31 denuncias penales contra los hermanos Villarreal

Ciento sesenta y nueve millones cuatrocientos veintiséis mil quinientos sesenta y seis de pesos. Eso es lo que le habría costado la corrupción al pueblo de San Miguel de Allende, Guanajuato, durante las últimas dos administraciones, la de Ricardo Villarreal (2015-2018) y la de Luis Alberto Villarreal (2018-2021). Sí, el segundo, ese mismo personaje que fuera exhibido el verano de 2014 como uno de los ‘diputables’ de la entonces oposición panista en el Congreso de la Unión.

Un reporte del gobierno actual de San Miguel de Allende, encabezado por el priista Mauricio Trejo,
arroja luz a tres prácticas irregulares presuntamente cometidas bajo la supervisión de los dos últimos presidentes municipales, los hermanos Villareal.

En materia inmobiliaria, la administración de Mauricio Trejo acusa que los gobiernos de los Villarreal en San Miguel de Allende, vendieron -de manera ilegal- bienes inmuebles propiedad del municipio, a un costo muy inferior.
También, señala que aceptaron en permuta, o en otras palabras, intercambiaron bienes inmuebles de valor muy inferior, entregando inmuebles de valor muy superior.

Y no solo eso, sino que las últimas dos administraciones panistas habrían aceptado en donación, áreas para fraccionamientos en lugares prohibidos por la ley o sin ninguna utilidad pública.
Según los estimados, solo la presunta corrupción en materia inmobiliaria habría tenido una afectación de más de 138 millones de pesos.

De acuerdo con la revisión de contratos de la nueva administración tricolor, el gobierno anterior de San Miguel de Allende desembolsó unos 15 millones de pesos en la compra de un sistema tecnológico de seguridad, algo violatorio del artículo 124 de la ley del sistema estatal de seguridad pública. Y, por si eso no fuera suficiente, Trejo acusa a Luis Alberto Villarreal -directamente- de haber pedido 16 millones de pesos para la supuesta compra de vacunas… algo que, asegura el edil, no sucedió.

Todos estos señalamientos ya se tradujeron en 31 denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Materia de Anticorrupción, contra las dos administraciones pasadas. Los daños patrimoniales al erario Sanmiguelense alcanzarían un valor de 169 millones 426 mil pesos, aseguran los demandantes.

El escándalo no solo arroja luz a los antiguos gobiernos de Luis Alberto y Ricardo Villarreal en el popular destino turístico del Bajío mexicano.

Sino que también pone en entredicho la integridad de uno de los asesores políticos más cercanos a la gobernadora electa de Aguascalientes: la panista Tere Jiménez.

Por lo pronto, habrá que esperar el desenlace de las investigaciones en la Fiscalía estatal anticorrupción. Luego, si llegara a esas instancias, habrá que ver qué castigo creen meritorio los jueces imponer a Luis Alberto Villarreal y su hermano Ricardo. Sea lo que sea, lo cierto es que lo bailando nadie se los quita.