Orden de aprehensión contra Rocha Cantú pone foco en lavado

¿Qué pasó?

• Un juez federal libró una nueva orden de aprehensión contra el empresario Raúl Rocha Cantú por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La investigación calcula movimientos por alrededor de 3 mil millones de pesos entre 2014 y 2025.

• La orden también alcanza a su hijo, Mauricio Jesús Rocha Botello, y a otros presuntos integrantes de una estructura que, según la investigación ministerial, habría utilizado seis empresas para movilizar recursos.

• Este expediente financiero se suma a investigaciones previas en las que Rocha Cantú ha sido señalado por la FGR por presuntos delitos relacionados con tráfico de armas y combustible ilícito.

¿Por qué importa?

• El expediente abre una ruta para reconstruir el origen, destino y beneficiarios de miles de millones de pesos que la Fiscalía considera vinculados con una organización criminal.

• También obliga a revisar las relaciones entre las compañías señaladas y el sector público: MCCI documentó que SEICSA, firma acusada por la FGR de formar parte de la trama vinculada a Rocha, recibió al menos 30 contratos de la propia Fiscalía por más de 300 millones de pesos.

• El caso adquiere una dimensión política porque la trayectoria empresarial de Rocha está estrechamente ligada al negocio regulado de casinos, un sector cuya operación depende de autorizaciones de la Secretaría de Gobernación.

Los detalles:

• Código Magenta documentó en agosto, con base en testimonios de ex funcionarios, empresarios del sector y personas cercanas al empresario, la existencia de una presunta red de influencia de Rocha en la Dirección General de Juegos y Sorteos durante el gobierno de López Obrador.

• La investigación de Código Magenta ubicó esa etapa durante la gestión de Ricardo Peralta como subsecretario de Gobernación y de Luis Calvo Reyes al frente de Juegos y Sorteos.

• Los vínculos de Rocha con el negocio regulado por Gobernación son anteriores a la 4T: desde 2007 reconoció una asociación con Atracciones y Emociones Vallarta para utilizar un permiso federal en establecimientos donde él aportaba inmuebles e inversión.

• MCCI ha identificado, además, empresas relacionadas mediante socios, representantes o domicilios con la presunta red de Rocha que recibieron contratos públicos durante gobiernos recientes.

• Por ello, la nueva orden por lavado permite distinguir dos asuntos que hasta ahora han corrido en paralelo: las acusaciones penales de la FGR y los señalamientos periodísticos sobre tráfico de influencias dentro del aparato regulador de casinos.

El contexto:

• Rocha Cantú estuvo vinculado desde hace más de una década al Casino Royale de Monterrey, donde 52 personas murieron en un ataque de ‘Los Zetas’ en agosto de 2011.

• Tras aquella tragedia ya existían cuestionamientos sobre permisos, operadores y mecanismos utilizados para explotar licencias federales de casinos.

• La investigación actual es significativamente más amplia: no se limita al negocio del juego y coloca bajo escrutinio sociedades relacionadas con seguridad privada, combustible y operaciones financieras.