¿Y quién vigila a Irma Eréndira?

¿Qué pasó?

Incongruencia con la aplicación de la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, así calificó la Auditoría Superior de la Federación la actitud de la Secretaría de la Función Pública, luego que opusiera resistencia en el proceso de fiscalización, referente a la revisión de la Cuenta Pública 2019.

¿Por qué importa?

La oficina está a cargo de Irma Eréndira Sandoval, una de las figuras más influyentes del gobierno de la Cuarta Transformación y quien cumple su primer año al frente de la SFP. A través de una carta informativa, negó las acusaciones de la ASF, al argumentar que “siempre hubo total disposición de colaborar en apego a las mejores prácticas de auditoría”.

El contexto:

El máximo órgano fiscalizador del Estado, a cargo de David Colmenares Páramo, presentó el fin de semana a la Cámara de Diputados la tercera entrega de informes individuales sobre la revisión de la Cuenta Pública 2019.

Los detalles:

• En dicho reporte, dio cuentas de que la dependencia a cargo de Irma Eréndira Sandoval presentó irregularidades y deficiencias en la contratación e investigación de funcionarios, además de que no se les permitió el acceso a las instalaciones ni a los archivos durante el proceso.

• “La Secretaría de la Función Pública mostró resistencias al proceso de fiscalización, al no permitir el acceso al equipo auditor a sus instalaciones y archivos, y sus servidores públicos se negaron a comparecer ante la Auditoría Superior de la Federación”.

• Del mismo modo, la ASF reportó que la estructura encargada de erradicar la corrupción en la administración pública federal tampoco colaboró en revelar un expediente con “presuntas anomalías e incongruencias” acerca del estado patrimonial de un “líder sindical”, con el argumento de no contar “con dicha información”. Tampoco permitió entrevistas complementarias bajo la premisa de la suspensión de labores por la pandemia.

• Entre los señalamientos del órgano fiscalizador contra la SFP destaca el hecho de que cometió irregularidades y deficiencias en la contratación de seis funcionarios para ocupar altos cargos públicos, tras señalar que no contaban con los años de experiencia necesarios para cubrir el perfil.

• Además, acusó que durante todo el 2019, la Función Pública sólo llevó a cabo 92 investigaciones de evolución patrimonial, cifra que contrasta notoriamente con las 575 mil 834 declaraciones presentadas por los funcionarios ese mismo año.

• Por si fuera poco, la Auditoría Superior de la Federación criticó el informe de fiscalización de la Función Pública, presentado por Irma Eréndira Sandoval en febrero del año pasado al considerar que el concepto de fiscalización utilizado “no se encuentra debidamente fundamentado en el marco constitucional, ni emitido de acuerdo a las previsiones operativas del Sistema Nacional Anticorrupción y del propio Sistema Nacional de Fiscalización”.

• Al respecto y a través de un comunicado, la funcionaria aseguró que todos los requerimientos de la Auditoría fueron atendidos “en tiempo y forma” y que se pusieron a su disposición más de 30 mil expedientes, además de que nunca recibieron ninguna solicitud adicional.

• “No existe ningún oficio de respuesta que consigne negativa alguna de entrega de información. Tampoco existe prueba de algún rechazo de atención al equipo auditor. Por el contrario, siempre hubo total disposición de colaborar en apego a las mejores prácticas de auditoría”, refirió Sandoval Ballesteros en el escrito.