Los desvíos del Ejército

La Secretaría de la Defensa Nacional, pese a ser la institución con más respaldo entre la población mexicana, no se salva de la corrupción.

De acuerdo con una investigación realizada por el diario El País, entre 2013 y 2019 diversas instancias del Ejército mexicano pagaron 2.371 millones de pesos (unos 156 millones de dólares) a 250 compañías que posteriormente fueron declaradas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como fantasma.

Así es, esas empresas “factureras” contra las que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha emprendido una persecución legal sin precedentes en México.

Tras diversas solicitudes de información realizadas al Sistema de Administración Tributaria (SAT), el medio español obtuvo una base de datos proporcionada por la Administración General de Servicios al Contribuyente, la cual revela 11,175 comprobantes digitales que evidencian el desvío de recursos.

Las facturas amparan los bienes y servicios contratados por la Sedena en decenas de instalaciones castrenses como campos, cuarteles y guarniciones en diversas zonas del país, enumera el diario.

La Sedena también usó empresas fantasma en “trabajos de mejoras en carreteras o caminos rurales que conectan a sus cuarteles y en obras de mantenimiento o adecuación de sus bases aéreas, prisiones, juzgados, centros de justicia, unidades habitacionales, cafeterías, centros deportivos, estacionamientos, gimnasios, museos, centros de desarrollo infantil y en 15 hospitales militares”.

Los conceptos descritos en las miles de facturas van desde la adquisición de materiales de construcción como grava, arena y concreto hasta artículos de papelería y limpieza, detalla El País. También aparecen en los comprobantes las supuestas compras de uniformes, botas, chalinas, cortinas, chalecos de seguridad, sábanas, llantas, luminarias y losetas.

Cabe recalcar que todas las empresas involucradas en la adquisición de estos bienes y servicios están catalogadas por el SAT como empresas fantasma. Es decir, que en este caso no hay supuestos, al menos no según los parámetros de la autoridad hacendaria.

A pesar del multimillonario daño al erario que esto ha ocasionó, señala el diario, ningún titular de las direcciones que autorizaron las compras que ampararon las facturas falsas ha recibido sanción alguna.