperan en México.