Alerta en San Pedro, Nuevo León

Las palabras de Luis Donaldo Colosio Riojas no deben tomarse a la ligera. Al más alto nivel del gobierno y de la comunidad empresarial de Nuevo León circula la idea de que la delincuencia organizada le está enviando un mensaje al establishment de seguridad del estado.

El fin de semana previo a que el Presidente Andrés Manuel López Obrador llegara a Nuevo León a presidir una reunión de seguridad, San Pedro Garza García vivió un episodio de violencia de alto impacto.

Se registraron cuatro asaltos a mano armada y una ejecución.

La muerte de David Yarte desmintió la narrativa de que la violencia solo alcanza a los miembros del crimen organizado. David era un joven de 24 años, conocido por la comunidad de San Pedro y que apenas en diciembre se había graduado de la Universidad de Monterrey.

El asesinato caló hondo en la sociedad regiomontana.

Sin embargo, nada de esto podría entenderse sin el contexto de amenazas  en contra del Secretario de Seguridad Pública de San Pedro Garza García, Felipe Gallo, quien fue comisario general de la Fuerza Civil en tiempos en los que la iniciativa privada estaba apoyando al gobernador Rodrigo Medina con la construcción de este cuerpo policial.

El 14 de noviembre del año pasado, un oficial de tránsito fue asesinado en una de las avenidas más concurridas de San Pedro.

Tres días después, en ese mismo lugar, apareció una maleta con restos humanos y una nota pidiendo la renuncia de Gallo.

El 26 de noviembre, el secretario de Seguridad de San Pedro recibió una amenaza a través de una narco manta colgada en la misma zona del asesinato del tránsito y del maletín.

Casi dos meses después, el 29 de enero, seis vehículos sin conexión aparente fueron incendiados en San Pedro.

Finalmente, el 9 de febrero, el alcalde, Miguel Treviño, anunció que Fuerza Civil tomaría el control de la seguridad del municipio. Toda la corporación local fue sujeta a prueba de confianza y Felipe Gallo dejó temporalmente el control de la operación.

Para Jesús Horacio González, experto en seguridad e inteligencia y Senador suplente por el PAN; esta decisión generó un vacío de poder que fue asumido por los criminales.

El diagnóstico de Jesús Horacio, uno de los personajes que trabajó en la construcción de Fuerza Civil hace diez años, explica cómo resolver el problema coyuntural, el del fuero común.

No obstante,  en la crisis de inseguridad en Nuevo León intervienen tres factores de fondo: la infiltración del crimen organizado en las fuerzas de seguridad, la reconfiguración de los cárteles de la droga que operan en el estado y el auge de una nueva industria ilegal, la de los factureros.

1. La infiltración del crimen organizado en las fuerzas de seguridad

La pregunta es cómo limpiar una corporación policiaca sin desestabilizar la seguridad pública.

Miguel Treviño, el primer alcalde no panista de San Pedro en treinta años, no es el único que está haciendo un cambio de fondo en las fuerzas de seguridad a su cargo.

Aldo Fasci, el Secretario de Seguridad del estado, también está llevando a cabo su propia limpia. El mes pasado, dijo que había más de 80 funcionarios bajo investigación por presuntos nexos con el crimen organizado.

La operación no fue bien vista desde el entorno del gobernador Jaime Rodríguez Calderón. Sin embargo, el Bronco apoyó la propuesta luego de que Fasci puso su renuncia sobre la mesa.

Ésta fue una respuesta al comentario sobre Fuerza Civil que hizo al New York Times Jorge Tello Peón, uno de los asesores de seguridad de más alto perfil en el país y creador de este cuerpo policial.

“Es muy fácil perderlo…destruyeron todo”.

2. La reconfiguración de los cárteles

Cuando Mauricio Fernández Garza dominaba la escena de seguridad en San Pedro, el cártel preponderante en el municipio más rico del país era el de los Beltrán Leyva.

Diez años después, esta organización prácticamente ha desaparecido.

De acuerdo a Fasci, existen cuatro cárteles que están disputando el control de Nuevo León.  Según un reporte de la DEA del 2015, uno de ellos es el Cártel Jalisco Nueva Generación, nombrado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como la organización criminal que representa la mayor amenaza para la seguridad nacional de ese país.

No sólo están en juego las rutas del narcotráfico o las plazas de distribución de narcomenudeo. Hay un nuevo negocio ilegal que está en auge:

3. Los factureros

La venta de facturas falsas se ha convertido en un negocio multimillonario.

Código Magenta publicó en octubre que alrededor del 50 por ciento de este negocio ilegal se concentra en la zona metropolitana de Monterrey.

Estamos hablando de un negocio que, según la titular del SAT, alcanzó los 2 billones de pesos en 2018.

Un año antes, la cifra fue de 400 mil millones de pesos, lo que pone de manifiesto el rápido crecimiento de esta industria.

En San Pedro, esta actividad se ha ligado con crímenes de alto imapcto de los últimos meses: un atentado en el centro comercial Metropolitan, un asesinato en San Agustín y otra ejecución en la avenida Vasconcelos.

Este fenómeno ya tiene la atención del Presidente

Esto podría significar un nuevo frente para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Al igual que el fenómeno del huachicol, habría que esperar la resistencia del crimen organizado. La diferencia es que el epicentro de esta disputa está en el corazón de San Pedro Garza García, el hogar de una élite empresarial que hace diez años tomó el control de la seguridad pública en sus manos.

En el 2009, Lorenzo Zambrano, el Presidente de Cemex, fue quién asumió este liderazgo, contratando a un grupo de expertos para construir la Fuerza Civil.

La cuestión es si dentro de la comunidad empresarial regiomontana hay alguien dispuesta a tomar este papel y hacer frente a la nueva coyuntura de inseguridad en Nuevo León.