¿Abrirá la Corte otro expediente en el T-MEC?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación podría poner sobre la mesa un nuevo y muy peligroso litigio frente al Tratado México, Estados Unidos y Canadá, mejor conocido como T-MEC.

Para su sesión de mañana martes está enlistada una muy relevante ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán con la que se pretende salvaguardar el delicado tema de la Ley de Propiedad Intelectual.

El tema debate es la constitucionalidad del Artículo 151, en su fracción primera, que establece los criterios de nulidad de una marca.

Esos criterios se fueron haciendo controversiales con las modificaciones a la Ley en 1991, y sobre todo 1994, en los que no se limitan los supuestos de nulidad en las primeras 15 fracciones del Artículo 90. Cualquiera puede arrebatar o despojar marcas por falta de criterios claros.

Y lo que se pretende es volver a recuperar el carácter constitucional que permite a los dueños originales de las marcas no caer en manos de oportunistas y chantajistas que los despojen de su propiedad intelectual.

Sin embargo, apareció una mano negra que -buscando la defensa de un particular- está presionando a algunos ministros de la Corte para que voten en sentido contrario a la ponencia del ministro Pérez Dayán.

Ese personaje, que usando el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador, es nada menos que Ricardo Peralta, quien fuera controvertido director de Aduanas en el arranque de la 4T, negociador en lo oscurito con las autodefensas de Tamaulipas y Michoacán, y operador en su paso por la Secretaría de Gobernación de permisos para casinos.

Su intromisión en esta delicada controversia es que Ricardo Peralta pretende defender los intereses de marca de un empresario que fuera su empleador hace años, cuando todavía no era político y lo contrató como su director jurídico de una empresa arrendadora de autos.

Sí, es la misma empresa que detenta la gran mayoría de los contratos de arrendamiento de unos 9 mil autos con la CFE y que de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación está en falta con el cumplimiento de los contratos 2021 y, a pesar de ello, la paraestatal que dirige Manuel Bartlett ya le volvió a dar los contratos de 2022.

Estamos, pues, frente a la posibilidad de que el interés no legítimo de un particular, cabildeado por un operador político de la 4T y que fue su director jurídico de un particular, ponga a México en la antesala de una controversia sobre la Propiedad Intelectual con Estados Unidos y Canadá, que se sumaría a los litigios que ya se iniciaron sobre el tema de las energías.

El tema se vuelve más espinoso porque sin haberse resuelto el caso en la Suprema Corte, ya existen dos marcas que se están litigando bajo las leyes cuestionadas y que involucran dos marcas de clase mundial.

Uno es el caso de la marca Starlink que reclama la corporación de Elon Musk a una empresa mexicana que viene empleando esa marca desde hace algunos años.

La otra es el caso de la marca Fórmula 1, que es propiedad de la empresa de aceites y lubricantes Bardahl y que está en litigio con los dueños de la justa de carreras de autos que lleva el mismo nombre.

El caso ya escaló hasta la Secretaría de Economía, en donde Tatiana Clouthier está tomando cartas en el espinoso asunto, que de fallarse en falso violentaría el Artículo Sexto de T-MEC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual y desataría una nueva disputa de alcance internacional.

Ya el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial -el IMPI- envió desde el 23 de noviembre pasado sus criterios para alertar a los ministros de los alcances de una votación contraria.

Y advierte que, en caso de declarar inconstitucional el precepto, se le privaría al IMPI de cumplir con la salvaguarda de las marcas de propiedad industrial, con todas las consecuencias para la economía nacional y los tratados internacionales.

Alguien en México, con una marca registrada previa a la de oyente internacional, podría ser despojado de su marca por presiones de grandes corporaciones. Y viceversa.

Empresas internacionales que vienen a México a invertir podrían encontrarse -si el fallo es el inadecuado- con que sus marcas peligran porque alguien más, en lo oscurito y con la sola referencia de que tiene años empleándola, podrían despojar a los extranjeros de sus derechos.

Por ahora, Ricardo Peralta presume y presiona a algunos ministros de la Corte para que fallen en favor de su cliente, bajo el argumento de que fue un aportador relevante en la campaña presidencial 2018. De ahí sus privilegios con contratos multimillonarios con la CFE y otras dependencias.

Pero en el extranjero, algunos servicios de inteligencia tienen interceptadas comprometedoras llamadas y comunicaciones entre esos personajes cuatroteístas y miembros de la Corte, que en caso de una controversia, saldrían a flote y dejarían en entredicho el Estado de Derecho en México.

¿Se impondrá en la Suprema Corte el criterio de quien en evidente conflicto de interés se siente todopoderoso para defender a su cliente, aunque en la aventura coloque a México en un nuevo y costoso conflicto internacional?

Vigilemos con lupa lo que suceda mañana martes con la votación final. Y así como en su tiempo, el fiscal Alejandro Gertz Manero presumió que ya tenía en la bolsa el voto de tres Ministros, para inclinar la balanza a su favor, la exhibición fue su derrota.

Este caso de la controversia de la Ley de Propiedad Industrial es todavía de mucho mayor impacto. ¿Se saldrán con la suya Ricardo Peralta y sus cómplices cuatroteístas? Veremos y diremos.