“Al diablo con sus instituciones”

Cuando en 2005, Andrés Manuel López Obrador compareció ante el Congreso para defender la intentona de desafuero, acuñó una frase lapidaria: “Al diablo con sus instituciones”.

El entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal se defendía así de un complot fabricado desde Los Pinos por Vicente Fox y Marta Sahagún -de la mano del panismo, el priismo y un selecto clan de poderosos empresarios-.

Todos temían que, por el reflejo arrollador de las encuestas, el político perredista arrasara en la elección presidencial del 2006.

Después de esa icónica frase se pretendió vestir a López Obrador con los ropajes del autoritarismo, ubicándolo como un político absolutista, sin respeto por la ley.

Bajo esa premisa se alimentó la campaña de que el líder de las izquierdas era “un peligro para México”.

Y entre el retiro de algunos apoyos políticos y económicos clave, además de la alianza del PRI y el PAN en torno a Felipe Calderón, se operó el freno de lo que se veía como una victoria inevitable. Haiga sido como haiga sido.

Pasaron los años y en sus campañas 2012 y 2018, el candidato López Obrador se dedicó a desmantelar las acusaciones de que era un “peligro para México”.

Y aclaraba -a quien lo quería escuchar- que cuando citó la frase de “al diablo con sus instituciones” se refería a las creadas para proteger al llamado PRIAN, pero que no existía nada en su agenda contra el marco legal y constitucional de la Nación.

La noción de que el tabasqueño era una amenaza totalitaria logró disiparse lo suficiente para darle una victoria más que holgada en la elección presidencial del 2018.

Hoy, a dos años de que debutara el gobierno de la Cuarta Transformación, el presidente López Obrador está desmantelando aquellas instituciones creadas desde la autonomía del poder en turno.

Y desde que se instaló en Palacio Nacional desapareció en abril del 2019 el Consejo de Promoción Turística y la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales.

Un mes después, en mayo del 2019, desmanteló el Estado Mayor Presidencial, ProMéxico y Turissste, para cerrar en junio el Instituto Nacional de Infraestructura Física y Educativa, además del Instituto Nacional del Emprendedor.

Pero hasta ahí, se trataba de instituciones que podían ser debatibles, algunas de muy elevado costo y cuestionables resultados.

Pero, en medio de la pandemia y de la crisis económica aparejada con la crisis sanitaria, el presidente López Obrador lanzó una nueva ofensiva contra instituciones de gran calado político, económico y social.

La lista incluye la Comisión Federal de Competencia (COFECE), creada para evitar la operación dominante de jugadores económicos, buscando cerrarle el paso a monopolios y oligopolios.

También va sobre el Instituto Federal de Comunicaciones (IFT), que se creó para impedir que cualquier jugador dominante -como Telmex/Telcel- impusiera reglas al mercado para impedir el crecimiento de la competencia.

Y ni qué decir de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y de la Comisión Nacional del Hidrocarburos (CNH), gestadas ambas como árbitros en el complejo mundo de los energéticos, tanto en petróleo y combustibles, como en energía eléctrica, tanto la tradicional como las nuevas energías alternativas.

El debate nacional está hoy más que encendido, cuando el mismo presidente López Obrador coloca sobre la mesa el rol que ejerce el Instituto Nacional Electoral, árbitro electoral, al que descalifica una y otra vez cuando sus fallos van contra sus intereses. Como el debate de la difusión en Las Mañaneras de sus logros de gobierno en tiempos electorales.

El inquilino de Palacio Nacional pone como justificación a la desaparición o reasignación de estas instituciones a algunas Secretarías, argumentando que son costosas y que su tarea es defender el marco neoliberal de los gobiernos del pasado.

Pero el presidente López Obrador jamás asoma un mínimo intento de colocar su visión a debate con políticos, empresarios, organismos internacionales, universidades y expertos en la materia. Su decisión es autoritaria, producto de una visión muy personal.

Y esa actitud, lo que asoma es que el discurso de “al diablo con sus instituciones” -aquel cuya interpretación tanto buscó amortiguar en el 2018- no era una cita casuística y accidentada.

Sí incluía un desmantelamiento casi total del sistema de pesos y balanzas, creado a lo largo de tantos años y pasado por el tamiz del poder legislativo.

¿Tiene el presidente López Obrador la autoridad legal para desaparecer o reasignar esas instancias autónomas, creadas por consenso y votadas la mayoría de ellas en el Congreso? La respuesta es no.

Y si el mandatario no rectifica, y orienta el debate de esos órganos a un diálogo más inclusivo, solo estará ratificando el sello autoritario que siempre se le sospechó cuando sentenció aquel famoso “Al diablo con sus instituciones”.

Estaremos ingresando en un territorio tan peligroso, que bastaría asomarse a lo que sucede hoy en los Estados Unidos para prever el desenlace. Y la verdad es que el diablo nunca ha sido un buen consejero.