A rezar el Rosario

Rosario Robles se cansó de esperar. Y la ex secretaria de Desarrollo Social en el gabinete de Enrique Peña Nieto decidió colaborar con la Fiscalía General de la República para esclarecer la llamada “Estafa Maestra”.

Pecaron de ingenuos aquellos que pensaron que la ex jefa de gobierno del Distrito Federal y ex presidenta nacional del PRD guardaría silencio eterno y asumiría estoicamente una prolongada condena en el penal de Santa Martha Acatitla.

El giro inesperado en el proceso -que cumplirá el 13 de diciembre 16 meses sin sentencia- se dio al momento en que un juez le obsequió a la Fiscalía una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada.

Ese hecho se sumó a la noticia revelada hace unos días de que otro de los inculpados, Emilio Zebadúa, solicitó acogerse también al criterio de oportunidad, prometiendo información para lograr una posible reducción de su sentencia.

Con Robles y Zebadúa dispuestos a cooperar con la justicia, se da por hecho que al menos tres prominentes políticos serán colocados sobre la carpeta de las acusaciones: Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong.

Zebadúa, quien como Oficial Mayor de la Sedatu fue el presunto operador de esos desvíos, ya dejó en claro que la Estafa Maestra era un mecanismo “para proveer recursos permanentemente durante todo el sexenio para la promoción publicitaria político-electoral del presidente, su gobierno y su partido político”.

Las indagatorias establecen hasta ahora que de los 5 mil 73 millones de pesos presuntamente desviados -tanto por la Sedatu como por la Sedesol – unos dos mil millones fueron a parar a cuentas distintas a las que estaban etiquetadas.

En su mayoría eran universidades públicas que subcontrataban con el 60 por ciento de los recursos los trabajos que se les solicitaban. El otro 40 por ciento era retenido o devuelto para fines desconocidos.

La presunción es que de esos dos mil millones de pesos desviados, unos mil 200 millones fueron a parar a campañas electorales del PRI y los restantes 800 millones a cuentas que todavía están sujetas a investigación.

Zebadúa mismo estableció en sus declaraciones, que tan solo en las campañas para promocionar la fallida candidatura presidencial de Osorio Chong en 2018 y para la campaña que instaló en la gubernatura del Estado de México a Alfredo del Mazo Maza en 2017, se desviaron 702 millones de pesos.

Si la denuncia es probada con las declaraciones de Robles y Zebadúa, en la que presuntamente inculparían a Peña Nieto, Videgaray y Osorio Chong, se podría perfilar una denuncia por lavado de dinero y delincuencia organizada.

Sin dejar a un lado que al conocerse el detalle de los desvíos para las campañas tricolores, la Estafa Maestra se sumaría al caso de la constructora Odebrecht y Emilio Lozoya para tipificar el desvío de recursos de procedencia ilícita a las arcas del PRI.

Y una denuncia de esa magnitud sobre el financiamiento ilícito de campañas –con lavado de dinero y delincuencia organizada- obligaría a someter el caso al Instituto Nacional Electoral, así como a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. El PRI sería colocado en la frontera para debatir su registro como partido.

Por eso la trascendencia del anuncio de Rosario Robles para acogerse al llamado criterio de oportunidad y cooperar para revelar quiénes la instruyeron para operar los desvíos y dar cuenta del destino final de esos dineros públicos.

No duden que ayer, apenas se conoció la inesperada noticia, más de uno de los prominentes inculpados iniciaron su proceso de expiación rezando el Rosario. Saben que más temprano que tarde les vendrá su penitencia.

Por lo pronto Robles ya decidió no pasar un día más en ese infierno. Prepárense para la Pastorela 2020.