¿El gobierno de Marina del Pilar lavó dinero al Cártel de Sinaloa?

¿Qué pasó?

• La Fiscalía General del Estado de Baja California otorgó entre 2022 y 2025 contratos por más de 200 millones de pesos a Inteliproof Efficient, empresa que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incorporó, el 29 de septiembre de 2026, a su lista de entidades sancionadas dentro de una operación contra redes vinculadas al Cártel de Sinaloa, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

• Los servicios contratados abarcaron desde mantenimiento de inmuebles, mobiliario y equipo de cómputo hasta uniformes, equipo táctico y tecnología de inteligencia, incluido un sistema de reconocimiento facial.

• La Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés) señaló que Inteliproof Efficient forma parte de la red empresarial de Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, a quien Estados Unidos sancionó por proporcionar apoyo material, financiero o tecnológico al Cártel de Sinaloa. El Tesoro sostuvo, además, que Moreno Gómez Santelices y Carlos Villela Gómez Santelices manejaban una red de empresas de seguridad, bienes raíces y entretenimiento utilizada para lavar dinero para el Cártel de Sinaloa y René Arzate García, “La Rana”.

• Una revisión de la Plataforma Nacional de Transparencia realizada por MCCI localizó 33 contratos por 73.2 millones de pesos, 19 de ellos adjudicados directamente. La cifra superior a 200 millones surge al incorporar otros contratos documentados previamente por el semanario Zeta y adquisiciones correspondientes a 2022, 2023, 2024 y 2025 que no aparecen de manera completa en la Plataforma Nacional de Transparencia.

• Las contrataciones abarcaron las gestiones de dos fiscales: Ricardo Iván Carpio Sánchez, quien encabezó la institución entre enero de 2022 y agosto de 2023, y María Elena Andrade Ramírez, titular de la Fiscalía desde agosto de 2023.

¿Por qué importa?

• Inteliproof no sólo vendió bienes de consumo a la Fiscalía: tuvo contratos relacionados con equipamiento policial y tecnología de inteligencia. Registros públicos documentados por El País muestran que la empresa suministró equipo táctico y software utilizado por la corporación. Parte de la información sobre las capacidades de esos sistemas fue clasificada como reservada por razones de seguridad.

• Algunos contratos fueron financiados con recursos federales destinados a seguridad pública. MCCI identificó, por ejemplo, una adquisición por 8.1 millones de pesos realizada en 2024 con dinero del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) para el suministro de uniformes tácticos.

Los detalles:

• La relación de Inteliproof con el sector público de Baja California no se limitó a la Fiscalía. MCCI documentó al menos siete contratos por 16.5 millones de pesos con el gobierno estatal entre 2022 y 2025, para suministros destinados, entre otras áreas, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Comisión Local de Búsqueda.

• La empresa también obtuvo contratos de los municipios de Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana. Sólo en Rosarito, MCCI identificó al menos cuatro contratos entre 2022 y 2025 por más de 12.8 millones de pesos.

• Moreno Gómez Santelices es socio fundador de Inteliproof Efficient. Carlos Villela Gómez Santelices figura como apoderado de la compañía y aparece como representante en contratos públicos; ambos fueron sancionados por OFAC en la operación del 29 de septiembre.

• Tras la acción estadounidense, la Unidad de Inteligencia Financiera incorporó a las 21 personas físicas y 25 personas morales designadas por OFAC a la Lista de Personas Bloqueadas. Hacienda aclaró que se trata de una medida administrativa preventiva.

• El gobierno de Baja California reconoció que localizó contratos con personas y empresas incluidas en el listado de OFAC y remitió los expedientes a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. La administración estatal sostuvo que, al momento de contratar, los proveedores no estaban inhabilitados ni sancionados y que no existía un impedimento legal identificado para formalizar esas operaciones.

El contexto:

• La sanción forma parte de una operación más amplia del Departamento del Tesoro contra 21 personas y 25 empresas que Estados Unidos identifica como integrantes o facilitadores de estructuras relacionadas con el Cártel de Sinaloa y la facción de “Los Mayos”.

• El Tesoro identifica a René Arzate García, “La Rana”, y Alfonso Arzate García, “Aquiles”, como responsables del control de la plaza de Tijuana para el Cártel de Sinaloa. Ambos habían sido sancionados previamente y fueron designados nuevamente en septiembre bajo facultades estadounidenses contra organizaciones terroristas.

• La misma acción de OFAC incluyó a Carlos Alberto Torres Torres, ex esposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, a quien el Tesoro estadounidense señaló como operador político vinculado al Cártel de Sinaloa. OFAC también sancionó a su hermano Luis Alfonso Torres Torres y a otros integrantes de una red que, según la autoridad estadounidense, facilitaba las operaciones criminales en Mexicali.

• Después de conocerse las sanciones, el gobierno de Baja California ordenó revisar los contratos identificados y estableció, como medida preventiva, que proveedores señalados por autoridades nacionales o extranjeras por presuntas actividades ilícitas no participen en licitaciones estatales mientras no aclaren su situación jurídica. La administración estatal subrayó que la Fiscalía cuenta con autonomía constitucional, presupuestal y administrativa para realizar sus propios procesos de contratación.