Acecha a San Pedro ‘Banda de Los Drones’

Una nueva modalidad criminal está acechando a San Pedro Garza García, el municipio de mayor ingreso per cápita en América Latina que se ha convertido en un ‘hub’ de cuello blanco para el lavado de dinero de los cárteles mexicanos. Una investigación federal detectó que la delincuencia organizada está incursionando en el uso de drones para elegir residencias que tienen posibilidades de ser asaltadas.

De acuerdo a fuentes del aparato de inteligencia mexicano cercanas a esta indagatoria, en los últimos meses ha crecido el empleo de herramientas de alta tecnología para grabar videos desde el aire de las residencias que podrían ser candidatas para ser objetivos de robo. Los ladrones están buscando atacar, principalmente, a quienes operan fuera del sistema moviendo altas cantidades de efectivo, joyería de lujo y vehículos deportivos de alto perfil registrados a nombre de empresas fachada. Las autoridades encontraron que drones clandestinos vigilaron una propiedad en la zona de Chipinque de uno de los jugadores más relevantes en la trama del “huachicol fiscal”: Roberto Blanco Cantú, alias ‘El Señor de los Buques’, el principal accionista de Mefra Fletes, una compañía señalada por el gobierno de Estados Unidos de participar en una red de contrabando de combustible del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Las apariciones de estos drones tienen intranquilos a colonos de sectores como San Agustín; San Patricio; Valle de San Ángel; Bosques de San Ángel; Palmillas; Olinalá y Colorines, sede de la residencia del gobernador de Nuevo León, Samuel García. En privado, funcionarios de seguridad justifican que el incremento de estos avistamientos se explica por investigaciones federales sobre los domicilios que pertenecen a personajes ligados al huachicol fiscal o al facturerismo.

Sin embargo, la versión oficial ha generado escepticismo entre los residentes de las colonias afectadas. En realidad, explican fuentes cercanas al caso, se trata de drones manejados por una banda de ladrones de alto nivel que buscan evadir los filtros de las casetas de seguridad. Una vez detectado el objetivo, los intrusos se aproximan a la propiedad escalando pendientes o riscos sin tener que pasar por algún puesto de vigilancia. Los operadores criminales son elementos reclutados en Tamaulipas, principalmente de grupos identificados con el Cártel del Noreste, según información incluida en la investigación federal.

Más alarmante aún, existen indicios de complicidad interna. El “modus operandi” cuenta con protección de un sector de la Policía de San Pedro, en particular de aquellas células que controlan el seguimiento de autos a través de GPS, según un alto funcionario del aparato de seguridad federal. El asesinato de Julio César Luna, propietario de la afamada cadena de restaurantes Tacos del Julio, evidenció cómo miembros de la policía municipal habrían colaborado con una banda dedicada a la extorsión en San Pedro. Una denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República, en relación a este caso, relata la manera en la que patrullas de la policía sampetrina vigilaron a una víctima amenazada por el cobro de piso. Oficiales con placa y uniforme tomaron las fotografías que los criminales utilizaban para intimidar a empresarios, de acuerdo a lo narrado en la denuncia.

La investigación federal sobre el uso de drones clandestinos en San Pedro Garza García no sólo pone en evidencia el grado de sofisticación criminal de las nuevas células que dominan el municipio, sino que agrega presión adicional al manejo de la seguridad de la administración de Mauricio Fernández Garza Sada.

El alcalde panista de este municipio llegó al poder, en gran medida, gracias a la promesa explícita de garantizar la paz y el blindaje frente al crimen organizado. Paradójicamente, designó para esa tarea a José Luis Kuri. El cuestionado secretario de Seguridad Pública de San Pedro fue acusado formalmente por Julio César Luna, dueño de Tacos del Julio, de encabezar una red de extorsión dentro de la policía sampetrina. En su declaración, fechada el 15 de febrero de 2025, filtrada por la prensa tras semanas de rumores, Luna detalló cómo mandos de Seguridad Pública le exigieron una “cuota” mensual de 80 mil pesos a cambio de no clausurar su restaurante.

El documento, presentado ante la Fiscalía estatal y revelado por Código Magenta, señala directamente a Kuri y a su coordinador de Asuntos Internos, Fernando Martínez Huizar, como responsables del intento de extorsión. Luna narró que en enero varios policías armados, acompañados de inspectores municipales, irrumpieron en una de sus sucursales para amedrentarlo y cerrarle el negocio cuando él se negó a pagar. “Si no pagas, te atienes a las consecuencias”. 

El desenlace de esta historia es de una gravedad inusitada. Cinco días después de que la denuncia se hiciera pública en los medios, Julio César Luna fue ejecutado a balazos mientras conducía por San Nicolás (municipio vecino a San Pedro). Recibió quince impactos de arma de fuego, en lo que evidentemente fue un ataque dirigido.

