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15 de julio 2025

12 de agosto 2022

Política

Washington y el decreto militarista de López Obrador

El gobierno de Estados Unidos ha sido un crítico permanente de la militarización del Estado mexicano. Recientemente, el Congreso ordenó detener todo financiamiento que pudiera ahondar el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública

Por Redacción Magenta

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¿Qué pasó?

Si el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en entregarle al Ejército el control total de la Guardia Nacional como parte de su decreto militarista, el gobierno de Estados Unidos ya no podrá financiar sus proyectos policiales.

¿Por qué importa?

  • Seguridad Sin Guerra advirtió esta semana que, con la militarización de la seguridad pública en México, López Obrador ha entregado atribuciones y poderes a las Fuerzas Armadas que “ni Calderón o Peña se atrevieron”.
  • A través de un comunicado, el colectivo hizo énfasis en las consecuencias constitucionales de la decisión unilateral del presidente de integrar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

El contexto:

  • El pasado lunes, el presidente López Obrador informó que enviará un acuerdo esta semana para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) quede a cargo de la Guardia Nacional (GN).
  • Dicha propuesta es contraria al planteamiento legal con el que fue aprobada la ley de la Guardia Nacional en 2019, que considera a esta corporación como de carácter civil. Es decir, una nueva policía federal.

Los detalles:

  • El gobierno de Estados Unidos ha sido un crítico permanente de la militarización del Estado mexicano. Recientemente, el Congreso ordenó detener todo financiamiento que pudiera ahondar el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
  • En marzo pasado, el Congreso estadounidense anunció que destinaría más de 158 millones de dólares en transferencias para programas de seguridad y justicia en México como parte de la Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2022.
  • Sin embargo, por primera ocasión, la administración de Joe Biden condicionó el dinero a que ningún recurso sea utilizado para profundizar la militarización de la seguridad pública, lo que podría complicar las labores de cooperación con la Guardia Nacional.
  • “Ninguno de los fondos asignados por esta iniciativa y puestos a disposición para ayuda a México se utilizará para apoyar la participación militar en la aplicación de la ley en México”, se lee en el texto de la Ley promulgada por Biden el martes 15 de marzo, meses después de una dura negociación entre las dos Cámaras del Capitolio.
  • Y es que de acuerdo con José Díaz Briseño, corresponsal de Reforma en Washington, desde que López Obrador disolvió la Policía Federal para crear la Guardia Nacional en 2019, ha sido muy difícil precisar cuánto financiamiento estadounidense se ha dirigido a esta última organización de carácter civil.
  • “Algunos miembros de la Guardia Nacional han participado en eventos de capacitación financiados por la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés), y la Guardia Nacional asumió el control del equipo previamente donado a la Policía Federal Mexicana.
  • “Si la Guardia Nacional solicita una asistencia más integral, el Departamento evaluará la oportunidad de brindar asistencia, de acuerdo con las autoridades de financiación, los objetivos estratégicos y los requisitos de investigación de antecedentes de Leahy”, refirió al Congreso -en noviembre pasado- el subsecretario de Estado Antinarcóticos de Estados Unidos, Todd D. Robinson, respecto a la asignación de fondos a la Guardia Nacional para actividades policiales y de control de drogas.
  • La directora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) en México, Stephanie Brewer, dijo en entrevista reciente que la única forma de que la Guardia Nacional reciba dichos apoyos del gobierno de Biden es preservar el carácter civil con el que fue concebida.
  • “El lenguaje del Congreso (plasmado en la Ley) sugiere que las posibles vías de apoyo, si así se acordara con el gobierno mexicano, podrían ser en todo caso para apoyar que la Guardia Nacional se transformara en una institución verdaderamente policial.
  • “Si, por el contrario, la Guardia Nacional sigue siendo una institución primordialmente militar, y sobre todo si se incorpora formalmente a la Sedena… el Departamento de Estado prácticamente no tendría manera de apoyar a la Guardia Nacional sin avalar la militarización de las tareas policiales”, indicó.
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