En mayo de 2025, autoridades federales desarticularon lo que describieron como el “Cártel del Huachicol”, una célula dedicada al contrabando de hidrocarburos que operaba en conjunto con “La Oficina”, un remanente del Cártel de los Beltrán Leyva que ha dominado la escena criminal sampetrina en materia de extorsión. El 13 de mayo, un operativo encubierto culminó con la detención de cuatro presuntos integrantes de esta red, frente al centro comercial Plaza Fiesta San Agustín, en el corazón de San Pedro.

Entre los arrestados figuraban Alejandro Alberto Cisneros Gutiérrez, alias “Comandante Toro”, identificado como líder de “La Oficina” tras la captura de su jefe anterior el 25 de abril, y Mario Ibarra Garza, señalado como gestor financiero del grupo, además de dos cómplices (Héctor Ramos y Rodrigo Andrés Sandoval). La investigación que condujo a estas capturas se habría iniciado a partir de la denuncia por extorsión que presentó Julio César Luna -el dueño de Tacos del Julio- semanas antes de ser ultimado. Los detenidos fueron liberados horas más tardes gracias a un amparo promovido ante un juez federal.

El caso de la “banda de los drones” en San Pedro no es aislado, sino que refleja una tendencia más amplia de sofisticación criminal en México. En la frontera con Estados Unidos, por ejemplo, las autoridades han encendido las alarmas ante el uso creciente de drones por parte de los cárteles para traficar drogas, vigilar a las fuerzas de seguridad e incluso planear ataques. Steven Willoughby, jefe del programa antidrones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, declaró ante el Senado norteamericano que los cárteles mexicanos utilizan drones prácticamente a diario para el trasiego de narcóticos y la “vigilancia hostil” contra agentes fronterizos.

Tan sólo en el último semestre de 2024, se detectaron más de 27,000 vuelos de drones a menos de 500 metros de la frontera sur de Estados Unidos, la mayoría operando de noche y a altitudes ilegales por encima de 120 metros. “Los drones han llevado a cabo ataques cinéticos con cargas explosivas… Desde agosto de 2024, las facciones en pugna del Cártel de Sinaloa se han atacado entre sí con dispositivos explosivos improvisados lanzados por drones, y es sólo cuestión de tiempo antes de que los estadounidenses o las fuerzas del orden sean blanco de ataques en la región fronteriza”, advirtió Willoughby en dicha comparecencia.

Sus palabras, lejos de ser hipotéticas, describen una realidad palpable: el año pasado circuló evidencia de drones del narco lanzando bombas artesanales contra campamentos del CJNG en el oeste de México y, más recientemente, patrullas militares en regiones como Zacatecas y Michoacán han sido atacadas con explosivos transportados por drones. La amenaza escaló a tal punto que funcionarios del FBI señalaron al Senado de Estados Unidos que trabajan ya con el gobierno mexicano para entrenar a policías y soldados en tácticas antidron, anticipando que pronto tendrán que enfrentar esos mismos métodos en suelo estadounidense.

En el noreste de México, la innovación criminal también ha tomado altura. Según Gloria Chávez, jefa de la Patrulla Fronteriza en el sector Valle del Río Grande (Texas), los drones del narco “están haciendo vigilancia” constante de las operaciones de sus agentes, representando “un peligro muy serio” para la seguridad en la frontera. Aunque Chávez evitó mencionar cárteles por nombre, el mapeo de la delincuencia, al cierre de 2024, indicaba que en la zona colindante con Tamaulipas operan principalmente el Cártel del Noreste (heredero de Los Zetas) y facciones del Cártel del Golfo.

El análisis coincide con el reporte que circuló este miércoles sobre una presunta advertencia del Centro Nacional de Inteligencia, a su contraparte de Ucrania, sobre la incorporación de miembros de los cárteles a la Legión Extranjera Ucraniana para recibir entrenamiento sobre la operación de drones militares.

La presencia de drones clandestinos en San Pedro Garza García es un síntoma más de cómo el municipio más rico de América Latina se ha vuelto un paraíso para los operadores financieros de los cárteles. En un amplio reporte sobre la industria internacional del huachicol fiscal, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) señaló a Monterrey como “un territorio de los cárteles”. Tan sólo en la zona de Valle Oriente y Valle del Campestre están registradas, por lo menos, diez empresas de alto perfil identificadas como jugadores significativos del negocio de contrabando de combustible en México. Además, una fuente de inteligencia aseguró a Código Magenta que dos de los principales lugartenientes del tráfico de cocaína del Cártel de los Beltrán Leyva, que operaban en Acapulco hace dos décadas, hoy despachan desde San Pedro Garza García. Todo esto genera un ecosistema propicio para el florecimiento de actividades ilegales como “la banda de los drones”. Nuevos elementos están llenando los espacios criminales que dejó el cártel conocido como “La Oficina” con la extradición reciente de Norberto ‘N’, alias “El Socialitos”, y José Rodolfo ‘N’, alias “El Gato”. Este fue el grupo dominante desde la segunda administración municipal de Mauricio Fernández Garza.

La descomposición está llegando a nuevos y peligrosos niveles en San Pedro Garza García. El municipio gobernado por Mauricio Fernández Garza podría explotar muy pronto.